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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa Dirección General de Carrera Administrativa suspendió los concursos para aquellos cargos de carrera que estuvieran vacantes. Esto implica que se nombrará de forma interina al personal que se requiera. Este es el capítulo más reciente de la triste saga de la carrera administrativa convertida en ley hace 25 años. Desde entonces, cada gobierno desvincula a los colaboradores que la anterior administración ingresó a la carrera. Luego de decenas de miles de despidos y nombramientos, el gobierno saliente corre a incorporar a sus funcionarios a la misma. Si la carrera administrativa, la judicial y la diplomática funcionaran, el gobierno sería más eficiente. Existen naciones en las cuales hasta los ministros de Estado son funcionarios de carrera y por eso están entre los países altamente competitivos y desarrollados del mundo. En cambio, en Panamá, los partidos políticos no quieren implementarla, porque perderían poder, y los gremios la rechazan porque buscan negociar espacios. Además, gran parte de la ciudadanía, víctima del clientelismo, no aspira a tener a los más capaces en el gobierno, sino que prefiere tener a algún compadre. ¡Qué tragedia tan grande!

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Hace 7 añosCon el cambio de gobierno se activa una obligación generalizada para los altos funcionarios de la administración saliente y de la entrante: la entrega de la declaración patrimonial jurada. Por mandato constitucional desarrollado por la Ley 59 de 1999, estos funcionarios deben entregar a la Contraloría General de la República, una declaración notariada en la que identifiquen todo su patrimonio. A pesar de que el procurador de la Administración afirmó, en 2015, que este documento debía ser de acceso público, la opacidad continúa. Además no existe una auditoría automática de los bienes declarados, y hay numerosos funcionarios, con importantes responsabilidades, que no están obligados a presentar este documento. La administración Cortizo tiene la oportunidad de hacer un gesto de transparencia publicando todas las declaraciones patrimoniales de su gobierno. Es hora de que esta declaración sea la herramienta preventiva que necesitamos contra la corrupción y los conflictos de intereses. Este desafío bien puede ser el primer paso para que el buen gobierno demuestre su voluntad y compromiso con la transparencia.

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Hace 7 añosDentro de la realidad del balance de fuerzas en la Asamblea Nacional, una diputada reconoce que las planillas deben existir, porque de esta forma se le puede ofrecer, a quienes trabajaron en la campaña o pertenecen a la comunidad, un puesto de trabajo. Ante la audiencia mañanera de la televisión, la novel parlamentaria asumió con total normalidad la prerrogativa de que con su curul tiene la potestad de hacer las designaciones. Con total naturalidad, el servicio público es considerado una regalía del poder. Estas declaraciones sobre las intenciones de la diputada indígena que se suponía representaba una voz distinta en la Asamblea Nacional, nos dejan claro a todos los ciudadanos cómo funciona el verdadero juego que practica la mayoría de los políticos panameños. No es que fueron sobornados con el ofrecimiento de planillas, ni los nombramientos fueron el resultado de una extorsión legislativa al poder ejecutivo; por el contrario, las planillas son, en la cosmovisión de los miembros de los partidos dominantes, un derecho natural, seguramente, al igual que la impunidad que les concede la Corte Suprema de Justicia, y que deben ser entendidos como una parte intrínseca de ser diputados. Esto tiene que cambiar.

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Hace 7 añosEste fin de semana, un comité de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió 22 sitios culturales en su Lista del Patrimonio Mundial y de paso desestimó -por lo pronto- incluir la Ruta Colonial Transístmica de Panamá en ese registro de lugares considerados de “valor universal excepcional”. Panamá, uno de los 190 países que han ratificado la Convención de Patrimonio Mundial, tiene cinco sitios culturales y naturales en esa lista de más de mil que existen en todo el planeta. Pero estar ahí no es solo un asunto de imagen o de atractivo turístico, se requiere de una serie de compromisos para la conservación de la naturaleza y la preservación de los sitios culturales. Eso significa, no solo un marco institucional sólido que se respete gobierno tras gobierno, sino también de políticas públicas que garanticen la dotación de los recursos necesarios para proteger y conservarlos. De la misma forma son necesarias campañas permanentes para que la ciudadanía esté consciente de que se trata de una responsabilidad compartida. Al fin y al cabo, Panamá somos todos.

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Hace 7 añosLa ampliación de la vía Omar Torrijos se ha convertido en un ícono de la devastación predatoria y la negligencia gubernamental. Su impacto adverso sobre 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces generó fundados cuestionamientos que llevaron a organizaciones ambientales, residentes del área y al Municipio de Panamá a presentar una denuncia penal sin precedentes contra el MOP y Miambiente. En su prisa por echar a andar este proyecto, las autoridades no tuvieron en cuenta diseños que pudieran evitar o reducir afectaciones; tampoco se examinaron alternativas que no fueran invasivas para evitar perjuicios al área protegida. Como si fuera poco, cuando la obra tenía 10% de avance y se había arrasado el bosque, el MOP sacó de su chistera un truco insólito, al iniciar trámites para rescindir el contrato suscrito con el consorcio a cargo del proyecto, con base en una serie de incumplimientos. Desde entonces, las obras están paralizadas sin que nadie del gobierno saliente diera explicaciones coherentes sobre su futuro inmediato. El presente impasse ofrece una oportunidad para que las nuevas autoridades investiguen las irregularidades que han distinguido este proyecto, consideren medidas congruentes de mitigación -si es que cabe alguna a estas alturas- y sancionen en forma ejemplar a aquellos que exhibieron semejante despliegue de irresponsabilidad, faltando, a la vez, a sus deberes como servidores públicos.

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Hace 7 añosPor siglos, las distintas civilizaciones han intentado dominar los mercados, usando el control de precios como una herramienta para asegurar que su población tuviera acceso a productos de consumo a un costo razonable. Aunque la medida puede tener efectos positivos a corto plazo, las distorsiones que produce en la economía son severas. Por una parte, los actores económicos son sofisticados y pueden transferir la ganancia perdida al precio de otro producto, tan o más necesario como el que fue regulado. Por cierto, hay que contemplar otros efectos, como la escasez y la disminución de calidad en los productos. La decisión de liberar los precios de algunos productos, es valiente y necesaria. Seguramente habrá especuladores que aprovechen la oportunidad para aumentar los precios, sin darse cuenta de que harán más difícil justificar que se termine completamente con el control de precios. El Gobierno tiene otras herramientas en el arsenal económico para abaratar costos y precios al consumidor. Por ejemplo, una revisión de las reglas del mercado eléctrico pudiera abaratar los costos de todos sin necesidad de subsidios. Quizás el aumento de la producción nacional y la creación de mercados periféricos contribuyan a mejorar los ingresos y la alimentación de la ciudadanía. El reto es difícil, y la lección es clara: no hay atajos en los mercados.

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Hace 7 añosEl informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela es contundente. La autora del documento es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, una líder de izquierda reconocida por sus simpatías con el régimen chavista. El informe desenmascara el genocidio que ocurre en Venezuela y revela que “el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado programas sociales de manera discriminatoria, por motivos políticos, como herramienta para el control social...”. Es tan indiscutible e irrebatible la evidencia de los asesinatos extrajudiciales y los ultrajes sufridos por los venezolanos, que el lenguaje neutral de la diplomacia no es capaz de ocultar ni de presentar con paños tibios el tamaño de la masacre. Hoy debería ser un día festivo para los venezolanos, por cumplirse otro aniversario más de su independencia; sin embargo, como registra el informe de Bachelet, no hay causa para celebrar. Los 4 millones de venezolanos exiliados por el hambre y la violencia son la prueba de que la dictadura de Nicolás Maduro no se detendrá ante nada. Ahora más que nunca hay que exigir y luchar por una Venezuela libre.

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Hace 7 añosLas promesas de transparencia de la nueva administración, son un viento de esperanza dentro de un panorama político cargado de incertidumbres. Aunque el compromiso manifestado por el primer mandatario de la República, sobre el respeto de los periodos de designación de los procuradores es un gesto de institucionalidad, las tentaciones y exigencias de reconocidos miembros de su partido político, y otras voces agoreras, provocan cierto estupor. El nuevo poder Ejecutivo debe reconocer que la transparencia y el acceso a la información no son únicamente una conferencia de prensa oficial, sino una política de información pública que haga permanente el acceso de los ciudadanos a todas las fuentes estatales. La transparencia se garantiza con el control de los conflictos de intereses y el cumplimiento de la entrega de las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos con mando y jurisdicción deben hacer. Tampoco se puede pretender que el Estado panameño sea transparente en el extranjero, si no lo es localmente. La peor forma de opacidad es aquella que se disfraza como transparencia.

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Hace 7 añosEl inicio de sesiones de la nueva Asamblea Nacional ha sido la nota discordante con el tono positivo del discurso del presidente Laurentino Cortizo. A pesar de que la alianza dominante en el hemiciclo legislativo, compuesta por el PRD y el Molirena, contaba con votos de sobra, sumó los de una facción del CD para imponer una junta directiva que ofrece desesperanza. La elección de una diputada polémica e histriónica como primera vicepresidenta deslució la escogencia unánime de un joven político como presidente del Órgano Legislativo. Aunque podría suponerse lo contrario, la sorpresa de los designados como secretario y subsecretaria general de la Asamblea demostró el poder real que mantiene la diputada expresidenta de este organismo, asegurándose el mejor blindaje posible para encubrir sus andanzas. Están servidos todos los ingredientes para provocar una combustión política con nuevos conflictos con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y hasta con el propio Órgano Ejecutivo. Parece que los que practican estas perversiones de la política buscan ser intocables, desafiando la institucionalidad.

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Hace 7 añosEn un discurso realista, que destacó los retos que enfrenta, el nuevo presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, presentó al país su visión y su compromiso para el próximo quinquenio. El mandatario panameño ofreció austeridad y frugalidad, respeto por los fondos públicos y trato igualitario para todos o, dicho de otro modo, “inexistencia de intocables” ni entre la clase política ni entre la élite empresarial. Además, se distanció de los llamados a impartir justicia, en lo que se interpreta como un voto de respeto a la independencia de los poderes. En su mensaje, adelantó que en los primeros meses de su mandato estará remitiendo a la Asamblea Nacional iniciativas sumamente importantes, pero no destacó alguna propuesta específica para combatir la corrupción. Frente a la situación de las finanzas públicas y la promesa de reactivar la economía, el jefe de Estado destacó su propósito de reducir a la mitad los viajes y viáticos al exterior, pagar cuentas pendientes a proveedores del Estado y promover el sector inmobiliario. En su mensaje reconoció que lo robado en el pasado pudo ser destinado para mejores propósitos y se comprometió a realizar obras sin robar al pueblo. Los panameños recibimos con optimismo el discurso del presidente Cortizo, especialmente el acento puesto en el tema ético como norte de su administración. A partir de hoy, corresponde a todos estar vigilantes para asegurar que el autodenominado “primer obrero del país” sepa pasar del dicho al hecho.

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