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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto que emitió la Contraloría General de la República para fijar controles a las donaciones hechas por los diputados de la Asamblea Nacional, toda vez que viola la Constitución, “porque regula una materia inconstitucional”. En buen momento ha venido la Corte a emitir esta decisión, sobre todo después de que una investigación periodística dejara al descubierto el modus operandi que utilizaron algunos diputados para manipular millones de dólares de recursos públicos en beneficio propio. Esto nos recuerda la historia de las nefastas partidas circuitales, que luego de ser eliminadas, parecen haber continuado bajo el disfraz de donaciones. Con esta decisión, el mensaje enviado es muy claro: la función constitucional de los diputados no es otra que legislar en beneficio del país. Este es el momento propicio para que los fondos que manejan otras instituciones estatales en este concepto sean revisados. Es hora de acabar con los mercaderes del dolor ajeno que, sin el menor de los reparos, disfrazan de donaciones sus fechorías y prácticas clientelistas.

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Hace 9 añosEn medio de la mayor crisis de credibilidad de los últimos tiempos, los diputados debaten uno de los temas más importantes para el país: las reformas electorales, que han de determinar las reglas del próximo torneo electoral. El proyecto, que fue consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales durante 41 sesiones entre enero y diciembre de 2015, reposa en la Asamblea desde enero de 2016 y ahora, más de un año después, cada noche presenciamos el espectáculo que protagonizan los diputados, quienes a golpe de curul aprueban los artículos “no conflictivos”, mientras dejan para último momento aquellos más sensitivos. La poca seriedad demostrada en estas discusiones no es otra cosa que un gran irrespeto al año de trabajo que la sociedad civil organizada dedicó a esta labor. Los panameños no podemos olvidar la amarga experiencia de las elecciones de 2014, en las que quedó al descubierto el uso de recursos públicos en proselitismo, así como un desaforado financiamiento privado a las campañas electorales. La responsabilidad histórica recae en los diputados, que una vez más tienen en sus manos la posibilidad de fortalecer o debilitar nuestra democracia.

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Hace 9 añosPanamá, finalmente, reconoció ayer y pidió perdón por la desaparición forzada de la estudiante Rita Irene Wald Jaramillo, hecho ocurrido durante la dictadura militar (1968- 1989). Cuarenta años han transcurrido desde su desaparición y apenas sus familiares comienzan a sentir que se hace justicia. La sociedad panameña necesita una reconciliación plena para sanar las heridas que dejaron las injusticias, abusos y crímenes de la dictadura. Wald es una de las 110 víctimas de esa oscura época, por ello, el Estado debe reconocer estas vejaciones y pedir perdón por todas las víctimas, sin excepción, ya que sus derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad fueron violentados. Tampoco tuvieron derecho a un proceso judicial en el que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de los hechos para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de sus terribles desapariciones. Que se haga justicia no solo es una demanda de las familias afectadas, sino un clamor de todos los panameños. Esto es lo que necesitamos para poner punto final, sin que ello implique olvido, a tan horrenda historia.

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Hace 9 añosLa Asamblea Nacional ha nombrado una comisión especial para que en 90 días se investiguen los supuestos actos de corrupción, ocurridos durante los tres últimos periodos presidenciales. La gran incógnita es con qué moral los diputados pretenden llevar adelante esa iniciativa, cuando precisamente en estos momentos se encuentran en medio de serios cuestionamientos producto de la dilapidación de recursos públicos. Pretender que este órgano del Estado, al que de paso no le corresponde investigar la posible comisión de delitos -sino legislar- logre descubrir y comprobar actos de corrupción en las contrataciones del Estado de forma objetiva e imparcial, y mucho menos en este periodo de tiempo, es simplemente otra burla a la sociedad. Si los diputados están realmente interesados en acabar con este flagelo, ¿por qué entonces no han iniciado la discusión y aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas? ¿O es que no se dan cuenta de la poca credibilidad de la que gozan sus acciones ante el país? Señores diputados, tienen muchísimo trabajo que hacer antes de comprometer tiempo y más recursos públicos en engañar nuevamente a sus electores. ¡Qué desfachatez!

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Hace 9 añosDesde 1994, anualmente se celebra la cumbre de Harvard Association Cultivating Inter American Democracy (Hacia Democracy) en la que por tres días estudiantes de escuela secundaria tienen la oportunidad de conversar y debatir sobre las preocupaciones más relevantes de los países americanos y constituye el simulacro más antiguo y prestigioso que se realiza de la OEA. Este año, Panamá fue la sede del encuentro, y una vez más nuestros jóvenes tuvieron la gran oportunidad de formar parte de este prestigioso evento. En momentos en los que la región sufre los embates de la corrupción y se enfrenta a una democracia debilitada, es alentador saber que son precisamente ellos quienes han empezado a crear conciencia de la importancia que tiene luchar por la sostenibilidad de los derechos y libertades fundamentales necesarios para una vida en democracia y que es solo a través del intercambio respetuoso de ideas que las sociedades pueden aspirar a una convivencia pacífica y justa. A Panamá le urge que la calidad de la educación se convierta sin más dilación en un tema de Estado.

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Hace 9 añosAnte los hechos expuestos recientemente y que dejan al descubierto la profunda crisis de valores existente en el Órgano Legislativo, cobra especial relevancia el ejercicio del sufragio mediante un voto informado a conciencia. La función de los diputados es generar y aprobar el fundamento jurídico que regulará la vida diaria del país, por lo que recurrir a la inversión de tiempo y recursos estatales en intentar comprar la conciencia de los votantes refleja la poca capacidad que tienen de lograr un escaño en la Asamblea Nacional a través de propuestas concretas y efectivas, encaminadas a mejorar la sociedad panameña mediante el fortalecimiento de nuestra democracia. Lo que presenciamos día a día en el hemiciclo no es otra cosa que el más burdo acto circense, por lo que es nuestra responsabilidad que no continúe tan deplorable espectáculo. Como electores nos corresponde conocer muy bien a los candidatos y escoger solo aquellos que demuestren capacitación, preparación y cuya prioridad comprobada sea cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes de la República. No nos debe temblar la mano para castigar conductas reprochables. De lo contrario, solo quedará seguir lamentándonos del resultado de nuestra irresponsabilidad.

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Hace 9 añosMedicina preventiva. Esa es la vacuna más eficaz contra las enfermedades más comunes que afectan a miles de panameños que pierden la vida cada año, por llevar una vida sedentaria y una alimentación deficiente en muchos aspectos. Las escuelas, el Ministerio de Salud y otras instituciones que tienen que ver con la educación y la salud pueden ayudar en este proceso, vital para conservar la vida de jóvenes, mujeres y hombres que sufren de enfermedades fácilmente evitables con ejercicios y dietas más saludables. Pero la clave, insistimos, es la prevención: empezar en el hogar y las aulas de clases, donde los niños deben adquirir conciencia de lo que comen. Con ello, el Estado no solo velaría por una sociedad con menos sufrimientos, sino que ahorraría a los contribuyentes millones de dólares en costosos medicamentos y tratamientos, que en muchos casos llegan demasiado tarde. La iniciativa ayudaría a que los padres de estos estudiantes, además, tomen conciencia de sus deficiencias y probablemente logren vidas más prolongadas y de calidad. Basta una buena estrategia, voluntad política y unos cuantos dólares para lograr el objetivo.

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Hace 9 añosCualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir información veraz y oportuna de una entidad gubernamental, toda vez que esta es de carácter público. Estos son principios que consagra la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de transparencia y acceso a la información. En virtud de lo anterior, es inaceptable que gobierno tras gobierno nos encontremos con funcionarios que insisten en incumplirla. Ya se ha vuelto práctica común que las autoridades guarden un silencio cómplice ante las solicitudes de información hechas por particulares o, lo que es peor, eviten hacer comentarios a los cuestionamientos de la ciudadanía. Ante este panorama, la sociedad tiene la gran responsabilidad de demandar a los gobernantes, incluyendo a los diputados, que enfrenten el escrutinio público y que rindan cuentas de sus actos. No podemos permitir, ni un día más, el silencio de funcionarios. Solo así la lucha en contra de la corrupción tendrá éxito y nuestra democracia se fortalecerá.

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Hace 9 añosSi el mandato constitucional del Órgano Legislativo es hacer leyes, ¿por qué los diputados siguen empecinados en inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia? ¿Por qué tienen que tener fondos estatales para regalar a su discreción? Y ahora nuevamente nos llenamos de estupor ante el hecho de que millones de dólares pueden haberse sustraído mediante contrataciones falsas o donativos que no llegaban a sus destinatarios. Trucos ideados por “juega vivos” para robarnos a todos. Aunque sean ellos los que hagan las leyes, no están por encima de ellas y todas estas irregularidades merecen una prolija investigación. No es la primera vez que vemos cómo se esfuman los millones en manos de diputados. En la administración pasada fueron más de 400 millones de dólares.

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