TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 8 añosLa moratoria para los nuevos proyectos en Condado del Rey fue una medida de urgencia frente a las inundaciones y los interminables tranques que ha enfrentado dicha comunidad. Ahora , en lo que parece ser una solución salomónica, la Alcaldía de Panamá llegó a un acuerdo con cinco promotores, los cuales financiarán un estudio de manejo de aguas y de tráfico, así como la limpieza de ríos y quebradas en la zona. A cambio de esto, y una vez entregados los informes, se podrá construir nuevamente en el área. Aunque estos acuerdos deben ser vigilados por la ciudadanía, y las autoridades están obligadas a la máxima transparencia en el manejo del tema, este esquema es un buen ejemplo que debe servir de guía para otras partes de la ciudad y del país, enfrentadas a unas inversiones descontroladas, que exceden la capacidad ambiental y de servicios públicos disponibles. Es evidente el gran vacío que provoca la falta de una política de ordenamiento territorial y el fracaso de los estudios de impacto ambiental que han sido incapaces de darle coherencia a ciertas actividades económicas. Vivimos en el mismo planeta y tenemos que compartirlo.
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Hace 8 añosAlgunos abogados, amigos y copartidarios del ciudadano Ricardo Martinelli se han dedicado a confundir con medias verdades y también alguna mentira flagrante, incluyendo que al exgobernante se le han violado sus derechos. Pero, en medio del torrente de palabras por ellos difundido, también se ha colado alguna verdad. Por ejemplo, que a su defendido ni siquiera se le ha tratado como a un preso común. Eso es cierto: al extraditado expresidente se le ha dispensado un trato claramente privilegiado. De eso pueden dar fe los enfermos a la espera de camas para ser atendidos en los hospitales públicos; los que han sido privados de libertad sin tener sentencias; los que comparten sudor y lágrimas hacinados en una celda, sin aire acondicionado ni plasma, en La Joya o La Joyita, entre otros reclusorios. Hecha esta aclaración, reenfoquémonos en los temas de los que depende el progreso o retroceso de este país. Y dispongámonos a disfrutar de un espectáculo más digno, sobre todo en esta feliz ocasión en que, por primera vez, tendremos el gusto de ver jugar a nuestra Selección Nacional. Bienvenida, Rusia 2018.
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Hace 8 añosA todos los panameños nos interesa, y hasta nos conviene, que al ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal se le respeten sus derechos. Eso sí, que se le respeten a él, pero también a los miles de privados de libertad que esperan sus condenas o cumplen penas en nuestras cárceles, y a todos esos pacientes que acuden al Hospital Santo Tomás, la Caja de Seguro Social o alguno de los centros de salud del Estado con la expectativa de que les brinden atención de calidad, a tiempo y con humanidad.
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Hace 8 añosEn la historia del país, pocas veces un expresidente enfrenta un  proceso por actos realizados durante su administración. De lo que se trata aquí es de la rendición de cuentas por la comisión de presuntos delitos, que involucran importantes derechos humanos de empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y ciudadanos que sumaron, al menos, 150 víctimas, y cuya privacidad fue burlada y vilipendiada. Aunque tan solo un puñado de ellos ha querido constituirse en parte del proceso, hay muchas más  familias que sufrieron  un atropello imperdonable de sus derechos. Al reo traído desde Miami se le deben respetar todas sus garantías.  A las víctimas se les debe procurar su tutela, y al país se le debe asegurar que no haya impunidad. La Corte Suprema no debe permitir que esto se convierta en un circo. El respeto y guarda de la legalidad y  del Estado de derecho son tareas claves que debe cumplir la Corte para defender el futuro de Panamá. Este proceso debe realizarse sin  dudas  acerca de su legitimidad. Es una lástima que la mayoría de las  víctimas de los pinchazos siga en silencio. No es justo con ellas ni con el país. Para las  víctimas de todos los crímenes, el primer derecho es la justicia. 
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Hace 8 añosEl clamor de la ciudadanía –expresado a través de pronunciamientos cada vez más severos– por mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos no es una simple petición. Es la exigencia de una población harta de que los funcionarios no cumplan sus obligaciones, incluida la rendición de cuentas. El contralor ha hallado serias irregularidades que los diputados no han mostrado interés en aclarar; por el contrario, insisten en que la Corte Suprema los proteja de sus propias actuaciones. No ha sido la Contraloría la que se ha inventado las pruebas que desnudan el horror en el manejo de nuestros recursos en la Asamblea. Han sido los propios diputados los que han firmado listas de asistencia inventadas de supuestos empleados, y tan torpemente hechas que ahora nos explicamos por qué firman lo que les pongan por delante. Estamos caminando al filo de un precipicio, cuyo fondo, si caemos por culpa de ellos, será de consecuencias impredecibles. La democracia no es un sistema perfecto, pero es lo que nos pone a prudente distancia de un régimen totalitario. Pero lo que están haciendo los diputados es empujarnos a ese abismo en el que todos pagaremos su ciega e injustificada insensatez.
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Hace 8 añosSegún la Organización Mundial de la Salud, la especie humana enfrenta al menos 7 mil enfermedades raras, es decir, aquellos padecimientos que tienen una prevalencia de un caso por cada 100 mil habitantes o menos. Los pacientes que sufren estas enfermedades son incomprendidos, ya que sus molestias no son diagnosticadas correctamente y mucho menos atendidas como corresponde. El 80% de estas enfermedades tiene un origen genético, por lo que una política sanitaria que fortalezca la capacidad de recolección y análisis de los tamizajes de los recién nacidos ayudaría enormemente a la detección temprana de muchas de estas afecciones, lo que disminuiría significativamente los costos de atención en salud en que incurre el Estado panameño. Sumado a esto, lo más importante, es la educación de médicos familiares y pediatras, al igual que a todo el personal de salud, para que comprendan y puedan manejar las enfermedades raras. Panamá cuenta con un número reducido de investigadores biomédicos y de salud pública que debe ser fortalecido para profundizar los conocimientos que necesita el país para enfrentar estas enfermedades. Aunque desde el 28 de octubre de 2014, Panamá cuenta con una ley de protección social para las personas con enfermedades raras, todavía quedan muchas tareas pendientes. El desconocimiento no puede ser excusa para no ofrecer un tratamiento digno.
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Hace 8 añosHay mucho escepticismo entre la ciudadanía en cuanto a la posibilidad de que la justicia panameña realice un análisis honesto y produzca un fallo independiente y en derecho en el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli Berrocal. No obstante, la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de aprobar su extradición a Panamá, hecha pública ayer 8 de junio de 2018, constituye un logro para el Estado panameño.
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Hace 8 añosLa Asamblea Nacional tiene seis planillas para contratar personal, pero solo una, la 172, necesita el refrendo, es decir, el control previo de la Contraloría General de la República. Las otras cinco solo pueden ser verificadas por medio del control posterior. Para sobreponerse a la suspensión de pagos que ha ordenado la Contraloría, las bancadas de los opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático -que ya son mayoría- pretenden acaparar en su totalidad la junta directiva de la Asamblea, a partir del 1 de julio, para aprobar por insistencia el refrendo de estas partidas. La aprobación por insistencia es un mecanismo que obliga al contralor a autorizar los fondos, pero le exime de cualquier responsabilidad, ya que por ello responde directamente aquel sujeto empeñado en disponer de los dineros. Por tanto, es de suponer que la partida 172 será aumentada en casi 40%, tan pronto llegue el anhelado momento en que será distribuida por insistencia. La mesa está servida para que la mayoría de los diputados se dé un festín con nuestros impuestos, y financien de esta forma a sus promotores de campañas, y seguramente hasta su reelección. Ahora más que nunca es necesario que la ciudadanía exprese su repudio.
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Hace 8 añosEs difícil reflexionar sobre el terrible papel que desempeña la Corte Suprema de Justicia en el drama entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. Por un lado, la Corte se negó a declarar en desacato a la presidenta de la Asamblea por negarse a entregar a la Contraloría las planillas de su administración; y a la vez, el máximo tribunal rechazó la denuncia penal interpuesta por la Contraloría contra la diputada Yanibel Ábrego, alegando la falta de pruebas de un hecho público y notorio. Por si fuera poco, la Corte le admitió un amparo a la diputada Ábrego, que cuestiona la facultad de auditar que tiene la Contraloría. Meses atrás, la Corte permitió que se desmantelara la Comisión de Credenciales de la Asamblea , en contra de la Constitución y la ley. Esto es lo que hace que la Asamblea se comporte de forma arrogante y desleal con la democracia, porque sabe que la Corte Suprema de Justicia le ha dado la patente de corso de la impunidad y del blindaje contra toda investigación o denuncia. Si el país está en crisis, la gran culpable es la Corte Suprema de Justicia, que se niega a que haya certeza del castigo para los más grandes abusos de poder que cometen los diputados. Acabar con la impunidad es la única solución al conflicto institucional.
Una oportunidad para dar un golpe de timón
EDITORIAL

Una oportunidad para dar un golpe de timón

Hace 8 añosPor primera vez en los 115 años de historia  republicana, la Asamblea Nacional ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría General de la República, que han ido revelando todo tipo de manejos execrables: cientos de millones de dólares del erario público desviados a través de las juntas comunales durante el gobierno pasado; otros tantos millones dilapidados en contratos de personal y en supuestas donaciones en la actual administración y, en general, un proceder absolutamente desvergonzado que, por cuidar, no cuidaba ni las formas. La sola posibilidad de que la Contraloría eche un haz de luz adentro de esta cueva donde por años han campeado el fraude, el nepotismo y otras formas de corrupción, ha desencadenado reacciones en ocasiones violentas por parte de algunos diputados. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea, ha pretendido, con un desalojo arbitrario, inadmisible y atrevido, así como con argucias jurídicas, impedir el cumplimiento de las funciones del contralor. Por su parte, Pedro Miguel González ha salido a atacarlo públicamente, aduciendo que su actuar tiene una intención política. Lo cierto es que todos estos argumentos no son más que infames excusas, ante la imposibilidad de explicar por qué se contrata a familias enteras con dineros del Estado, o por qué se entregan cheques a personas que no saben ni dónde queda la Asamblea, o por qué un órgano cuya función es legislar tiene más promotores deportivos y culturales que cualquier otro. Lo que buscan es hacer ruido, atacar, distraer.

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