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Ayer la lucha contra la corrupción ganó una batalla. El Ministerio Público expuso nombres y cifras relacionados con la investigación conocida como Blue Apple, en referencia a una de varias sociedades utilizadas por altos cargos públicos para cobrar coimas a contratistas del Estado, a cambio de la aprobación o agilización de pagos. Las revelaciones salpicaron a dos ministros ya imputados por casos de corrupción, pusieron en evidencia a siete empresas y alertaron sobre la posible complicidad de la Unidad de Análisis Financiero. En contraste, dejaron bien parados a tres bancos de la plaza que en su momento hicieron las denuncias correspondientes. Adicionalmente, la procuradora Kenia Porcell anunció que propondrá una ley para quitar el velo de reserva a los delitos contra la administración pública. Es de esperar que la iniciativa, que traería transparencia a las investigaciones, fomentaría la colaboración por parte de los ciudadanos y garantizaría la sanción social a los corruptos, reciba un apoyo decidido de los partidos. Es una oportunidad servida para que los políticos le hablen al país con hechos, frente a una contienda electoral en la que el discurso valdrá de poco o nada.