Hoy por hoy

La Corte Suprema de Justicia ha venido reiterando la facultad constitucional que tiene la Contraloría General de la República para auditar el uso de fondos públicos manejados por los diputados de la Asamblea Nacional. Primero, la Corte falló que la Asamblea debía entregar la información sobre el uso de sus partidas presupuestarias. En un fallo divulgado el pasado 10 de febrero, la Corte determinó nuevamente a favor de la Contraloría que podía auditar la partida 080. Sin esta cortapisa y con todo el respaldo de la ley de su parte, el contralor, Gerardo Solís, debe auditar los gastos de la partida 080 de los diputados en el período pasado. Esto podría enfrentarlo con algunos de los que lo eligieron, pero precisamente este desafío demostrará su independencia. La ultima década fue un periodo de mucha corrupción legislativa, ya que los diputados alquilaron sus curules para favorecer iniciativas del mandatario de turno, a cambio de recompensas sustanciales. Ahora, señor Contralor usted tiene el camino despejado para exigir rendición de cuentas sobre los fondos de todos los panameños. Esperamos que proceda sin mayor dilación.