Hoy por hoy

Aunque con justa razón la mayoría de las reformas a la legislación de contrataciones públicas se debe enfocar en licitaciones transparentes y procesos de compras eficientes, no es menos cierto que el incumplimiento por parte del Estado hacia los contratistas cuesta caro a todas las partes. Cuando el gobierno incumple o retrasa los pagos a los proveedores, no solo castiga a los ciudadanos por la falta de bienes y servicios públicos causada por la mora gubernamental, si no que también aleja a las buenas empresas y atrae a la corrupción. Es justo que a quien el Estado le incumpla, tenga una forma rápida de recuperar sus pagos. El caso del abandono del Proyecto de Saneamiento de Arraiján, por el impago del Estado, ejemplifica la irresponsabilidad y la negligencia en la gestión de los fondos públicos. Pagar a tiempo y cumplirle a los que actuaron responsablemente también es una forma de obtener buenos resultados en las contrataciones públicas. Hay tiempo suficiente para tomar esto en cuenta e incluir en el proyecto de ley de contrataciones públicas una obligación garantizada de que el Estado va a cumplir.