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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa justicia requiere a todos los niveles, especialmente en los casos de alto perfil, que el gobierno que se inicia hoy actúe con compromiso y fortalezca la institucionalidad. Se requiere el nombramiento de magistrados principales y suplentes en la Corte Suprema de Justicia. Esta es una oportunidad para enviar los mensajes correctos, evitando las designaciones partidistas o de amigos del poder. Igualmente, en el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses necesitan con urgencia de un mayor presupuesto para enfrentar los desafíos actuales, sobre todo las obligaciones internacionales del país. La primera etapa del gobierno del presidente Laurentino Cortizo coincidirá con importantes actuaciones procesales en casos emblemáticos, como el de Odebrecht. Frente a estos desafíos, la mejor respuesta es institucionalidad y el cumplimiento de las promesas de campaña de dejar que la justicia actúe y de respeto a los periodos de designación de los procuradores y otros altos funcionarios. La fortaleza de la justicia será uno de los criterios de medición para determinar el éxito o fracaso de la gestión del nuevo gobierno.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa alianza política que respaldó al presidente electo Laurentino Cortizo tendrá una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. El Partido Revolucionario Democrático obtuvo 35 diputados, que junto a los 5 del Molirena, serán suficientes para elegir la junta directiva del Órgano Legislativo, y para controlar todas las comisiones permanentes de dicha entidad. Con esta mayoría, no se necesitarán consensos con otras fuerzas políticas para escoger al contralor general de la República, al defensor del Pueblo o para ratificar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o al fiscal general electoral. Esta coalición puede aprobar sin problemas la ley que establece el Ministerio de Cultura, pero también puede votar normas jurídicas controversiales y cuestionables. Precisamente por esto, la democracia panameña depende de la beligerancia activa y vigilante de los nuevos diputados electos por la libre postulación, y otros de partidos políticos que se quieran sumar. Esta supermayoría le permite al presidente Cortizo gobernar sin chantajes legislativos, y salvo que exista una rebelión en su partido, no tendrá que depender de la chequera presupuestaria o de las planillas para avanzar sus iniciativas de gobierno. La mesura y la moderación en el uso de este capital político deben ser los valores que orienten el ejercicio del poder público en el quinquenio que empieza mañana.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEn las horas finales del último día laborable de la administración de Juan Carlos Varela, la Autoridad de los Servicios Públicos anunció las nuevas tarifas para el servicio de electricidad. El 76.5% de los usuarios no recibirá aumento. Esto significa que pagarán más los clientes que conforman el 24.5% restante. El aumento del costo lo paga también toda la economía que debe aportar los subsidios al segmento de la población con tarifa protegida. Explicar el incremento de precios sobre la base de la falta de presupuesto para subsidiar a todos los usuarios, es una declaración irresponsable. Los costos de la electricidad en Panamá aumentan por serias ineficiencias en los generadores térmicos y por distorsiones de la composición de un mercado que por diseño castiga a los consumidores. Los cinco años que transcurrieron sirvieron para poner al día los planes y estrategias del sector. Sin embargo, se decidió favorecer la generación eléctrica con gas y carbón, por encima de la eólica y la solar. La estructura operativa de Etesa quedó pendiente de una revisión, y el fortalecimiento de la independencia y las capacidades de la ASEP se quedó en el tintero. Este legado mixto de las políticas energéticas reclama una acción concertada por el nuevo gobierno, libre de conflictos de intereses, y enfocada a tener una energía barata, limpia y confiable para el consumidor.

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Hace 7 añosLas revelaciones del escándalo Odebrecht, compartidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, arrojan luz sobre la tenebrosa trama de la empresa brasileña. Para los panameños, esto significa que se pagaron más coimas en nuestro país y que obras emblemáticas, como el Metro de Panamá, sirvieron para sobornar autoridades locales y de otros países. ¿Quiénes son Aguia, Amigo da Onca, Salario, Cachaza, Canario, Periquito o Yemanja, Cavaleiro o Stalin? Entre estos apodos se asoma la punta de lanza de la cultura de la corrupción de la clase política panameña. Es obvio que el Órgano Judicial debe concederle al Ministerio Público la prórroga a la investigación o, de lo contrario, perderemos la oportunidad de ver que se haga justicia. Si se verifica que algún ejecutivo de la empresa mintió u ocultó información a los fiscales, le debe caer todo el peso de la ley, sin contemplaciones. El nuevo gobierno debe asumir la lucha contra la corrupción como política de Estado, y tiene que comprometerse con los cambios legales que pongan al país a tono con el desafío del caso Odebrecht. No hacerlo equivale a mantener vigentes los mecanismos que hicieron posible este atraco.

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Hace 7 añosLos panameños, sobre todo los de las futuras generaciones, somos los grandes beneficiarios de la donación en favor de la cultura, por 13.3 millones de dólares, efectuada por Graciela Quelquejeu de Chapman. Estos fondos servirán para que el Museo de Arte Contemporáneo, única institución dedicada en el país al arte moderno, pueda tener una nueva sede y garantice su sostenibilidad. En un país en el que las políticas culturales son inexistentes, el gesto de doña Graciela brilla con más luz. Esta es una oportunidad para que el nuevo gobierno, a través de un Ministerio de Cultura, genere las capacidades nacionales y la confianza en el uso de fondos públicos, para que tanto panameños como extranjeros quieran aportar más tiempo, más arte y más fondos al desarrollo de nuestra cultura. Gracias a doña Graciela y a la generosidad de personas como ella existen importantes instituciones benéficas, artísticas, científicas y de atención social, que día a día hacen que la vida de los panameños sea de mejor calidad. Todavía nos queda un gran camino que recorrer en materia de arte y cultura, hay colecciones de artistas nacionales que están huérfanas de un espacio permanente. A pesar de esto, ese gesto de amor y filantropía es un primer gran paso.

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Hace 7 añosNuestro sistema de contrataciones públicas nos está costando vidas y salud. Desde el año 2013 se ha intentado licitar un nuevo Hospital del Niño, pero estos esfuerzos han fracasado por múltiples razones, especialmente por las constantes impugnaciones por parte de las empresas constructoras. Esto ha causado un hacinamiento imperdonable en el principal centro médico de atención infantil en todo el país. Las camas de las seis principales salas tienen un 100% de ocupación, y las incubadoras han tenido que colocarse a menor distancia de la recomendada, por la falta de espacio. Este hospital tiene esencialmente la misma planta física desde 1979. En esos 40 años la población panameña más que se duplicó. Además, importantes avances en la tecnología médica no pueden incorporarse a las instalaciones actuales por las carencias de espacio. Al igual que con las licitaciones de medicamentos e insumos quirúrgicos de la Caja de Seguro Social, el estancamiento de la construcción del nuevo Hospital del Niño requiere ser resuelto con urgencia. El gobierno entrante debe cambiar las reglas de estas licitaciones, para que nuestra mala salud no sea un buen negocio.

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Hace 7 añosEn junio de 2017, el entonces ministro encargado de Ambiente aprobó una resolución que le quitaba la capacidad de decisión a las direcciones regionales de este ministerio, en lo referente a obras estatales. Este “favor” realizado en estrecha colaboración con la Secretaría de Metas, buscaba acelerar los proyectos del Gobierno a nivel nacional. Craso error. Por una parte se contradijo el esfuerzo de descentralización del Estado, y por la otra se excluyó a los ciudadanos más próximos a las obras gubernamentales, de opinar e incidir sobre aquello que les afecta. Lo peor es que se descartaron las normas ambientales como si fueran un mero papeleo o un trámite innecesario, enviando el más terrible de los mensajes: la protección de la naturaleza está subordinada a los fines politiqueros y clientelistas del momento. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia detuvo este absurdo dos años más tarde. A escasos días del final de esta administración, queda claro que su legado ambiental estaba más apegado a los cortes de cintas que a la sostenibilidad y defensa del patrimonio de todas las generaciones de panameños.

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Hace 7 añosMas de 45 millones de dólares de subsidio electoral serán distribuidos entre los partidos políticos que sobrevivieron al torneo electoral y los candidatos independientes ganadores de diversos cargos de elección popular. Aunque a primera vista, estos fondos que se otorgan posteriormente a las elecciones pueden parecer exagerados, suponen una contribución fundamental para la estabilidad democrática del país, ya que permiten que los partidos sigan teniendo una vida activa más allá de las elecciones, y que no estén controlados por un puñado de donantes que fijen y comprometan sus agendas. Para los cinco diputados independientes, estos fondos que para la mayoría de ellos exceden el costo de sus campañas, deben servir como una garantía mayor para propiciar la integridad de su accionar y la libertad de conciencia en sus votos, tanto en las comisiones como en el pleno de la Asamblea Nacional. Todas las fuerzas políticas requieren asumir un discurso real de transparencia con el cual se justifique cada centavo gastado de este subsidio. Esta es la única forma de darle mérito a esta inversión. Todos están obligados a rendir cuentas.

Hoy por hoy

Hace 7 añosSi los gobernantes manejaran sus negocios personales de la misma forma como lo hacen en la administración pública, seguramente serían unos fracasados. El patrimonio de todos los panameños es como una piñata a la que golpean hasta que su contenido cae al piso, pero los únicos invitados a tomar parte del festín son los políticos que, sin vergüenza alguna, se llenan sus bolsillos, dejando las sobras para los que pagan la fiesta. Las evidencian sobran. Las estructuras de salud que mandó a construir la pasada administración sirvieron de excusa para hacer negocios, pero el actual gobierno ha debido practicar un rescate de estas para que, al menos, algo le quedara a la población de esta absurda fiesta de gastos sin sentido. Pero yacen ahí, carcomidas y pudriéndose por su falta de uso. La canallada es doble: recursos destinados a fines irracionales, pero, a la vez, sin darle uso. Así de mal están las cosas: sinvergüenzura e incapacidad, la peor de todas las mezclas. Por el bienestar de la gente que lo necesita, esperamos que las nuevas autoridades rescaten estas estructuras; que generen incentivos para lograr que la juventud curse carreras que puedan satisfacer las apremiantes necesidades de salud, y que los responsables de tanta negligencia y saqueo sean denunciados para que paguen por tanto desparpajo. Panamá es un país rico, eso lo sabemos todos, pero no por eso debemos creer que nuestros recursos son infinitos. Solo hay que ver que, con tanto petróleo, Venezuela ahora es un país pobre.

Hoy por hoy

Hace 7 añosPanamá está nuevamente en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A pesar de las importantes acciones que el país ha tomado en los últimos cinco años -como ampliar las actividades que deben reportar sus movimientos de fondos para prevenir el blanqueo de capitales o modificar el régimen de sociedades anónimas y fundaciones privadas-, esto no fue suficiente. En particular, la politiquería criolla de la Asamblea Nacional retrasó de forma injustificada la aprobación de la ley que penaliza la evasión fiscal en Panamá, privando al Estado de un sólido argumento frente a los cuestionamientos del GAFI. El gran desafío que nos reclama la comunidad internacional es ahora el de ejecutar un sistema regulatorio efectivo y la constatación de que nuestro sistema de justicia es capaz de condenar a los culpables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Los eslabones más débiles de la cadena institucional panameña son, precisamente, las entidades reguladoras y los tribunales de justicia. La viabilidad del centro financiero internacional de Panamá depende de que demostremos que nuestro país es capaz de sancionar a los malos actores, que distorsionan nuestra economía y dejan su huella sobre la política nacional. Se puede pensar que las presiones del GAFI a Panamá son injustas, dados los esfuerzos desplegados para corregir. Pero no por ello dejan de ser obligaciones que debemos cumplir.

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