Hoy por hoy

En la historia del país, pocas veces un expresidente enfrenta un  proceso por actos realizados durante su administración. De lo que se trata aquí es de la rendición de cuentas por la comisión de presuntos delitos, que involucran importantes derechos humanos de empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y ciudadanos que sumaron, al menos, 150 víctimas, y cuya privacidad fue burlada y vilipendiada. Aunque tan solo un puñado de ellos ha querido constituirse en parte del proceso, hay muchas más  familias que sufrieron  un atropello imperdonable de sus derechos. Al reo traído desde Miami se le deben respetar todas sus garantías.  A las víctimas se les debe procurar su tutela, y al país se le debe asegurar que no haya impunidad. La Corte Suprema no debe permitir que esto se convierta en un circo. El respeto y guarda de la legalidad y  del Estado de derecho son tareas claves que debe cumplir la Corte para defender el futuro de Panamá. Este proceso debe realizarse sin  dudas  acerca de su legitimidad. Es una lástima que la mayoría de las  víctimas de los pinchazos siga en silencio. No es justo con ellas ni con el país. Para las  víctimas de todos los crímenes, el primer derecho es la justicia.