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La Asamblea Nacional ha nombrado una comisión especial para que en 90 días se investiguen los supuestos actos de corrupción, ocurridos durante los tres últimos periodos presidenciales. La gran incógnita es con qué moral los diputados pretenden llevar adelante esa iniciativa, cuando precisamente en estos momentos se encuentran en medio de serios cuestionamientos producto de la dilapidación de recursos públicos. Pretender que este órgano del Estado, al que de paso no le corresponde investigar la posible comisión de delitos -sino legislar- logre descubrir y comprobar actos de corrupción en las contrataciones del Estado de forma objetiva e imparcial, y mucho menos en este periodo de tiempo, es simplemente otra burla a la sociedad. Si los diputados están realmente interesados en acabar con este flagelo, ¿por qué entonces no han iniciado la discusión y aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas? ¿O es que no se dan cuenta de la poca credibilidad de la que gozan sus acciones ante el país? Señores diputados, tienen muchísimo trabajo que hacer antes de comprometer tiempo y más recursos públicos en engañar nuevamente a sus electores. ¡Qué desfachatez!