TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 8 añosEl Tribunal Electoral todavía no ha recibido respuesta de los representantes de los partidos políticos respecto a la firma de un “pacto ético” que acompañe las próximas elecciones generales. En el año 2009 ningún candidato avaló el acuerdo. En 2014 sí hubo pacto, pero sabemos lo que ocurrió después: un alud de insultos y expresiones denigrantes –algunas con la participación de quien entonces ejercía la máxima autoridad gubernamental, el Presidente de la República–, y el evidente uso de recursos del Estado para descalificar al oponente. Algunos entonces se preguntarán qué importancia tiene un pacto ético si, a la hora de la hora, los firmantes prometen una cosa y luego hacen otra. Es precisamente por eso que urge asumir un compromiso genuino de los actores del proceso electoral, para elevar el nivel del discurso y no el tono de la diatriba. Como si fuera poco, el lenguaje de algunos funcionarios está profundizando las brechas entre los panameños y augura un ambiente más grosero a medida que se aproximan las elecciones. Se pueden tener diferencias partidistas, pero estas no justifican las expresiones hostiles ni las agresiones. Los panameños merecemos unos comicios basados en el debate de ideas y propuestas electorales dentro de un marco de respeto y de equidad para oficialistas y opositores, y no un simple conteo de votos y ya. Lástima que la adhesión al pacto y la conducta ejemplar no sean de obligatorio cumplimiento.
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Hace 8 añosLos jóvenes han perdido con la actual situación económica del país. Una década atrás, de cada cuatro nuevos empleos formales, uno era ocupado por un trabajador menor de 30 años de edad. Actualmente, por cada 11 adultos que consiguen un empleo, un joven lo pierde. ¿Qué le sucedió a la boyante economía panameña en materia de generación de nuevas plazas de trabajo? La empresa privada ha dejado de ser un gran generador de nuevos puestos por el cambio de ciclo económico. Las políticas públicas y las diferencias entre distintos órganos del Estado no parecen favorecer la recuperación del tan importante trabajo juvenil. Estamos arriesgando el futuro de una generación completa de panameños y que la economía cargue con una baja productividad y grandes subsidios, por culpa de la mediocridad educativa, la burocracia retardante y un sector privado que se acostumbró al exceso de dinero público. Mientras la deserción escolar mantenga tan altos niveles, los embarazos en adolescentes sean tan comunes y la educación pública se mantenga rezagada, seguirá siendo difícil romper el círculo vicioso. No hay soluciones fáciles, pero un esfuerzo decidido para incentivar la innovación, la formación profesional y la creación de nuevos mercados parecen ser la mejor vía para insertar a más jóvenes en la economía formal. La mejor política pública es un buen empleo. Nos corresponde a todos, pero especialmente a aquellos que llevan las riendas del Estado, poner manos a la obra.
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Hace 8 añosEl ejercicio del poder público conlleva importantes responsabilidades, quizás la más vital, la de rendir cuentas por las acciones realizadas. En el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, se vienen acumulando decisiones judiciales y peticiones administrativas de distintas agencias del Estado, que no están recibiendo la respuesta apropiada por parte de la autoridad máxima del Órgano Legislativo. En esta época de transparencia y de expectativas ciudadanas sobre la rendición de cuentas de los funcionarios, la actitud de la diputada Yanibel Ábrego manifiesta silencios y evasivas que van entretejiendo una muralla de complicidad preocupante. Es harto conocido el festín de cientos de millones de dólares en el que participaron los diputados en el gobierno pasado, al igual que las decenas de millones que han sido identificados en la actualidad como destinados a supuestas donaciones y servicios personales irregulares. De esto último, la Asamblea ha evitado cooperar y difundir la información que corresponde. La conclusión solo puede ser una: los diputados quieren ser impunes, y su presidenta encabeza ese inmoral esfuerzo.
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Hace 8 añosLa Contraloría General de la República está dando señales de que intenta hacer su trabajo en lo que se refiere a la fiscalización del manejo de fondos públicos por parte de la Asamblea. Primero fueron las auditorías de las juntas comunales; luego, a los contratos por servicios profesionales. Ahora se trata de una advertencia hecha a la presidenta de la Asamblea en el sentido de que revisará el proceso de gastos de la partida 080 por medio de la cual los diputados pagan sus planillas personales.
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Hace 8 añosLa Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional fue escenario de un ejercicio de política de zaguán, cuando con amenazas se separó de la presidencia de dicha comisión al diputado que la presidía. Esto solo demuestra la precaria situación de la tutela ambiental en el país. Existen temas de urgencia notoria como la cuestión de Coiba, la aplicación de salvaguardas ecológicas para enfrentar la minería, la proliferación de iniciativas que en nada contribuyen a combatir el cambio climático o a mejorar la calidad ambiental del país. El principal proyecto de ley que esta comisión ha ventilado, el 485, que establece un Código Ambiental, es rechazado por todos los sectores. Mientras tanto, la tala legal e ilegal avanzan devorándose los pocos bosques que nos quedan. Sitios emblemáticos como el volcán Barú o Isla de Cañas enfrentan graves amenazas a su integridad como áreas protegidas. La Comisión de Ambiente ha dejado un vacío en la actualidad, que ninguna otra entidad puede cubrir. Allí están las llaves y los candados que pueden abrir o cerrar las puertas hacia el desarrollo sostenible. Nos mantendremos vigilantes.
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Hace 8 años


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Hace 8 añosEl volcán Barú, la máxima elevación del territorio nacional, es uno de los hitos geográficos más simbólicos para los panameños. De sus entrañas nacen algunos de los ríos más importantes del occidente y en él habita una diversidad de especies animales y vegetales que no se encuentra en otros lugares del país. Sin embargo, no escapa de la devastación del hombre. Tan solo hace unas semanas, se talaron algunos bosques de las laderas del volcán y se ensancharon las rutas de acceso, todo esto sin estudio de impacto ambiental y mucho menos consulta pública. Lo relativo a esta iniciativa es un misterio, que continúa la tendencia de este gobierno de abrir a la brava las áreas protegidas del país. Parece haberse convertido en una práctica común. Lo hemos visto en Donoso, Camino de Cruces, la laguna de Matusaragatí y en la isla de Coiba. Panamá es sumamente susceptible a las consecuencias del cambio climático, a los devastadores efectos de la corriente de El Niño y, por su posición geográfica, somos vulnerables a las plagas y epidemias facilitadas por la destrucción de ecosistemas claves. Darle la bienvenida al turismo y otras actividades autosostenibles no es necesariamente incompatible con la protección de las reservas panameñas; sin embargo, esta bienvenida debe hacerse en estricto apego a las normas ambientales y de la ley. Existen modelos exitosos en el mundo del turismo sostenible que valdría la pena estudiar e implementar, sin perder de vista que lo que no podemos aceptar es que las ganancias a corto plazo de pocos se conviertan en las pérdidas a futuro de muchos.
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Hace 8 añosLa búsqueda de una candidatura a un puesto de elección popular, por vía de la recolección de firmas, es una tarea compleja, tediosa y engorrosa, que han enfrentado los distintos aspirantes con la incertidumbre de su esfuerzo.
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Hace 8 añosUna persona inocente sería la primera interesada en que, de forma rápida y directa, se ventilara un proceso penal que le involucre y que seguramente reiteraría su inocencia. En cambio, un grupo de diputados está intentando todo tipo de leguleyadas, incluyendo desacatos y acciones dilatorias, para empantanar a la justicia, no solo en los tribunales, sino también en la Comisión de Credenciales de la propia Asamblea Nacional. En vez de demostrar que quienes hacen las normas jurídicas son los primeros que las obedecen, los diputados están haciendo gala de aquel adagio que reza: “hecha la Ley, hecha la trampa”. Primero con la Comisión de Credenciales demostraron su total irrespeto hacia las normas parlamentarias y al principio de legalidad. Ahora , con los amparos de garantías constitucionales contra las resoluciones de la Contraloría, que fundamentan las auditorías, han mostrado sus verdaderos colores. Ellos son parte de un sistema que genera y necesita impunidad. Eso no lo cambian los buenos deseos de una diputada solitaria, que debía saber, por experiencia propia, que solo la acción decisiva de la justicia fortalece la democracia.

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