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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy 2002/02/01

Hace 24 añosTal y como van las cosas, difícilmente pueden augurarse buenos resultados en el Diálogo sobre el Seguro Social. La dirección de la Caja, que desde el inicio expresó con claridad meridiana su oposición a cualquier solución que involucrara el más mínimo nivel de privatización, con la connivencia de parte de la dirigencia sindical, que pareciera estar más interesada en reavivar antiguas confrontaciones ideológicas, hoy en desuso, que en encontrar soluciones viables a los problemas que aquejan a los trabajadores, lanza ahora denuestos contra la OIT, que juiciosamente ha venido advirtiendo sobre la seriedad de la crisis por la que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez, y Muerte y con igual buen juicio ha venido planteando que la solución consiste en aumentar las cuotas, disminuir los beneficios o una combinación de los dos; salvo, claro está, que se pretenda hacerle pagar los platos rotos al Estado o lo que es lo mismo a los contribuyentes que pagan sus impuestos . Con frecuencia pareciera que no hay el menor interés por resolver el problema. Si así fuera, sería mejor dejar de hacerle perder el tiempo a quienes, de buena fe, se han sentado en la mesa de negociaciones por largas horas durante varios meses, agradecer al PNUD los buenos oficios que gentilmente han venido brindando y dejar caer el telón, con la esperanza de que alguna futura administración con mayor voluntad política se decida a enfrentar el problema antes de que sea demasiado tarde.

Hoy por Hoy 2002/01/31

Hace 24 añosEl secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Tarcisio Bertone, enviado por el Papa a Panamá para participar en las ceremonias de conmemoración de los 114 años de la muerte de San Juan Bosco, ha puesto el dedo en la llaga que angustia y lacera a la mayoría de los panameños y extranjeros que residen aquí: la corrupción. “No puede haber paz si no hay justicia”, dijo el prelado, con lo cual sintetizó el asunto magistralmente. Ese es el problema principal de Panamá. Sin duda es el más grave de los males que sufrimos. La administración de justicia es ineficiente, tardía y corrupta, según la percepción ciudadana que se refleja reiteradamente en las encuestas y sondeos de opinión pública. El problema es muy simple: se ha perdido la credibilidad en todas las instituciones. No hay fe en los órganos Ejecutivo, Legislativo y tampoco en el Judicial. El Ministerio Público, por tanto tiempo cuestionado, no ofrece los resultados que el pueblo espera y los tribunales, a todos los niveles –incluyendo a la Corte Suprema de Justicia– ofrecen escaso remedio y, cuando lo hacen, es tardío. Se trata de una situación extremadamente peligrosa, porque cuando no hay remedio institucional surgen las vías de hecho, con impredecibles consecuencias para la economía, las estructuras políticas y la reputación de Panamá. El gobierno está jugando con fuego, y quien juega con fuego se puede quemar.

Hoy por Hoy 2002/01/30

Hace 24 añosLas religiones no deben intervenir en política, como enseña la historia europea, pero hay circunstancias en las cuales las personas, defraudadas por el sistema que las gobierna, claman por una orientación que rebase las instituciones donde no obtienen respuestas. Por esa razón y muchas otras, es sobremanera oportuno el pronunciamiento de los obispos de Panamá, reunidos en el Comité Ecuménico, para expresar su preocupación por la corrupción e inmoralidad de la clase política del país. Como bien dicen, ante tal estado de cosas, “no es posible estar en silencio”. Y eso es precisamente lo que individual y colectivamente debemos hacer: hay que romper el silencio, como señal de la indignación ciudadana. Basta ya de tanto cinismo y abuso de poder. Este país se merece mejores dirigentes, y si ellos no lo entienden así, se lo recordarán en las calles, y no de la mejor manera. Todos tenemos que prepararnos para el cambio, porque la República lo necesita. ¿Qué futuro tendrán las nuevas generaciones, si aprenden que la corrupción es un pecado venial que el tiempo borrará sin ninguna consecuencia? Es urgente que las investigaciones terminen lo más rápido que sea posible, pero deben terminar con resultados concretos. De lo contrario, las instituciones terminarán por perder la escasa credibilidad que les queda, y esa es una verdadera receta para el desastre.

Hoy por Hoy 2002/01/29

Hace 24 añosLos periodistas de radio, prensa o televisión, y los medios de comunicación social donde ejercen su oficio tienen el derecho y también el deber de informar. Esa fue la razón por la cual los reporteros de Telemetro, al filo de la medianoche, siguieron al legislador Carlos Afú, cuando abandonó las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, luego de sus controversiales declaraciones. Simplemente, querían saber dónde se hospedaba. Para sorpresa de ellos y de casi todos, la residencia a la cual se dirigió resultó ser la del contralor general de la República, quien reaccionó airado contra Telemetro, diciendo públicamente que “el mensaje que yo mando a ese canal, es que sigan su campaña, que en un momento dado van a tener que explicarle al país, por qué son concesionarios y beneficiarios de toda una serie de prebendas”. Si el contralor tiene razón, ha tardado demasiado tiempo en descubrirlo y, más lamentable aún, se ha enterado en el peor momento. Como ciudadano, y no como contralor, debe interponer la denuncia respectiva ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos para que se hagan las investigaciones correspondientes; y si no está de acuerdo con el resultado, para eso están los organismos jurisdiccionales competentes. Como suele olvidarse a menudo, conviene recordar el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue firmada y ratificada por Panamá, cuya letra dice: “Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Hoy por Hoy 2002/01/28

Hace 24 añosLa Constitución de 1972, desgraciadamente todavía vigente, fue hecha a la medida de la dictadura militar, y probablemente inspirada por alguien que conocía el libro con el sugestivo título de Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrito por Maurice De Joly. Todo está allí contemplado, desde la Asamblea de Representantes de Corregimiento –obviamente sin facultades–, el Consejo de Legislación, la forma de manejar la deuda pública y, al final, cómo, si es necesario, se puede montar un escenario con apariencias democráticas. El asunto constitucional fue complicado, porque se creó un Legislativo muy débil, frente a un Ejecutivo con muchos poderes. En aquellos tiempos, la cuestión era intrascendente, porque el presidente no significaba nada y era desechable, como se comprobó una y otra vez. Las cosas han cambiado, aunque algunos, ingenuamente creyeron que se podía gobernar en democracia con la misma Constitución de la dictadura. No es así. El país está en mora de un cambio constitucional profundo, con amplios consensos y sin imposiciones de ninguna naturaleza. Para que tenga coherencia, lo mejor es que el Ejecutivo haga buena su promesa de nombrar a una comisión que prepare un proyecto de constitución que sirva de base para ilustrar a la opinión ciudadana, porque de una manera u otra el cambio constitucional tiene que producirse a corto plazo.

Hoy por Hoy 2002/01/27

Hace 24 años

Hoy por Hoy 2002/01/26

Hace 24 añosEl cobro de las cuotas del Seguro Social está lejos de ser uno de los grandes problemas que afectan a la Caja. En términos generales, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la inmensa mayoría de las empresas cumplen sus obligaciones con la Caja, tanto en lo que se refiere al pago de las cuotas patronales como a la transferencia de los fondos retenidos del salario de los trabajadores. La fidelidad de las empresas en aportar a la Caja los fondos que la ley prescribe, es más el resultado de un compromiso con el Seguro y la legalidad que de la satisfacción con los servicios que brinda la institución. La morosidad y las cuentas malas, que nadie niega que las haya, impactan negativamente las finanzas de la Caja, pero los porcentajes que dichos montos representan han sido y siguen siendo muy bajos. Es lógico que la administración del Seguro busque una manera eficiente de cobrar sus deudas, pero nadie debe cometer el error de creer que las medidas que se puedan adoptar a este respecto remediarán los males que enfrenta la institución. En un tema tan complejo, es recomendable no entretenerse en cuestiones subalternas y tomar el toro por lo cuernos de una vez por todas. El tiempo del diálogo, por más que quisiéramos, no es eterno. Y la respuesta que la sociedad y el gobierno deben acordar no parece estar pronta a aterrizar.

Hoy por Hoy 2002/01/25

Hace 24 añosEn Arraiján se encuentra el tramo panameño más conflictivo de la carretera Panamericana. El cierre de la vía, la presencia de la policía antidisturbios, la desesperación y el pleito son lugares comunes del área. Un día cierran los usuarios; otro, los propietarios de autobuses. El malestar es general y la regulación estatal no funciona. No falta el abuso de autoridad. Aún el país no ha olvidado el caso de un agente policial que detuvo un taxi y pidió a los ocupantes, hombre y mujer, que se besaran para verificar si en realidad constituían un matrimonio. Con un acentuado crecimiento demográfico, Arraiján es un microcosmos del caos del transporte urbano en buena parte de la región metropolitana. Es cierto que muchos vehículos, sobre todo taxis, carecen de los permisos respectivos para transportar pasajeros entre la capital y las urbanizaciones y barrios del distrito dormitorio de Arraiján. Se ha incrementado tanto la población en esa área que no son suficientes los autobuses ni es eficiente el servicio que prestan. Ni Kafka se lo imaginaría: cuando se registran las operaciones policiales, los usuarios se amontonan en torno a las paradas mientras los agentes obligan a los pasajeros a bajar de los llamados taxis-pirata. Se desborda entonces la ira de los usuarios, que llegan a destiempo a sus labores. ¿Es tan difícil para la Autoridad del Tránsito sentar a toda las partes y ponerle sentido común a esta historia?

Hoy por Hoy 2002/01/24

Hace 24 añosLa creación de una Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, integrada por personas de reconocida trayectoria profesional, es preocupante aunque el propósito sea bueno. Ocurre que obvias limitaciones constitucionales, particularmente en cuanto a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la de la Administración, imponen muy serios límites a lo que la comisión puede hacer. Fundamentalmente por esas razones, muchos consideran que el nombramiento de la comisión es una especie de cortina de humo para hacer ver que se intenta luchar contra la corrupción, cuando básicamente lo único que puede hacer es recomendar cambios en la legislación y las instituciones. Sería muy lamentable que las ilustres personalidades que forman parte de la comisión presidencial terminen frustradas y frustrando -aunque no lo quieran- la esperanza que su designación ha despertado en la mayor parte de los ciudadanos. El país sufre una crisis de dimensiones colosales y ninguna burla más será tolerada, porque todo tiene un límite y nos estamos acercando peligrosamente a él, lo que no conviene a nadie. Hay que resolver la crisis, y para contribuir a ese objetivo todos los legisladores deben imitar el ejemplo de su colega Rubén Arosemena, y renunciar a sus inmunidades para facilitar las investigaciones. También ayudaría que los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaran el consejo de dos ex presidentes de la República: renuncien.

Hoy por Hoy 2002/01/23

Hace 24 añosLa ley de libre acceso a la información pública, sancionada ayer por la presidenta de la República, es digna del reconocimiento ciudadano, especialmente en las circunstancias tan críticas que vive el país. El suministro de información de cualquier oficina gubernamental ha dejado de ser asunto discrecional del funcionario. Es un derecho que exige el solicitante y si se le niega, tiene la facultad legal de interponer un recurso de Hábeas data, para que los tribunales competentes le ordenen al funcionario el cumplimiento de la petición del interesado. Si se incumple la orden judicial, el funcionario será sancionado por desacato. Ahora es cuestión de ponerla en práctica y fiscalizar su estricto cumplimiento, especialmente por los más interesados en que se divulgue la información pública de interés general, que son los periodistas. La ley fue producto de distintos anteproyectos que se armonizaron en un texto único. Tal vez tenga deficiencias, pero en términos generales es una buena ley. Con el tiempo, la práctica indicará qué modificaciones o adiciones conviene introducirle para hacerla más efectiva. No es una ley que requiera de especialistas para entender su alcance; tiene el propósito de facultar a las personas, individual o profesionalmente interesadas, para que contribuyan a disipar la densa bruma que ensombrece muchos de los actos de gobierno de pasadas, presentes y futuras administraciones. Lo que el país necesita es transparencia en los actos gubernamentales y esta ley es un instrumento valioso para lograrla.

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