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Ayer se aprobó en primer debate, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, una reforma al Código Procesal Penal que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Este es un primer paso que envía el mensaje correcto. Los juristas del país y los diputados de la Asamblea Nacional conocen perfectamente las otras lagunas legales que deben ser cerradas para combatir la impunidad de la gran corrupción. Por sí sola, la imprescriptibilidad no podrá conseguir este propósito si no se dota a fiscales y jueces de los recursos y herramientas jurídicas para cumplir sus respectivas tareas. Además, es imperativo que las delaciones premiadas y los acuerdos de pena no sean recompensas para los tramposos y los influyentes. Es claro que mientras exista opacidad en las contrataciones públicas, desde pliegos amañados, hasta la discrecionalidad de los funcionarios, la corrupción será un mal latente. Ojalá que el proyecto de ley 514 no se convierta en letra muerta, ante un Ministerio Público rebasado por las circunstancias, y un Órgano Judicial rehén de agendas distintas a la justicia.