Hoy por hoy

En un Estado de derecho, la justicia se debe aplicar igual para todos los ciudadanos. La realidad de las cárceles panameñas contrasta con este principio. En los recintos penitenciarios del país hay 7 mil 537 detenidos provisionalmente. De esta cantidad, el 86% tiene más de un año tras las rejas. El principio de que la detención provisional debía durar un año, salvo en casos excepcionales, no se le ha aplicado a estos privados de libertad. Panamá tiene que tomar una decisión fundamental sobre la justicia penal. La falta crónica de recursos económicos no puede ser la causa de que seres humanos no tengan un juicio, que tengan acceso a defensores conocedores del sistema (y de sus tecnicismos) o que los fiscales estén desbordados de trabajo. Precisamente, el caso de Ricardo Martinelli podría demostrar lo que el cumplimiento taxativo del límite de un año de detención provisional implicaría. Es prioritario que el Estado invierta en todos aquellos mecanismos como brazaletes y sistemas de localización personal, que faciliten la excarcelación y el monitoreo de todos los detenidos que tienen derecho a un cambio de medida cautelar. La justicia es un servicio público que funciona bien cuando tiene los ingresos que necesita, y cuando su recurso humano está comprometido.