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El diseño de la gobernanza del Parque Nacional Coiba representó un modelo de colaboración pública y privada que aspiraba a alejar los peligros de la politiquería del manejo de esta área protegida. En lugar del fortalecimiento institucional de este esquema, el Ministerio de Ambiente del gobierno saliente emprendió tácticas para silenciar a la sociedad civil y para distribuir los fondos propios del Parque Nacional entre los alcaldes de los municipios vecinos. La acción diligente por parte de grupos ambientalistas que acudieron a la Corte Suprema de Justicia obtuvo una decisión favorable que ordena a MiAmbiente a dejar intactos dichos fondos. Sin embargo, en otro fallo, la Corte autoriza a seguir con el nefasto proyecto del aeropuerto para fines turísticos, y supuestamente de seguridad. Esta decisión judicial requiere de una reacción contundente por parte de la ciudadanía: Coiba no tiene capacidad para recibir turismo masivo. El riesgo que esto conlleva para la flora excepcional y la fauna única en el mundo que están presentes en la isla nos debe avergonzar. La Unesco ya anunció que el próximo año Coiba podría entrar en la lista de patrimonios en peligro, lo que equivaldría a una nota discordante en la imagen y en la marca país que Panamá está tratando de promover. El único desarrollo posible es aquel en armonía con la naturaleza: defendamos la isla de Coiba, la isla Boná y todo nuestro patrimonio natural.

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