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Aquello que no se mide no puede ser atendido como corresponde. Este principio de las políticas públicas nunca ha sido más cierto que en el tema de la discapacidad. Desde el año 2006 no se realiza en Panamá una encuesta nacional que determine el número de personas afectadas por las distintas discapacidades y que registre todos los parámetros necesarios para responder a sus necesidades. En la única encuesta hecha hasta la fecha se identificó a más de 370 mil personas con algún tipo de discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad afirma que el costo de $2.5 millones para efectuar esta encuesta excede lo que la entidad puede asumir y, por lo tanto, la tarea le quedará al próximo gobierno. Por la falta del dinero equivalente a lo que nos cuesta un Carnaval capitalino o un desfile de Navidad, Panamá se queda sin atender como corresponde a uno de los segmentos más vulnerables de la población. ¿Acaso no son equivocadas las prioridades de nuestros gobernantes?