Hoy por hoy

Múltiples querellas penales, denuncias temerarias, secuestros civiles y una intensa campaña de intimidación mediática y difamación en las redes sociales se han convertido en las herramientas para ultimar a la maltrecha justicia panameña. Una ex procuradora general de la Nación, dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos médicos forenses, fiscales y otros servidores públicos en cumplimiento de sus deberes, han sido víctimas recientes de sus desvergonzadas acciones. Para agregar más elementos a esta tragicomedia, les exige el pago de sumas millonarias por ficticias afectaciones a sus derechos. Con semejantes actos busca, por medio de la intimidación, que se le deje de investigar, que lo dejen en paz, tanto a él como a su más íntimo círculo. Nada de esto sería posible sin cómplices que desde los órganos encargados de impartir justicia o desde la práctica privada de la abogacía día tras día alimentan semejante sinsentido. Esa complicidad facilita la más descarada impunidad, nos condena a las listas internacionales y causa la desconfianza del mundo. Ya es hora de que este país deje de ser esclavo del rey de la corrupción.