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El decreto que emitió el año pasado la Contraloría General de la República con el fin de regular las donaciones y subsidios que otorga la Asamblea Nacional le dio legitimidad a una atribución que no está autorizada por la Constitución. Y es que en el texto constitucional no hay una sola palabra que le dé atribuciones a los legisladores para gestionar donaciones, para arreglar problemas comunitarios, etc. Eso es tarea de otras dependencias estatales, que sí están autorizadas por la Constitución. Así las cosas, la Contraloría jamás debió emitir tal decreto, ya que la consecuencia inmediata fue darle legitimidad a una clara extralimitación de funciones. Pero como si esto no fuera poco, una rápida mirada a las donaciones y subsidios que ha aprobado la Asamblea, que están refrendados y en trámite, revela que los topes establecidos en la regulación han sido superados por miles de dólares. Es decir, que encima de que la Asamblea maneja un presupuesto abultado para disponer de él a su entera discreción sin estar autorizada a hacerlo, la propia Contraloría ignora lo que aprobó. En vez de control, todo parece ir de mal en peor.