hoyporhoy

La justicia de paz es uno de los cambios propuestos por el Pacto de Estado por la Justicia. Era la promesa de una nueva forma de resolver los conflictos vecinales y armonizar la convivencia comunitaria. Hasta el momento, su implementación ha sido una pesadilla. De 181 jueces de paz que deberían estar en funcionamiento en el Primer Distrito Judicial, solo hay 23 en la actualidad. Es decir, que las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, junto a tres comarcas indígenas, se encuentran en su gran mayoría sin corregidores ni jueces de paz, operando la justicia administrativa con jueces interinos. Salvo el Municipio de Panamá, los demás no han cumplido con las designaciones alegando supuesta falta de fondos, mientras los millones de la descentralización todavía siguen sin utilizarse completamente. En realidad, no existe la voluntad política para cambiar la forma de gestionar las desavenencias y controversias más elementales de esta sociedad. Aquí los municipios han copiado al pie de la letra el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a implementar la carrera judicial, porque le quitaría poder. Ese es el mismo criterio que motiva a los municipios.