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Cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir información veraz y oportuna de una entidad gubernamental, toda vez que esta es de carácter público. Estos son principios que consagra la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de transparencia y acceso a la información. En virtud de lo anterior, es inaceptable que gobierno tras gobierno nos encontremos con funcionarios que insisten en incumplirla. Ya se ha vuelto práctica común que las autoridades guarden un silencio cómplice ante las solicitudes de información hechas por particulares o, lo que es peor, eviten hacer comentarios a los cuestionamientos de la ciudadanía. Ante este panorama, la sociedad tiene la gran responsabilidad de demandar a los gobernantes, incluyendo a los diputados, que enfrenten el escrutinio público y que rindan cuentas de sus actos. No podemos permitir, ni un día más, el silencio de funcionarios. Solo así la lucha en contra de la corrupción tendrá éxito y nuestra democracia se fortalecerá.