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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 6 añosTal y como existe el régimen de sociedades anónimas en Panamá, el beneficiario real de esa persona jurídica puede ser un total desconocido para el agente residente, quien es el que debería proveer la información sobre la sociedad. Esta situación ha sido un escollo en los casos de corrupción de alto perfil, en los esfuerzos de cooperación judicial internacional y en el rastreo de fondos sucios en múltiples jurisdicciones. Por esto, el nuevo sistema privado y único de registro de beneficiario final permitirá mantener la reserva de la identidad de los dueños de las sociedades, pero le daría acceso a las autoridades nacionales e internacionales que necesiten esta información. Esto había sido una causa de incumplimiento de Panamá a las solicitudes de información de los países de la OCDE y por supuesto, nos había colocado en las infames listas por las que tanto protestamos. Ahora, una vez el proyecto de ley 169 sea rubricado por el presidente Laurentino Cortizo, la comunidad de servicios legales y financieros tiene que participar activamente en sanear las sociedades anónimas panameñas, evitando que sean herramientas para actuaciones corruptas.

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Hace 6 añosHay una estrategia para intimidar y amedrentar a jueces, fiscales, y a cualquier funcionario que se atreva a actuar en las causas criminales de un connotado político local. Un juzgado civil le concedió el secuestro de bienes de una alta exfuncionaria que laboró en la Procuraduría General de la Nación. Estas decisiones se pueden dar prejudicialmente, es decir, sin que haya un fallo condenatorio contra la exfuncionaria. Si se le quería denunciar, existe el camino de un Ministerio Público que tiene un nuevo jefe, también está el Tribunal de Ética del Colegio Nacional de Abogados y la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Pero como esa no es la intención verdadera del secuestro civil efectuado, es evidente que el objetivo es otro: ¿Quién se va a atrever ahora a mover un dedo sobre todos los casos pendientes de este político? ¿Qué fiscal, juez o magistrado de la Corte no lo pensará dos veces antes de actuar contra él? Si este caso prospera, Panamá será un rehén del mejor postor. Un país sin justicia deja la puerta abierta a la tiranía y a la corrupción. En otras palabras, es el final de la democracia y de las libertades de todos los panameños. Solo los que cuentan con dinero a manos llenas y los poderosos podrán decidir cómo se investiga, cuándo se juzga y a quién se condena.

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Hace 6 añosEl secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo una gran verdad ante representantes de la empresa privada panameña: “La participación del sector empresarial es indispensable para lograr un hemisferio más desarrollado y más democrático”. Eso se traduce en mayor riqueza para las familias panameñas y, en consecuencia, para el país. La participación de las empresas es crucial para el desarrollo nacional, pues sus aportes a la economía son indiscutibles, como también los aportes que hace en materia de tributos para la ejecución de los programas y planes que adelantan los gobiernos. De ahí que su papel no solo se limita a pagar impuestos. Debe ser considerada en decisiones que afectan el porvenir de miles de panameños que laboran para ella. Como en todo, hay empresas que no son el mejor ejemplo –como las que han estado bajo el ojo de la sociedad por su participación en actos de corrupción– pues nacen con el único propósito de obtener dinero sin importar el camino que las conduzca a sus aviesos fines. Esas son las menos, afortunadamente. La fortaleza de la empresa privada es de los mejores termómetros para medir la salud de una democracia.

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Hace 6 añosAunque con justa razón la mayoría de las reformas a la legislación de contrataciones públicas se debe enfocar en licitaciones transparentes y procesos de compras eficientes, no es menos cierto que el incumplimiento por parte del Estado hacia los contratistas cuesta caro a todas las partes. Cuando el gobierno incumple o retrasa los pagos a los proveedores, no solo castiga a los ciudadanos por la falta de bienes y servicios públicos causada por la mora gubernamental, si no que también aleja a las buenas empresas y atrae a la corrupción. Es justo que a quien el Estado le incumpla, tenga una forma rápida de recuperar sus pagos. El caso del abandono del Proyecto de Saneamiento de Arraiján, por el impago del Estado, ejemplifica la irresponsabilidad y la negligencia en la gestión de los fondos públicos. Pagar a tiempo y cumplirle a los que actuaron responsablemente también es una forma de obtener buenos resultados en las contrataciones públicas. Hay tiempo suficiente para tomar esto en cuenta e incluir en el proyecto de ley de contrataciones públicas una obligación garantizada de que el Estado va a cumplir.

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Hace 6 añosLa Corte Suprema de Justicia ha venido reiterando la facultad constitucional que tiene la Contraloría General de la República para auditar el uso de fondos públicos manejados por los diputados de la Asamblea Nacional. Primero, la Corte falló que la Asamblea debía entregar la información sobre el uso de sus partidas presupuestarias. En un fallo divulgado el pasado 10 de febrero, la Corte determinó nuevamente a favor de la Contraloría que podía auditar la partida 080. Sin esta cortapisa y con todo el respaldo de la ley de su parte, el contralor, Gerardo Solís, debe auditar los gastos de la partida 080 de los diputados en el período pasado. Esto podría enfrentarlo con algunos de los que lo eligieron, pero precisamente este desafío demostrará su independencia. La ultima década fue un periodo de mucha corrupción legislativa, ya que los diputados alquilaron sus curules para favorecer iniciativas del mandatario de turno, a cambio de recompensas sustanciales. Ahora, señor Contralor usted tiene el camino despejado para exigir rendición de cuentas sobre los fondos de todos los panameños. Esperamos que proceda sin mayor dilación.

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Hace 6 añosPor buenas que sean las intenciones, un país no se desarrolla con el olfato o la improvisación. Su desarrollo debe ser cuidadosamente planeado, en base a estudios y proyecciones. Y no es que falten en Panamá. Sencillamente, terminan en la gaveta del escritorio de algún político que no tiene idea de cómo ejecutar sus tareas. Lo vemos en el caos que es la ciudad, con insuficientes calles para la cantidad de carros existentes; en un sistema de transporte que colapsaba en las narices de los gobernantes; en un sistema educativo que data del siglo pasado; lo vemos en la improvisada construcción de hospitales –muy modernos– pero que carentes de médicos, técnicos y especialistas. Siempre van detrás de la carreta. Es por eso que también vamos retrasados en el tema de la movilidad eléctrica. El dinamismo que muestran nuestras autoridades en ese tema es el mismo que el del agua estancada. Con una matriz energética diversificada –y en muchos casos, de energía limpia– es imperdonable que aún estemos a la zaga respecto a la región en esta materia. Es imperativo que se articule una política que subsane este vacío que en esta carrera nos pone en la retaguardia, cuando deberíamos ser la vanguardia.

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Hace 6 años¿Para que sirve la jurisdicción de cuentas? Después de la invasión de 1989, la Contraloría General de la República estableció la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) para recuperar los bienes del Estado. Esta experiencia sirvió de fundamento para la creación del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía General de Cuentas. El trabajo de los últimos cinco años de esta fiscalía ha sido ejemplar, y ha recuperado millones de dólares para el país. Por esto, los panameños debemos respaldar las acciones y recursos que impulsa la fiscalía, para evitar que se cierre de forma definitiva el caso de la Ciudad Deportiva de David. No es posible que si se efectuaron adelantos injustificados de sumas millonarias para obras inconclusas no haya responsabilidad patrimonial. La opinión pública debe exigir al nuevo Contralor General de la República que ordene los auditos necesarios para perseguir los bienes del Estado que fueron objeto de peculado. Igualmente, es necesario que el Tribunal de Cuentas asuma su rol histórico. Los primeros magistrados de la DRP se enfrentaron a los más grandes intereses políticos y económicos del país, ellos dejaron un ejemplo que no puede ser abandonado por el actual Tribunal de Cuentas.

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Hace 7 añosUno a uno aparecieron ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, casi todos los aspirantes a convertirse en defensor del Pueblo para completar el término dejado vacante por Alfredo Castillero. Algunos de los aspirantes parecían participantes de un ritual, en el que cada vez que el cargo ha estado disponible, presentaron sus documentos. Otros postulantes sorprendieron por su desconocimiento del concepto de derechos humanos y de la legislación que rige a la Defensoría. Muchos hablaron elocuentemente de todo lo que la institución podía llegar a ser, decir y hacer, sin embargo, no evidenciaban entender la crisis que vive la institución. Mientras los diputados comisionados hacían sus preguntas, era claro que tampoco entendían el papel que ellos han tenido en el desmoronamiento de la Defensoría. Ningún diputado ofreció abstenerse de solicitar nombramientos ni se comprometieron a defender la independencia del defensor del Pueblo. Ahora, los aspirantes tienen hasta enero para conseguir sus votos o esperar a una próxima convocatoria para volver a presentar su candidatura, para encabezar una institución que está agonizante.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEn la época democrática, Panamá ha sido un país capaz de resolver los grandes desafíos nacionales por vía del diálogo. En ese espíritu, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo ha sido, desde 2006, un mecanismo que ha sentado en la misma mesa a los representantes de 23 sectores de la sociedad panameña para producir consensos y diversas propuestas de interés nacional. El documento de reformas constitucionales preparado y discutido por la Concertación no es una iniciativa inconsulta o improvisada. Es el resultado del trabajo dedicado de los hombres y mujeres que participaron de ese esfuerzo. El gran despertar nacional sobre las reformas constitucionales discutidas y aprobadas por el Órgano Legislativo no debe ser óbice para descalificar a la Concertación ni a los panameños que participaron en las consultas. Por el contrario, la reacción popular demostró la necesidad de que los ciudadanos asumamos nuestra obligación de ser protagonistas de la democracia, por lo que debemos aprovechar todos los espacios existentes, como el de la Concertación. Ese foro es un medio paraalcanzar nuestras metas nacionales. América Latina nos demuestra lo que pasa cuando no hay diálogo.

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Hace 7 añosLas raíces machistas de nuestra cultura se reflejan a diario en el trato que reciben muchas mujeres en el país, una realidad que desborda las capacidades de las instituciones para ofrecer mecanismos idóneos, eficientes y expeditos que procuren la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Para algunos, podría tratarse de algo insignificante y hasta jocoso la forma en que públicamente y por varios días fue humillado un grupo de mujeres en las redes sociales. Así como también les podría parecer poco importante el embarazo de adolescentes; la propagación de enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre los grupos más vulnerables de la población; la violencia silenciada contra niñas y jóvenes de todo el país y la falta de una verdadera educación sexual en nuestras escuelas. Posiblemente, los perpetradores de la barbaridad compartida en las redes sociales fueron, a su vez, víctimas de algún tipo de abuso. Pero eso no los excusa. Como tampoco es excusa el “poco importa” de la sociedad panameña, que generalmente opta por voltear la mirada ante comportamientos de esta naturaleza. Sin embargo, por alguna parte debemos comenzar a hacer el cambio. Basta ya.

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