Hoy por hoy

Las cárceles panameñas son nuestra mayor vergüenza. Si bien tienen como fin ser el lugar donde las personas que han delinquido cumplan sus condenas, la ley también ordena que sean centros de rehabilitación, a fin de que, saldada la pena, puedan reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, nuestras cárceles son universidades de la delincuencia, en las que poco o nada se hace para la resocialización de los reclusos. Pero, además de ser un lugar que no brinda oportunidad para la rehabilitación, la Defensoría del Pueblo ahora nos dibuja un panorama aún más dantesco. Describe, en reciente visita que hicieron algunos de sus funcionarios al Centro Penitenciario La Joya, la inexistencia de condiciones mínimas para que habiten en ese lugar los privados de libertad, violando disposiciones locales e internacionales sobre el tratamiento que deben recibir los reos. ¿Cómo podemos disminuir la delincuencia, si nuestros centros carcelarios son fabricantes de sociópatas, pandilleros, asesinos y delincuentes de todos los tipos? Caer en una de nuestras cárceles es garantizarse una vida de actividad criminal de la que difícilmente se puede salir. Y el Gobierno y la sociedad parecen indiferentes ante tan inhumana situación.