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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 6 añosLas investigaciones del caso Odebrecht culminan esta semana, luego de meses de pesquisas que probablemente terminen incompletas, dada su complejidad. Los fiscales han hecho su trabajo en un ambiente hostil, con ataques frontales mediáticos, tanto de implicados como de políticos que pretenden sepultar el caso bajo una pila de formalidades que buscan que no se llegue al fondo, que se desechen las delaciones, así como las evidencias bancarias. Pero, más allá de todo esto, ha quedado en evidencia que nuestra legislación penal está minada, hecha para que el menor error de las partes sirva para anular investigaciones completas, cuando lo que cabe son soluciones menos severas, como las correcciones. Tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial tienen iniciativa legislativa que podrían allanar el camino a fin de hacer menos formalistas los procesos judiciales y proporcionar mayores garantías procesales para hacer verdadera justicia. El Ministerio Público tendrá ahora que elaborar una vista fiscal de este caso. Pretende que se procese a decenas de imputados en un caso emblemático y de muy de alto perfil. Si hay mérito para llamar a juicio, el destino del proceso quedará en manos del Órgano Judicial, que tendrá en este, una de sus más duras pruebas.

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Hace 6 añosFinalmente, empezamos a conocer informes sobre la salud actuarial de la Caja de Seguro Social (CSS). Han pasado muchos años desde que conocimos del último informe, pese a que sus finanzas son asuntos que competen directamente a sus cotizantes, pues el futuro de pacientes, jubilados y pensionados depende de cómo se manejen esos fondos. El nuevo informe confirma que la CSS no está bien: el fondo del programa Invalidez, Vejez y Muerte enfrenta problemas muy graves, acentuados por la pandemia, tras el despido y suspensión de empleados del sector privado, así como la reducción de las jornadas laborales. Todo ello ha impactado negativamente a la CSS. Y en medio del desplome de la economía, el informe actuarial menciona alternativas de solución -que aún deben ser analizadas y consultadas- que incluyen elevar la edad de jubilación y/o aumentar la cuotas, a fin de crear un colchón de tiempo para buscar una solución definitiva. Para nadie es un secreto que las finanzas de la CSS siempre han estado enfermas, pero a la institución aún siguen llegando listas de recomendados políticos para ser nombrados, en complicidad con los directores de turno. La falta de transparencia ahora nos pasa su factura … y en el peor momento. Una vez más, habrá que improvisar.

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Hace 6 añosAlgunos diputados han demostrado gran pericia en el manejo de la opinión pública. Mediante ley, pretenden hacer creer que pueden cambiar la realidad por un paraíso. La propuesta para ponerle un tope al interés bancario sobre el crédito es uno de ellos. ¿De dónde sacan sus proponentes que en Panamá se otorgan los créditos con los intereses más altos del mundo? ¿Acaso han medido las consecuencias de su propuesta? En Panamá, hay suficientes bancos para que exista una sana competencia y eso lo hemos visto y experimentado desde hace décadas. Los plazos de pago, los intereses, etc., que se hallan en el mercado, han permitido el acceso al crédito a personas de muy escasos recursos. Lo que están haciendo es satanizar una de las industrias más competitivas del país. Esos verborreicos, en vez de su irrelevante demagogia, ¿por qué no ponen un límite a la contratación de empleados en el Estado? ¿Por qué no ponen límite a tanto crédito que nos obligará a reformas fiscales que todos lamentaremos? ¿Por qué no limitan tanto gasto inútil en carros, viajes, salarios y privilegios? Si fueran capaces de poner el ejemplo, muchos los seguirían, pero ahora exigen lo que ni ellos pueden cumplir: límites.

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Hace 6 añosEl relajamiento de los procesos de compra a nivel de alcaldías, juntas comunales y concejos provinciales, al que se une igualmente los de la Dirección de Asistencia Social –aunque por montos mayores que los de los gobiernos locales– es claramente un error, pero es la forma de complacer la voracidad que ha exhibido el partido gobernante, cuyas bases, abiertamente y sin pudor alguno, también reclaman su parte del botín, exigiendo nombramientos. Se han quitado la careta y, al hacerlo, también han disminuido los necesarios controles en el manejo del dinero. Todo esto es una suerte de conspiración para que los impuestos fluyan por debajo de la mesa, con lo que queda formalmente institucionalizado el “qué hay pa’ mí”. A la vez, es la calistenia para los próximos comicios, al igual que ha ocurrido con la epidemia de crear nuevos corregimientos y distritos. Son burdos en lo que hacen y piensan, y creen que no se les nota. El secretario general del PRD pide a sus bases no ventilar públicamente el tema del canje de trabajo en campaña electoral por un puesto en el gobierno. Pero no hay de qué preocuparse: no hay novedad en eso, pues todos sabemos que es así como los políticos ganan elecciones.

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Hace 6 añosLa Asamblea Nacional, una vez más, se mofa de la opinión pública en el tema de sus planillas. Al igual que hicieron dos expresidente de este órgano del Estado en el gobierno pasado, en este el reelecto presidente, Marcos Castillero, se ha negado a entregar información sobre lo que hacen mil 750 personas contratadas por “servicios profesionales” que, hasta ahora, nos ha costado a los panameños $8 millones… y en pandemia. La excusa presentada para no entregar la información –carecer de un programa para entregar la información– es tan pueril como ridícula. Si esa es su mejor respuesta, podemos deducir la incapacidad evidente y vergonzosa de estos funcionarios. A la conspiración para mantener información pública bajo siete llaves se une la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos son también objeto de burla de parte de los diputados que se niegan a cumplirlos, actitud que los propios magistrados luego avalan. Por otro lado, la Contraloría se sale con excusas anodinas, asegurando que, porque hacen “servicios especiales”, no se pueden considerar servidores públicos. Cómplices son todos al irrespetar la Ley de Transparencia. La pequeñez de sus excusas no puede ocultar la enormidad de su bascosidad. Todos sabemos la razón de su oscurantismo.

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Hace 6 añosNuestros políticos están condenados irremediablemente a repetir sus errores, ya sea por falta de conocimiento de su entorno o por simple indiferencia. Hace poco, supimos del traslado de varias secretarías que manejaba el Ministerio de la Presidencia. Una de las dependencias con las que decidió quedarse fue la Dirección de Asistencia Social, el reemplazo del polémico Programa de Ayuda Nacional, que fue foco de corrupción. No solo no la eliminó, sino que su consejo consultivo –creado para fiscalizar sus labores– fue eliminado y su director ahora responderá directamente al ministro de la Presidencia, a la sazón, también Vicepresidente de la República, funcionario duramente cuestionado por las compras relacionadas con la pandemia. Estos consejos consultivos se crean a fin de generar confianza y rendición de cuentas, pero nuestros políticos se ensañan contra todo vestigio de transparencia y cometen el error de recurrir a la discreción como forma de administración pública, lo que es un completo anacronismo. No aprenden, no disciernen, son incapaces de ver más allá de su limitado campo visual. Toda esta reforma al Ministerio de la Presidencia, a la luz de lo que vimos y vemos, genera justificadas suspicacias.

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Hace 6 añosLos diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tienen mucho que ganar ahora que van a discutir el presupuesto general del Estado del próximo año. Y no hay ninguna duda de que, en su ya proverbial oportunismo, aplicarán la frase “que hay pa’ mi”, esa de la que reniega el director de la Caja de Seguro Social, porque, aunque dijo lo que dijo, eso no fue lo que dijo, según dijo. El proyecto de presupuesto de 2021 asciende en papel a $24 mil 89 millones, 3.3% más que el vigente. Con el golpe a la economía y el alto déficit fiscal, tal presupuesto es un perfecto disparate, porque para cumplir los desembolsos será necesario que el Gobierno nos endeude más de lo que ya estamos, muy por encima de un nivel saludable. Precisamente, los diputados deberían estar en esa labor de fiscalización, de velar por un presupuesto acorde con la realidad es, pero la cabeza solo les da para ver cómo meten más nombramientos u obras para sus circuitos. La pequeñez de su visión circuital solo contribuirá a acercarnos a dolorosas reformas fiscales que todos sufriremos.

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Hace 6 añosSi hay algo ha quedado claro en esta pandemia es que los gobernantes han estado jugado al estadista, pero no llegan ni a aficionados. Tenemos hospitales, pero con evidentes carencias: médicos, enfermeras, equipos e insumos. Ahora nos enfrentaremos al hecho de que unos 200 mil estudiantes no pueden recibir educación por falta de equipos o de internet para recibir sus clases a distancia. Planificación cero. El país ya no aguanta tanto político improvisado ni el negligente despilfarro de fondos necesarios para resolver los acuciantes problemas de la población. Al final, Panamá tendrá más pobres y menos jóvenes con educación. La delincuencia común y organizada tendrá muchos más candidatos para sus ilegales actividades. Pero los políticos, cegados por la codicia, solo pueden ver el fulgor del oro fácil, sin reparar cómo se oscurece el horizonte.

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Hace 6 añosLa decisión de suspender actos masivos tradicionales, como la procesión del Cristo Negro de Portobelo y los carnavales del próximo año, puede ser dolorosa, pero es absolutamente necesaria bajo las actuales circunstancias de pandemia.De hecho, urge un pronunciamiento similar respecto a los desfiles patrios, para que nadie se haga la idea peregrina de que sí se celebrarán. Aunque faltan cuatro meses y medio para los carnavales, hay que aceptar desde ahora que no habrá nada y ni por asomo abrigar la esperanza de que el Minsa cambiará de opinión. La suspensión no debía tomarnos por sorpresa, pues lo contrario habría sido interpretado como una medida impensada, incluso improvisada e irresponsable. Todavía hay quien reprocha por qué no se cancelaron los de febrero de este año, cuando la llegada del virus a Panamá era inminente. Hay que ser enfático en el hecho de que aún convivimos con el virus y, aunque los casos disminuyen paulatinamente,persiste el peligro de rebrotes, como ha ocurrido en otros países. Las decisiones que se tomen desde ya, seguramente salven vidas. Ahora nos toca a todos -incluidas las autoridades- cumplir esta nueva limitación.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa poca seriedad con la que los funcionarios de alta jerarquía llevan adelante los negocios del Estado, es lo que hace que algunos contratistas se sientan en cómoda confianza para relajar los plazos de entrega de las obras y hasta su calidad. El Estado panameño ha sido extraordinariamente indulgente con Odebrecht, que -entre otras cosas- tiene el contrato de construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen. Aquí hay siete adendas, cientos de millones adicionales al costo de construcción original y años de retraso en una obra adjudicada en 2012. Frente a tanto relajo, tan solo $400 mil en multas. Los contratos celebrados con empresas como Odebrecht son leoninos, hechos para favorecer a quien, además, usualmente paga millones de dólares en coimas. Es así como la constructora lleva siempre las de ganar. Pero cuando el Estado tiene la oportunidad de exigir el cumplimiento del contrato, el gobierno de turno entonces hace lo posible por complacerla, por aminorar su carga, cuando lo que se impone es hacerla cumplir lo que firmó. Si nuestros funcionarios quieren el respeto de estas empresas, harían bien en ganárselo, sin tanto mimo ni complacencia. Con Odebrecht, a estas alturas ya deberían haberse puesto los pantalones.

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