Hoy por hoy

Al menos nueve acciones legales buscan que la Corte Suprema de Justicia defina la validez de los decretos ejecutivos y otros instrumentos jurídicos, que han fundamentado la cuarentena y demás restricciones de las libertades. Mientras en países como Brasil y El Salvador, sus Cortes Supremas se han pronunciado vigorosamente contra disposiciones adoptadas por el Ejecutivo, en Panamá el letargo judicial es evidente. ¿De qué vale que el máximo tribunal se mantenga abierto, si no está administrando justicia? Cada día que pasa aumenta la incertidumbre, incluyendo la del propio gobierno, que titubea para tomar acciones firmes contra la pandemia. La Corte Suprema bien podría decidir el camino a seguir para el bienestar de todos los panameños, si hace su trabajo con la premura que exigen las circunstancias. Ha sido una práctica constante de los magistrados evitar tomar una decisión, hasta que la polémica haya transcurrido. De muy poco servirá un dictamen cobarde para después. La democracia, los límites del poder gubernamental, las libertades civiles y los derechos humanos, son todos asuntos que merecen un tribunal que entienda su tarea de guardián de la constitucionalidad y defensor de la legalidad.