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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosEl Tribunal Electoral restableció el mandato de paridad para las candidaturas políticas a cargos de elección popular, excepto el de presidente de la República. Por medio de un decreto reglamentario del 11 de mayo, la máxima autoridad en materia de elecciones derogó los artículos que el 26 de abril pasado habían sido consensuados con los partidos políticos y que limitaban los espacios de participación para las mujeres. Desde que en 1941 las ciudadanas panameñas obtuvieron el derecho al voto, solo ha habido una mujer presidenta de la República y otra como vicepresidenta. Así mismo, solo dos mujeres han liderado la Asamblea Nacional y tres juristas han presidido la Corte Suprema de Justicia. Existen barreras culturales e institucionales que afectan la participación femenina en la política, en algunos casos deben lidiar con su carrera y con el hogar, y en muchos otros, son la cabeza de hogares monoparentales. La cuota de paridad de género es el único ejemplo de acción afirmativa que existe en nuestra legislación, y es el mecanismo que internacionalmente se ha escogido para aumentar la representación de las mujeres. Ahora los partidos tienen el reto de escoger a las mejores.

Hoy por hoy

Hace 8 añosUna acción de inconstitucionalidad busca que la Corte Suprema de Justicia declare que las donaciones de personas jurídicas a las campañas electorales sean consideradas inconstitucionales, y que solo las personas naturales puedan realizar aportes. Un caso del extranjero que ilustra el problema es el de una sociedad anónima de Delaware utilizada como canasta para recibir fondos de oligarcas rusos y de empresas multinacionales que habrían pretendido influenciar al entonces presidente electo Donald Trump. Sin el control de las donaciones y aportes para las campañas electorales, no se puede identificar el origen de los fondos y los posibles intereses de los donantes detrás de estos. En Panamá, a pesar de las reformas realizadas, nuestras sociedades anónimas todavía protegen a sus dueños reales. La pregunta fundamental que debe hacerse la Corte Suprema es: con todo lo que esta democracia ha sufrido por la opacidad, ¿el país debe seguir tolerándola?

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Hace 8 añosLa Caja de Seguro Social es la mayor aseguradora del país, la principal proveedora de servicios de salud y la administradora de fondos de jubilación más grande de nuestra nación. Todas estas características reclamarían una junta directiva profesional, independiente y responsable, pero este no ha sido el caso. Desde 2004 hasta la fecha, la Caja ha enfrentado la crisis del dietilenglicol, la defraudación del SIPE, la escasez de medicamentos, múltiples escándalos de sus servicios médicos y desde hace varios años la ausencia de informes actuariales que describan la realidad financiera de los fondos de jubilación. A todo lo largo de este historial, la junta directiva ha sido cómplice de la situación en que está la Caja. Por si fuera poco, los gastos derivados de la operación de dicha junta directiva se han incrementado, sin contar los fondos destinados para viajes al extranjero para supuestas capacitaciones cuyos resultados se desconocen. Si persiste más de lo mismo, vamos hacia el colapso en los servicios sociales que los asegurados pagan con gran esfuerzo. Urge tomar una decisión inmediata. Ya basta de diatribas estériles y discursos demagógicos.

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Hace 8 añosLa legalización del cannabis para uso medicinal es un tema cargado de mitos y prejuicios. Aunque no es la panacea, existen estudios científicos que validan los efectos paliativos de moléculas derivadas de esa planta, sobre todo en el tratamiento de dolor agudo y crónico, y de la epilepsia. La comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó en primer debate el proyecto de ley 595, con la intención de autorizar el uso de medicamentos controlados derivados del cannabis. Hasta ahora, el proyecto solo se refiere a su importación y comercialización, y deja fuera lo relacionado al cultivo local del cannabis con fines terapéuticos; tampoco se ha abordado la adecuación de ninguna norma penal sobre delitos relacionados con drogas, lo que podría crear un área gris en esta delicada materia. En adición, si el proyecto es convertido en ley, su implementación requerirá programas multisectoriales que involucren educación -sobre todo de la población joven-, control y vigilancia farmacológica efectivos, y regulación comercial suficiente. ¿Tiene Panamá la capacidad para monitorear rigurosamente las actividades lícitas relacionadas con la marihuana? La legalización no es solo la eliminación de una restricción, sino el establecimiento de programas y medidas propios de una institucionalidad robusta. Cómo hacerlo, sin poner en riesgo el legítimo interés de los pacientes ni el de la comunidad, es el gran reto.

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Hace 8 añosLos archivos judiciales guardan unos 3 millones de documentos que incluyen casos, investigaciones, sentencias y decisiones legales que han definido la historia y curso de este país. Su consulta continua por abogados y otros interesados es un proceso engorroso y en ocasiones sus resultados no son satisfactorios. Al igual que el resto de los archivos del Estado, la memoria judicial enfrentaba un riesgo cierto de desvanecerse entre la polilla, la humedad, el deterioro natural del tiempo y los ocasionales incendios que han amenazado a estos expedientes. Con los exiguos recursos de su presupuesto, el Órgano Judicial ha emprendido el proyecto de digitalizar estos archivos, y lo ha encargado a un pequeño y heroico grupo de archivólogos que le darán forma a esta titánica tarea. Aunque este esfuerzo tomará años completarse, servirá para organizar y estudiar el funcionamiento de las fiscalías y tribunales de los circuitos judiciales de mayor volumen de trabajo, las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí. Somos un país que no se ha caracterizado por conservar y gestionar responsablemente los archivos históricos y los objetos de valor cultural que forman parte de la identidad nacional. Este esfuerzo de digitalización debe ser replicado a nivel nacional, y por múltiples entidades que ignoran su propia historia y desconocen lo que guardan sus propios archivos. En buena hora empezamos a recuperar nuestra memoria.

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Hace 8 añosA principios de 2016, el presidente de la República prometió que el tema de la Caja de Seguro Social sería la prioridad nacional, después de la apertura de la ampliación del Canal de Panamá. Tras dos años de esa promesa, no hay indicios de que se vaya a cumplir. Los servicios de salud prestados por la CSS se encuentran en crisis, a la vez que serias irregularidades acerca del SIPE crean más dudas sobre la realidad financiera de la institución. Empeora este escenario que el director general de la CSS pareciera más interesado en ventilar sus inconformidades, que en rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, a la junta directiva de la propia institución para la que trabaja y, sobre todo, a los asegurados, que son los que pagan su salario. El drama humano de la ineficiencia y la indiferencia de la burocracia de la CSS es abrumador. Decenas de miles de pacientes desconocen cuándo tendrán sus medicinas o recibirán sus tratamientos. Este panorama revela que hay una sola razón detrás de estos problemas: el Gobierno Nacional prefiere la cortadera de cintas, a ejercer el liderazgo necesario para tomar las decisiones difíciles que requiere la CSS.

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Hace 8 añosLa situación de las finanzas y de los servicios médicos de la Caja de Seguro Social es una sombra que acompaña al panorama electoral de 2019. Las afiliaciones irregulares de extranjeros, los 300 millones de dólares supuestamente malversados de las cuotas obrero-patronales, la falta de informes actuariales recientes, la deficitaria atención en salud, la escasez permanente de medicinas e insumos, y mútiples irregularidades en la gestión de personal de la CSS, merecen la atención permanente del gobierno, los ciudadanos y los medios de comunicación. El tamaño del problema es inmenso, ya que casi una cuarta parte del presupuesto general del Estado pertenece a la CSS, organización que tiene más de dos millones de usuarios. Los términos para las elecciones de 2019 no son razón suficiente para detener los esfuerzos e iniciativas destinadas a mejorar la CSS. Es tiempo de que el gobierno, la junta directiva, su director general y sus altos ejecutivos entiendan que el país reclama transparencia y rendición de cuentas. La seguridad social debe descansar sobre la confianza y no sobre la incertidumbre.

Hoy por hoy

Hace 8 añosEl eslabón más débil de la cadena de la lucha contra la corrupción es el Órgano Judicial. Desde los juzgados de provincia hasta el pleno de la Corte Suprema de Justicia, algunos fallos, y el comportamiento de ciertos jueces y magistrados despierta serias sospechas sobre las inclinaciones de la justicia panameña.

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