Hoy por Hoy 2002/03/05

La Ley para la Transparencia en la gestión pública es, sin lugar a dudas, un avance significativo para lograr que los funcionarios se hagan responsables y rindan cuenta de sus actos a la ciudadanía a cuyo servicio deben sus cargos. Los medios de comunicación social, en ejercicio de su función informativa, son los primeros llamados a utilizar esta singular herramienta. En el uso de este derecho tienen el deber de distinguir entre la información de interés público y la que solo tiende a alimentar el morbo de los lectores. Así, no pareciera cumplir ningún propósito publicar indiscriminadamente la lista de los salarios de los funcionarios de una entidad, pero sí lo tendría divulgar los devengados por los parientes y amigos del jefe de la institución o por quienes, sin prestar ningún servicio, aparecen, no obstante, en la planilla. Sí tiene importancia conocer a los periodistas, columnistas y comentaristas de la prensa, radio o televisión contratados por una entidad pública, no porque ello sea malo, sino porque sus lectores, radioescuchas o televidentes tienen el derecho a disponer de esta información para hacerse su propio juicio en cuanto al valor que deben asignarle a sus noticias, comentarios y opiniones. Los medios, mucho menos los periodistas, pueden arrogarse el derecho a exponer y criticar sin conceder el recíproco de ser expuestos o criticados. De otra manera, difícilmente imperaría la libertad de información y de opinión.