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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosPanamá es un país en pleno crecimiento demográfico, su población envejece, y los retos sanitarios aumentan. Esto debería ser razón suficiente para que los gobiernos hubiesen tomado conciencia de la necesidad de formar más médicos y otros especialistas de la salud para atender las mayores necesidades de toda la sociedad. Mientras se construyen y se licitan nuevos complejos hospitalarios, faltan profesionales de la medicina suficientes para ofrecer los servicios de salud que requieren esas nuevas instalaciones. Todos estos desafíos reclaman que el principal centro de formación profesional para los médicos del país, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, esté en las condiciones más adecuadas para este gran desafío. La realidad es otra. Las instalaciones actuales están obsoletas, carecen de equipamientos modernos y la población estudiantil se encuentra hacinada. Es urgente para el mejoramiento de la salud de los panameños contar con una Facultad de Medicina para el siglo XXI. Los retrasos imperdonables del gobierno saliente en esta tarea deben ser subsanados por la nueva administración. Es inaceptable que la educación de los médicos se encuentre en estado crítico.

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Hace 7 añosEl Parque Internacional La Amistad es un área protegida de más de 200 mil hectáreas dentro de Panamá, que colindan con su contraparte en Costa Rica, con una superficie similar, conformando un parque binacional extraordinario en los trópicos del mundo. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1983, y desde entonces ha advertido de los peligros representados por situaciones diversas, desde la deforestación hasta las hidroeléctricas. Es precisamente este último elemento el que Unesco considera que más amenaza la viabilidad y la integridad del PILA. ¿Por qué construir una nueva hidroeléctrica? La errática política energética panameña mantiene en pie la idea de hacer Changuinola II, otra hidroeléctrica que parece redundante en el actual esquema energético del país. Aunque no fuera así, ese proyecto amenaza con destruir irremediablemente parte de un patrimonio único en el mundo. Eso es lo que la Unesco quiere recordar a los panameños: nos hemos convertido en la principal amenaza de nuestro propio patrimonio y, por ende, de nuestro futuro. Ese es el gran desafío que debe resolver nuestra sociedad.

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Hace 7 añosA pesar de las lluvias recientes, en el registro que lleva la autoridad del Canal de Panamá, el semestre comprendido entre diciembre del año 2018 y mayo de 2019 ha sido el más seco de su historia. De repente, los panameños nos vemos enfrentados a dos realidades ambientales: el cambio climático y la escasez de agua. Estos fenómenos no han sido una sorpresa, ya que por décadas los científicos y los ambientalistas venían advirtiendo sobre estas amenazas. Es tiempo de entender que el agua necesita de bosques y de una mayor conservación del vital recurso. No se puede ser irresponsable frente a la realidad ambiental que vive el país. De nada servirá tener un Canal ampliado, si se sigue reduciendo el calado de los barcos que pueden transitarlo. Este es el momento para que el Gobierno, la empresa privada, y la sociedad civil asuman la tarea de salvar los ecosistemas que nos quedan, y restaurar los que hemos dañado. El modelo político y económico de Panamá produce inequidad y pérdida ambiental que nos afecta a todos. Si no cambiamos, con un Canal sin agua, no será la única pesadilla que tendremos que enfrentar.

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Hace 7 añosLa Contraloría General de la República denunció a diputados de la Asamblea Nacional por los manejos irregulares de fondos públicos. Esta nueva serie de acciones legales vuelve a caer en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido incapaz de tramitar todos los expedientes anteriores contra los diputados e, incluso, persiste en mantener los expedientes de los casos de Ricardo Martinelli que debieron ser remitidos al Ministerio Público en diciembre del año pasado, cuando la Corte declinó su competencia sobre el expresidente de la República. Mientras los magistrados de la Corte viajan por el mundo, incrementando la mora judicial, y evitando cualquier confrontación con el poder legislativo, miles de panameños esperan en las cárceles que se les asigne una fecha para sus respectivos juicios. La Corte le ha dado la espalda al clamor popular de justicia. Con ese historial, los magistrados de ese tribunal carecen de moral para exigir que la propuesta de reformas constitucionales no cercene el reinado de terror y de impunidad patrocinado desde el Palacio Gil Ponce. Si quisiera, la Corte tiene la solución a sus problemas. Es un asunto de voluntad.

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Hace 7 añosLa política nacional de energía está distorsionada por conflictos de interés e incapacidad administrativa. Desde que el sistema nacional de generación, transmisión y distribución eléctrica fue privatizado hace más de dos décadas, las expectativas de los consumidores eran que la energía sería más barata, confiable y segura. La realidad hoy son las constantes interrupciones de servicios. Este es el resultado de una crónica falta de inversión y de un inadecuado mantenimiento por parte de las empresas distribuidoras de electricidad. En 2013 se renovaron los contratos de las concesionarias, sin que exista constancia de que la ASEP haya verificado si habían cumplido con todo lo pactado. La interrupción del servicio eléctrico y la falta de una mayor incorporación de comunidades rurales e indígenas al sistema es una causa directa de la pobreza y la pérdida de competitividad del país. Las regulaciones bizantinas en materia de protección a los usuarios y la frágil institucionalidad frente a las empresas distribuidoras mantienen al país en las tinieblas.

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Hace 7 añosEn un Estado de derecho, la justicia se debe aplicar igual para todos los ciudadanos. La realidad de las cárceles panameñas contrasta con este principio. En los recintos penitenciarios del país hay 7 mil 537 detenidos provisionalmente. De esta cantidad, el 86% tiene más de un año tras las rejas. El principio de que la detención provisional debía durar un año, salvo en casos excepcionales, no se le ha aplicado a estos privados de libertad. Panamá tiene que tomar una decisión fundamental sobre la justicia penal. La falta crónica de recursos económicos no puede ser la causa de que seres humanos no tengan un juicio, que tengan acceso a defensores conocedores del sistema (y de sus tecnicismos) o que los fiscales estén desbordados de trabajo. Precisamente, el caso de Ricardo Martinelli podría demostrar lo que el cumplimiento taxativo del límite de un año de detención provisional implicaría. Es prioritario que el Estado invierta en todos aquellos mecanismos como brazaletes y sistemas de localización personal, que faciliten la excarcelación y el monitoreo de todos los detenidos que tienen derecho a un cambio de medida cautelar. La justicia es un servicio público que funciona bien cuando tiene los ingresos que necesita, y cuando su recurso humano está comprometido.

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Hace 7 añosEl diseño de la gobernanza del Parque Nacional Coiba representó un modelo de colaboración pública y privada que aspiraba a alejar los peligros de la politiquería del manejo de esta área protegida. En lugar del fortalecimiento institucional de este esquema, el Ministerio de Ambiente del gobierno saliente emprendió tácticas para silenciar a la sociedad civil y para distribuir los fondos propios del Parque Nacional entre los alcaldes de los municipios vecinos. La acción diligente por parte de grupos ambientalistas que acudieron a la Corte Suprema de Justicia obtuvo una decisión favorable que ordena a MiAmbiente a dejar intactos dichos fondos. Sin embargo, en otro fallo, la Corte autoriza a seguir con el nefasto proyecto del aeropuerto para fines turísticos, y supuestamente de seguridad. Esta decisión judicial requiere de una reacción contundente por parte de la ciudadanía: Coiba no tiene capacidad para recibir turismo masivo. El riesgo que esto conlleva para la flora excepcional y la fauna única en el mundo que están presentes en la isla nos debe avergonzar. La Unesco ya anunció que el próximo año Coiba podría entrar en la lista de patrimonios en peligro, lo que equivaldría a una nota discordante en la imagen y en la marca país que Panamá está tratando de promover. El único desarrollo posible es aquel en armonía con la naturaleza: defendamos la isla de Coiba, la isla Boná y todo nuestro patrimonio natural.

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Hace 7 años

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Hace 7 añosEl expresidente de la República Ricardo Martinelli está en su casa. Esa fue la decisión tomada por el tribunal de juicio que lleva adelante su juzgamiento. Esta decisión fue tomada a pesar de que hay una máquina pinchadora perdida, archivos enteros de las víctimas con paradero desconocido, y las causas que justificaron la detención provisional permanecen. El riesgo de que se sustraiga del proceso o que los testigos o peritos participantes se vean presionados son posibilidades reales. Por eso los jueces federales que vieron su caso en Estados Unidos no le otorgaron fianza ni otra medida cautelar. Las razones que llevaron a que el proceso tardara un año sin que se haya dado una decisión judicial de inocencia o culpabilidad son atribuibles a la estrategia de defensa escogida por el propio acusado. Sus abogados interpusieron decenas de recursos, algunos repetitivos y por lo tanto dilatorios, todos con el mismo propósito. El caso no ha terminado. Se deben continuar practicando las pruebas del Ministerio Público, las de la defensa y finalmente los alegatos, para que los tres magistrados decidan en derecho lo que corresponda. Los panameños debemos vigilar que esto se cumpla.

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Hace 7 añosSe inicia el proceso para la selección del nuevo director general de la Caja de Seguro Social. El mecanismo descrito en la ley obliga a que la junta directiva de la CSS evalúe a los aspirantes y remita una terna, para que el Órgano Ejecutivo seleccione a quien considere más apropiado, y sea sometido a la ratificación de la Asamblea Nacional. Este año, la junta directiva debe aplicar los mejores criterios posibles para seleccionar a los hombres o mujeres más capaces. Aquí no puede haber politiquería, lealtades gremiales o intereses clientelistas. La CSS enfrenta una crisis en sus servicios de salud y se aproxima a un precipicio financiero en su programa de pensiones. Todas las partes deben ser responsables y actuar con la mayor conciencia de que este es quizás el momento más crítico en la historia de la CSS. El nuevo presidente de la República tiene la obligación de demostrar su buen gobierno al momento de escoger al hombre o mujer que los dictámenes de su conciencia le señalen como la persona más apta para el cargo. La salud y la solidaridad económica de los panameños dependen de decisiones responsables.

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