A todos los panameños nos interesa, y hasta nos conviene, que al ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal se le respeten sus derechos. Eso sí, que se le respeten a él, pero también a los miles de privados de libertad que esperan sus condenas o cumplen penas en nuestras cárceles, y a todos esos pacientes que acuden al Hospital Santo Tomás, la Caja de Seguro Social o alguno de los centros de salud del Estado con la expectativa de que les brinden atención de calidad, a tiempo y con humanidad.
No obstante, estaremos alerta ante la posibilidad de que la condición de salud del expresidente –hoy objeto de comentarios y reacciones que van de lo subliminal a lo ridículo, y de lo piadoso a lo sarcástico – sea utilizada por sus abogados como una herramienta de chantaje y manipulación, para lograr condiciones privilegiadas para su defendido o dilatar el avance del proceso judicial. No sería la primera vez que esto sucede; de hecho, fue un antiguo colaborador suyo quien nos enseñó que, si se dispone de suficiente poder y dinero, se puede conseguir impunidad o, al menos, hospital por cárcel.
