Hoy por hoy

La decisión de la Contraloría de prohibir desembolsos por gastos de movilización para alcaldes y representantes de corregimiento –que alcanzaba una erogación de más de $12 millones al año– es la correcta. Ha sido la presión ciudadana la que ha logrado que tal atropello se haya revertido, pues hasta la Contraloría llegó a justificar tal gasto, argumentando la autonomía de los gobiernos locales, alegato que choca con realidades adversas, como el hecho de que muchas alcaldías y juntas comunales deben solicitar subsidio al Gobierno para hacer frente a sus gastos, con lo que dicha autonomía es una falacia. Pero no todo está dicho. Aún está pendiente el tema de los gastos de representación, que también cobran algunos de estos funcionarios, por montos superiores, incluso, a su salario. Y es que el tema de los ingresos se ha relajado en grado extremo. Tenemos múltiples servidores públicos que, teniendo jornadas completas de trabajo en un puesto de elección, cobran licencias pagadas, muchos de ellos, alcaldes o representantes. Y docentes a tiempo completo, que simultáneamente ejercen otros cargos en el Gobierno. La decisión de la Contraloría es un buen primer paso, pero apenas marca el comienzo.