TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por Hoy 2002/03/13

Hoy por Hoy 2002/03/13

Hace 24 añosCada vez que se menciona la palabra corrupción las autoridades saltan a negar la existencia de dichos actos en sus instituciones. No obstante, con cierta regularidad la Contraloría informa sobre sus investigaciones, lo que le permite a la ciudadanía atisbar cómo y dónde se cometen actos que se apartan de la legalidad, van en detrimento del patrimonio público, y terminan por beneficiar de modo ilegítimo los bolsillos de algunos individuos, sean funcionarios o particulares, y las más de las veces una perversa alianza de ambos. Esto es corrupción. No se necesita que los altos funcionarios del Estado los apadrinen, encubran, o siquiera los conozcan. Tampoco que podamos probar su complicidad. Basta con que se den estos actos, así sea en la inopia de los ministros, para que pueda afirmarse que hay corrupción en el Estado. El anuncio del contralor de que su despacho investiga la contratación de pólizas de seguro por bienes inexistentes, particularmente autos, apunta en esa dirección. Confirma también la tesis de que la corrupción florece en la medida en que el sector privado participa activamente en ella. Por eso, es necesario que todos entendamos que no es solo el Gobierno el que debe luchar contra la corrupción, -mucho menos una oficina pública. Todos tenemos la obligación de luchar para erradicar este mal, los individuos y las empresas, no menos que las autoridades.
Hoy por Hoy 2002/03/12

Hoy por Hoy 2002/03/12

Hace 24 añosEn política, la percepción de la opinión pública es una consideración absolutamente subjetiva. Quienes dicen lo que complace al gobernante, son los profetas de la opinión. Pero las encuestas, hechas con todo rigor científico, con las muestras adecuadas, entrevistadores debidamente entrenados y supervisados, dan resultados científicos y sustentables. No son profecías, se trata de investigaciones. Quienes quieran ignorarlas, contra ellas se estrellarán. En Panamá no había una cultura de encuestas, pero más de una década de sondeos de opinión serios y comparables, a través de Dichter & Neira, han reivindicado las encuestas, que ahora proliferan por doquier. Y, por cierto, la última encuesta, cuyos resultados publicamos ayer, es una señal alarmante para toda la clase política del país. La opinión pública no cree en las instituciones ni en la integridad de ninguno de los órganos del poder público. Censuran al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, pero sus integrantes actúan como si no quisieran oír, ver ni entender, antes de que una situación de hecho los haga recapacitar, pero entonces será demasiado tarde. Hay muchos densos nubarrones que oscurecen el panorama, y como bien decía Shakespeare, cielos tan oscuros no se aclaran sin una tempestad. Políticos: rectifiquen mientras les queda tiempo.
Hoy por Hoy 2002/03/11

Hoy por Hoy 2002/03/11

Hace 24 añosLa violencia en Colombia tiene una larga y compleja historia que no conviene olvidar. Se inició el 9 de abril de 1948, con el asesinato del precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Algunos atribuyeron el asesinato a una tentativa del comunismo por impedir la reunión constitutiva de la Organización de Estados Americanos –objetivo que no lograron–pero los colombianos, en su mayoría, lo interpretaron como una agresión conservadora, propiciada y amparada por el ejército. La violencia se esparció por toda Colombia, hasta que el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla da lugar a la creación del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores que puso fin a esa fase de la violencia. Pero quienes habían luchado, no sabían otra cosa que matar. Era la generación de la violencia, sin educación, sin posibilidades de empleo. Se convirtieron en bandoleros que robaban y asaltaban a todos los que pudieran. Luego, a comienzos de 1960, estos hombres acostumbrados a matar, obtuvieron patrocinio ideológico y financiero a través de Cuba, Rusia y China. Cuando se desintegró la Unión Soviética, los antiguos patrocinadores ya no estaban en capacidad de ayudar a las guerrillas. Allí es cuando aparece el concubinato escandaloso entre el narcotráfico, que necesitaba protección, y la guerrilla que requería financiamiento. Esa es la triste realidad de la Colombia de hoy, pero será superada con la ayuda de todos los que admiramos a ese noble y gran país.
Hoy por Hoy 2002/03/10

Hoy por Hoy 2002/03/10

Hace 24 añosEl Ministerio Público conduce en estos momentos la investigación más delicada que jamás pudo preverse, porque, como se ha dicho en innumerables ocasiones, las denuncias de los sobornos en el legislativo no son un problema que ataña a un partido, sino que vinculan en un zarpazo a los tres órganos del Estado. Es lógico que la Procuraduría encuentre obstáculos difíciles de sortear en el proceso y por ello la ciudadanía espera de los fiscales que adelantan la investigación el máximo empeño por llegar hasta el fondo de los hechos. Pero no es suficiente que la investigación se conduzca con tesón. Además, los agentes del Ministerio Público deben actuar con extremo cuidado y con extrema pericia, de modo que no surjan esos terribles demonios del formalismo legal que los abogados llaman “causales de nulidad del proceso”. Ninguna duda cabe de que para que se haga justicia es esencial que se respeten los derechos y garantías de los acusados. Pero ninguno de los despachos que intervienen en esta tarea delicada debiera olvidar ni por un minuto que el país espera resultados que den certezas y no jugarretas procesales que desconciertan y matan toda esperanza.
Hoy por Hoy 2002/03/09

Hoy por Hoy 2002/03/09

Hace 24 añosLa firma del tratado de libre comercio con El Salvador es un paso en la dirección correcta porque la hermana república centroamericana ha mostrado un compromiso real con la apertura de mercados y el dinamismo de su economía puede traer beneficios para el sector productivo panameño. No está de más señalar que este acuerdo le permite a Panamá exhibir un justo título en sus aspiraciones de convertirse en la secretaría permanente del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que podría facilitarle lograr otros convenios de naturaleza similar con países de la región. La oportunidad también es propicia para recalcar que la promoción del comercio entre los Estados no es un interés privativo del Gobierno y que la sana ejecución de estos tratados solo queda garantizada en la medida en que el sector privado deje de ser un espectador y se involucre activamente en el proceso, para lo cual la divulgación de las acciones de Gobierno, así como la información sobre los diferentes aspectos de las negociaciones son de vital importancia para que se produzca dicha participación de las empresas panameñas. Si las autoridades mejoran la comunicación con el sector privado, y lo hace partícipe del proceso, el país entero podría recibir los beneficios. Esto es, al fin y al cabo, lo que verdaderamente importa.
Hoy por Hoy 2002/03/09

Hoy por Hoy 2002/03/09

Hace 24 añosLa firma del tratado de libre comercio con El Salvador es un paso en la dirección correcta porque la hermana república centroamericana ha mostrado un compromiso real con la apertura de mercados y el dinamismo de su economía puede traer beneficios para el sector productivo panameño. No está de más señalar que este acuerdo le permite a Panamá exhibir un justo título en sus aspiraciones de convertirse en la secretaría permanente del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que podría facilitarle lograr otros convenios de naturaleza similar con países de la región. La oportunidad también es propicia para recalcar que la promoción del comercio entre los Estados no es un interés privativo del Gobierno y que la sana ejecución de estos tratados solo queda garantizada en la medida en que el sector privado deje de ser un espectador y se involucre activamente en el proceso, para lo cual la divulgación de las acciones de Gobierno, así como la información sobre los diferentes aspectos de las negociaciones son de vital importancia para que se produzca dicha participación de las empresas panameñas. Si las autoridades mejoran la comunicación con el sector privado, y lo hace partícipe del proceso, el país entero podría recibir los beneficios. Esto es, al fin y al cabo, lo que verdaderamente importa.
Hoy por Hoy 2002/03/08

Hoy por Hoy 2002/03/08

Hace 24 añosAbrumadoramente, la población demanda que los 71 legisladores de la República renuncien a la norma de la inmunidad para que el Ministerio Público profundice en la investigación, fundamental para la salud del país, sobre las denuncias de la compra de votos para la aprobación de dos magistrados de la Corte Suprema y el contrato-ley del CEMIS. La demanda se desprende de la más reciente encuesta “El Pulso de la Nación”, preparada por la reputada firma Dichter & Neira para La Prensa. La figura de la inmunidad, en su origen, pretendía la legítima afirmación en los parlamentos de los derechos de las minorías y de las oposiciones en sus enfrentamientos con las mayorías y los oficialismos. En el camino, los responsables de hacer las leyes le fueron poniendo más arandelas a esa norma para multiplicar las prebendas, partidas circuitales y vehículos exonerados, por ejemplo, de los que se han revestido. Lamentablemente, por conveniencia, se confunden dos términos que suenan parecido, inmunidad e impunidad, pero cuyos significados son diferentes. La inmunidad es la exención de ciertos cargos o penas y la impunidad es la falta de castigo. La inmunidad no es un valor absoluto ni un chaleco para la impunidad. Las denuncias de soborno son graves y el país abriga esperanza en la investigación. Cuando la figura de la inmunidad en todo el mundo se restringe y está en desaparición, conviene que todos los legisladores den paso a la conciencia de responsabilidad y se despojen de esa prerrogativa para contribuir a esclarecer lo que tanto ofende al país.
Hoy por Hoy 2002/03/07

Hoy por Hoy 2002/03/07

Hace 24 añosLa recién sancionada ley de libre acceso a la información pública se ha puesto a prueba, y la experiencia no es satisfactoria. Algunos servidores públicos han evadido sus responsabilidades de suministrar la información solicitada, aduciendo que la ley necesita ser reglamentada antes de aplicarse. ¿De dónde surgió tan peregrina tesis? Las leyes deben ser reglamentadas solo cuando la propia ley lo establece, y este no es el caso. Para muestra, un botón. El pasado 28 de enero, Lorenzo Abrego, periodista de La Prensa, solicitó por escrito a la Contraloría General de la República una lista actualizada de los automóviles exonerados a los legisladores, con especificación de la marca, modelo, año de fabricación, su costo y el monto de la exoneración concedida. Treinta días calendario después venció el término que establece la ley para suministrar la información solicitada, o sea que debió divulgarse, a más tardar, el 28 de febrero. No ocurrió así, y al inquirir el interesado sobre la razón de que no se accediera a su solicitud, se le informó que hacía falta reglamentar la ley, cuando ella no lo requiere. Es una burla a la ley, a la Asamblea Legislativa que la aprobó y a la presidenta de la República que la sancionó. ¡Es increíble! En abril de 1994, cuando no existía la ley de libre acceso a la información pública, la Contraloría General de la República suministró y La Prensa publicó un listado completo con la misma información que ahora se pidió. Lo que hace falta es interponer un recurso de habeas data para determinar, de una vez por todas, si la opacidad de los funcionarios puede más que la transparencia de la ley.
Hoy por Hoy 2002/03/06

Hoy por Hoy 2002/03/06

Hace 24 añosEl procurador general de la Nación ha hecho lo que el país esperaba. No cabe otra actitud ante la decisión de los legisladores oficialistas de no renunciar a su inmunidad para que el Ministerio Público pueda efectuar las investigaciones necesarias con el fin de aclarar las denuncias de corrupción en la compra de votos para la aprobación del nombramiento de dos magistrados y la del contrato-ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). Según los voceros del oficialismo, sus legisladores no renuncian a su inmunidad, a menos que el procurador no acuse individualmente a determinados legisladores de hechos ilícitos. Evidentemente es imposible hacerlo, por la sencilla razón de que no ha completado la investigación. Puede tener indicios y sospechas, pero no puede pedírsele al Ministerio Público que perfeccione una vista fiscal antes de terminar una investigación. Eso lo sabe hasta un estudiante de primero o segundo año de derecho, y en la bancada oficialista hay algunos abogados que hace tiempo se graduaron. Por último, complace la severa advertencia del procurador: si no se despojan ahora de su inmunidad, esperará hasta el final de la actual legislatura, cuando por efecto del receso la pierdan, porque así, sin impedimento constitucional alguno, podrá comprobar la verdad que la opinión pública reclama y la comunidad internacional necesita para evaluar mejor la justicia panameña.
Hoy por Hoy 2002/03/05

Hoy por Hoy 2002/03/05

Hace 24 añosLa Ley para la Transparencia en la gestión pública es, sin lugar a dudas, un avance significativo para lograr que los funcionarios se hagan responsables y rindan cuenta de sus actos a la ciudadanía a cuyo servicio deben sus cargos. Los medios de comunicación social, en ejercicio de su función informativa, son los primeros llamados a utilizar esta singular herramienta. En el uso de este derecho tienen el deber de distinguir entre la información de interés público y la que solo tiende a alimentar el morbo de los lectores. Así, no pareciera cumplir ningún propósito publicar indiscriminadamente la lista de los salarios de los funcionarios de una entidad, pero sí lo tendría divulgar los devengados por los parientes y amigos del jefe de la institución o por quienes, sin prestar ningún servicio, aparecen, no obstante, en la planilla. Sí tiene importancia conocer a los periodistas, columnistas y comentaristas de la prensa, radio o televisión contratados por una entidad pública, no porque ello sea malo, sino porque sus lectores, radioescuchas o televidentes tienen el derecho a disponer de esta información para hacerse su propio juicio en cuanto al valor que deben asignarle a sus noticias, comentarios y opiniones. Los medios, mucho menos los periodistas, pueden arrogarse el derecho a exponer y criticar sin conceder el recíproco de ser expuestos o criticados. De otra manera, difícilmente imperaría la libertad de información y de opinión.

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