La Contraloría General de la República está dando señales de que intenta hacer su trabajo en lo que se refiere a la fiscalización del manejo de fondos públicos por parte de la Asamblea. Primero fueron las auditorías de las juntas comunales; luego, a los contratos por servicios profesionales. Ahora se trata de una advertencia hecha a la presidenta de la Asamblea en el sentido de que revisará el proceso de gastos de la partida 080 por medio de la cual los diputados pagan sus planillas personales.
Se trata de un fondo millonario que manejaban a espaldas de la opinión pública hasta que, al calor de un dime-que-te-diré, el diputado José Luis Varela lo sacó a relucir. Ciertamente, la medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo -a partir del rechazo, por parte de este último, de las candidatas a magistradas propuestas por el gabinete- se presta a interpretaciones en el sentido de que la actuación del Contralor es un pase de factura o un mecanismo de presión.
Sin embargo, más allá de cualquier lectura política, lo cierto es que comprobar que los bienes pagados con fondos públicos estén siendo recibidos y que los servicios contratados estén siendo prestados, es tarea del contralor, por lo que las mencionadas señales resultan reconfortantes.
