TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 6 añosMúltiples querellas penales, denuncias temerarias, secuestros civiles y una intensa campaña de intimidación mediática y difamación en las redes sociales se han convertido en las herramientas para ultimar a la maltrecha justicia panameña. Una ex procuradora general de la Nación, dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos médicos forenses, fiscales y otros servidores públicos en cumplimiento de sus deberes, han sido víctimas recientes de sus desvergonzadas acciones.
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Hace 6 añosLos nuevos cargos criminales que fiscales han hecho en Estados Unidos en contra de dos de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli –que están en Guatemala a la espera de que continúe el proceso de extradición a Estados Unidos– revela la gravedad de su situación legal en ese país, donde enfrentarían penas que pueden sumar hasta 50 años de cárcel. Y todo está relacionado con la investigación, que desde hace años, hace del caso Odebrecht. Los contrastes entre la justicia estadounidense y la nuestra causan vergüenza. Mientras en Estados Unidos avanza con pasos firmes –al igual que en otros países latinoamericanos–, en Panamá todo indica que el latrocinio de fondos estatales quedará sin castigo, pues en la Corte Suprema de Justicia se teje una conspiración para hacer que el caso sufra la suerte de todos los procesos de alto perfil: la impunidad. Aquí, la investigación cuenta con grabaciones, documentos, confesiones y pruebas irrefutables contra los acusados –evidencias tan sólidas como en Estados Unidos–, pero la suerte de los casos en ambos países será muy distinta. Y eso lo saben los padres de los extraditables, que quieren desesperadamente que vuelvan al país, porque aquí reina la más petulante corrupción, cuya inseparable compañera es, precisamente, la impunidad. Es a esa Corte a la que le deberemos, una vez más, que todos los panameños suframos la burla y el desprecio internacional.
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Hace 6 añosUn desafío financiero monumental enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) para cumplir con el pago de las pensiones – que representa unos $170 millones al mes–, sobre todo con las recaudaciones disminuidas por el decrecimiento económico que ya padecía el país a comienzos de este año y que se ha agudizado con la pandemia. Para cumplir con sus obligaciones de este año, la CSS necesita unos 2 mil millones de dólares y debe buscar al menos la mitad en otras fuentes que no sean la recaudación, disminuida, como se dijo, por la crisis sanitaria y económica. En ese escenario, la entidad explora algunas alternativas, pero cuál será la solución para el próximo año y los siguientes. El déficit actuarial que los gobiernos anteriores evitaron atender ya está aquí gracias al coronavirus. El gobierno tiene que encontrar una solución concertada, que mantenga la paz social y evite la catástrofe financiera del futuro. En medio de todo, debemos atender la realidad después de la pandemia. Nunca habrá un momento perfecto para resolver el problema de la CSS. Al postergar las soluciones difíciles, lo que hay que hacer es mucho más costoso. Ahora toca pagar.
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Hace 6 añosEl ministro de Salud y otras autoridades del sector nos pintan una realidad muy distante de la que se vive en los hospitales públicos del país. Todo el personal que labora en estas instituciones está expuesto, pero especialmente lo está el de la primera línea de defensa. Sus carencias son de una inhumanidad inaceptable; corren el riesgo de contagiarse y de contagiar a terceros por la falta de insumos de protección. Los tiempos que toman los trámites burocráticos son inverosímiles. Esas carencias nos hablan del sacrificio de un personal hospitalario que pone por encima de su propia seguridad la salud de la población.
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Hace 6 añosAl menos nueve acciones legales buscan que la Corte Suprema de Justicia defina la validez de los decretos ejecutivos y otros instrumentos jurídicos, que han fundamentado la cuarentena y demás restricciones de las libertades. Mientras en países como Brasil y El Salvador, sus Cortes Supremas se han pronunciado vigorosamente contra disposiciones adoptadas por el Ejecutivo, en Panamá el letargo judicial es evidente. ¿De qué vale que el máximo tribunal se mantenga abierto, si no está administrando justicia? Cada día que pasa aumenta la incertidumbre, incluyendo la del propio gobierno, que titubea para tomar acciones firmes contra la pandemia. La Corte Suprema bien podría decidir el camino a seguir para el bienestar de todos los panameños, si hace su trabajo con la premura que exigen las circunstancias. Ha sido una práctica constante de los magistrados evitar tomar una decisión, hasta que la polémica haya transcurrido. De muy poco servirá un dictamen cobarde para después. La democracia, los límites del poder gubernamental, las libertades civiles y los derechos humanos, son todos asuntos que merecen un tribunal que entienda su tarea de guardián de la constitucionalidad y defensor de la legalidad.
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Hace 6 añosLa situación laboral del país es incierta. Empresas que desconocen cuándo reabrirán sus puertas, dudosamente pueden reactivar los contratos de trabajo suspendidos meses atrás. La falta de consumo en una economía debilitada, reduce la necesidad de una oferta comercial, lo que no ayuda al empleo. No hay forma de saber cuándo y cómo terminará la crisis sanitaria. Esto obliga a adoptar medidas laborales temporales, como las propuestas en un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Ni el sector empresarial ni el laboral están a gusto con este proyecto. La tarea fundamental, que ahora se desarrolla en la Asamblea Nacional, es la de buscar un consenso. No se trata deque hayan ganadores o perdedores, ni de señalar con el dedo a culpables de la falta de competitividad del país. Ahora debemos encontrar un punto medio que dé flexibilidad a las empresas para funcionar, y que reconozca que los trabajadores tienen expectativas que merecen atención.Si no asumimos esta responsabilidad, las consecuencias pueden empeorar más una crisis terrible para la que nadie estaba preparado.
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Hace 6 añosDe la noche a la mañana, una familia quiere convertir a Panamá en una monarquía, en la cual la regla es “el Estado somos nosotros”. No ha bastado la vergüenza mundial a la que el país ha sido sometido por sus actuaciones en un quinquenio tenebroso, para que ahora se pretenda que el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores deban usar el poco capital político de Panamá, para exigir a Guatemala que le sean entregados dos personas que huyeron de Estados Unidos. ¿Que clase de aberración histórica pretenden realizar?
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Hace 6 añosVivimos tiempos extraordinarios en los que los principios de organización de nuestra sociedad contemporánea han sido sacudidos en sus cimientos. Uno de los referentes de la economía panameña por casi medio siglo es una regulación compleja de las relaciones laborales en el país. Ese sistema ayudó a crear una gran informalidad y exclusión de grupos vulnerables, porque se hizo muy costoso generar y mantener un empleo. La pandemia causó la suspensión o modificación de casi 300 mil contratos de trabajo. Ante la coyuntura que enfrenta Panamá, se necesita un marco regulatorio interino que ayude a todos para la recuperación de empleos y la generación de nuevos puestos de trabajo. Sin colaboradores no puede haber empresa, pero sin el desarrollo del capital no hay trabajo. Toca reconstruir un país que ha perdido competitividad, que tiene servicios públicos caros e ineficientes, con una educación rezagada y un sistema de justicia poco confiable. La ortodoxia y el dogmatismo suenan bien para la gradería, pero no le van a dar oportunidad a los panameños de salir de la pobreza, ni a la economía de alcanzar su potencial.
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Hace 6 añosEl secuestro civil contra Corporación La Prensa tiene serias repercusiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y de la libertad de expresión de los panameños. Unas 11 organizaciones de la sociedad civil panameña pidieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se dé curso a las medidas cautelares solicitadas contra el uso del sistema judicial para callar a este medio de comunicación con reclamaciones excesivas de supuestos daños y perjuicios.
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Hace 6 añosEl genial Albert Einstein decía: “...Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” Esta es la paradoja en que nos encontramos, ante la respuesta sanitaria y las iniciativas económicas del gobierno. Es hora de un replanteamiento de las acciones ejecutadas para controlar la enfermedad, sumando los talentos y recursos del sector privado y la sociedad civil. Las autoridades sanitarias deben convocar al empresariado panameño para confrontar la alta tasa de contagios de la Covid-19, a la vez que se implementan medidas inteligentes para la reapertura económica. Hay capacidades y conocimientos que el Estado no tiene, mientras que son de dominio cotidiano para el sector privado y la sociedad civil. Esto ha venido pasando alrededor del mundo y el cercano ejemplo de Guayaquil en Ecuador muestra una ruta factible y sumamente realista para controlar la pandemia. No existe un manual preestablecido para resolver una crisis como esta. En cada etapa son necesarias intervenciones distintas. Este es el momento de que todos sumemos esfuerzos para suprimir los contagios y levantar nuestra economía.

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