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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 años¿Para qué sirven las leyes si los tribunales no están dispuestos a sancionar su incumplimiento? Esta es la pregunta que debió hacerse el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando se enfrentó a la deliberación sobre el desacato de la diputada Yanibel Ábrego, a una orden emanada de la propia Corte. En vez de resolver lo que la lógica y los hechos dictaminaban, una mayoría de los magistrados le dio la espalda una vez más al estado de derecho. Es notable el salvamento de voto de los magistrados Luis Mario Carrasco y Harry Díaz, que reconocen que sí hubo un desacato y que la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, debía cumplir con la Ley de Transparencia como cualquier ciudadano, y enfrentar las consecuencias por infringirla. Una decisión en el sentido correcto, es todo lo que se necesita para cambiar nuestra historia. La mayoría de los magistrados actuales de la Corte Suprema, se rehusan a cumplir el rol de jueces íntegros e imparciales que necesita el país, para ser en realidad peones del poder de turno.

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Hace 7 añosEn el mes de octubre, visitó Panamá por cuatro días el subsecretario interino para asuntos hemisféricos, del Departamento de Estado de Estados Unidos. La prolongada visita diplomática es seguida ahora, por la llegada de una decena de congresistas de Estados Unidos, en una visita al país por dos días. Pareciera que Panamá ha adquirido una importancia inesperada para la política exterior estadounidense. Nuestro país y la nación norteña han sido socios, en ocasiones desiguales, por más de siglo y medio. Eso no descarta, que el reciente interés del gobierno estadounidense exija de las autoridades panameñas, más transparencia con los ciudadanos, y más claridad con respecto a los intereses nacionales. No hay nada malo en que un aliado busque el apoyo del otro para alcanzar fines de beneficio común, sin embargo, el gobierno de Panamá ha tenido la vocación histórica de llevar adelante con opacidad las relaciones exteriores de nuestro país. Los panameños necesitamos saber cuáles son los intereses en juego y las posibles obligaciones que el país puede estar adquiriendo. El vecindario latinoamericano necesita de más paz, cooperación y respeto por los derechos humanos. Lo contrario no beneficia a Panamá.

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Hace 7 añosLa junta comunal del corregimiento de Calidonia quiere comprar 3 mil jamones, por un valor aproximado de 62 mil dólares. Está de más explicar el destino que tendrán esos jamones en las festividades de fin de año. Su función real es sumamente perversa: perpetuar el clientelismo político y el parasitismo en las comunidades más vulnerables del país. Cualquier líder responsable encontraría en estos tiempos de contención del gasto público, un uso más beneficioso de esos fondos para el desarrollo de su corregimiento. Seguramente, las escuelas de ese corregimiento se pueden perfeccionar, las aceras necesitarán arreglos y quizás sus votantes, con un poco de capacitación, podrían mejorar su empleo o desarrollar una micro empresa. Nada de esto les interesa a los políticos panameños, que sin importar su partido, persisten en continuar con la humillante práctica de fomentar largas filas de ciudadanos en busca de un jamón. A otra escala, el Instituto de Mercadeo Agropecuario venderá de forma subsidiada cientos de miles de jamones, cumpliendo así una función vital del gobierno: mantener vivo el clientelismo de la población panameña.

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Hace 7 añosLa Cámara de Representantes de Estados Unidos busca un mayor acceso a funcionarios de la Casa Blanca que tengan conocimiento de los supuestos esfuerzos de Donal Trump para presionar a Ucrania a investigar a su rival Joe Biden. A cambio de la ayuda ucraniana, Trump entregaría la asistencia militar y económica de Estados Unidos, que su gobierno había paralizado por encima de las decisiones del Congreso y las recomendaciones del Pentágono. El complejo proceso de impeachment requiere que la Cámara de Representantes vote a favor del mismo, y que dos tercios del Senado, actualmente bajo el control de los republicanos, lo respalde. Esto último dificulta que el resultado de este proceso sea la salida de Trump de la Casa Blanca. Sin embargo, la lucha por el poder entre los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos amenaza con paralizar la agenda internacional. Las relaciones comerciales de China y Estados Unidos seguirán trancadas, al igual que podría afectarse cualquier iniciativa de cooperación para América Latina. Este es otro ejemplo de cómo los conflictos de interés y el partidismo están socavando a las democracias.

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Hace 7 añosLa iniciativa de acondicionar una playa artificial en la cinta costera avanza. El Municipio de Panamá está por adjudicar el contrato para elaborar el estudio de impacto ambiental categoría 3, que identificaría los riesgos ecológicos del proyecto y las medidas de mitigación del mismo. De acuerdo con las declaraciones del alcalde capitalino, la obra costaría unos $120 millones de los ciudadanos. Para emprender una iniciativa de esta escala, se debe estudiar la factibilidad económica del proyecto, y quizás hasta realizar un simple ejercicio de priorización del gasto municipal, para determinar si una playa artificial conviene más que múltiples jardines de infancia, centros culturales comunitarios o espacios deportivos en las áreas más vulnerables del distrito capital. Hay necesidades más apremiantes en la ciudad, que podrían ser resueltas con una fracción del costo de este faraónico proyecto. Además, sería bueno saber si el alcalde ha tomado en cuenta el costo de mantener esa playa, ya que usualmente son muy vulnerables a la erosión, la lluvia y, por supuesto, al cambio climático. Un poco de análisis imparcial puede evitar un gran despilfarro.

Hoy por hoy

Hace 7 años

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Hace 7 añosEn una sociedad democrática, la Fuerza Pública tiene el deber de tutelar los derechos de todos actores sociales cuando expresan su opinión o se manifestan pacíficamente. Las detenciones de casi un centenar de ciudadanos panameños y extranjeros durante dos noches de protestas frente a la Asamblea Nacional causa serias preocupaciones sobre la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad de garantizar el orden público y de respetar las libertades civiles simultáneamente. Está confirmado que se detuvo a personas que no tenían que ver con las protestas y que durante el término en que los detenidos estuvieron a cargo de la Policía Nacional, había mucha confusión sobre el protocolo de actuación que debían seguir las autoridades. Luego, una sola casa comunitaria de paz ventiló los casos individualmente, provocando un embotellamiento burocrático innecesario. La protesta sana y bien llevada es fundamental para la democracia. Esa es una realidad que debemos aceptar como parte de la vida en una sociedad abierta. Que la Policía no supiera cumplir su rol, es intolerable para nuestro país, sobre todo, con los lamentables antecedentes históricos que tenemos en esta materia.

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Hace 7 añosSin gloria y con mucha pena, concluyó la primera legislatura de la Asamblea Nacional en el quinquenio de la administración Cortizo. La gran mayoría de los proyectos de leyes que conocieron los tres debates fueron iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto, a pesar de lo virulenta y asertiva que es la generación actual de diputados. No fueron capaces de producir una nueva ley de Reglamento Interno ni de modificar la legislación de contratación pública ni mucho menos fortalecer el combate de la corrupción. La Asamblea fue la gran fuente de nuestras tristezas, preocupaciones e incertidumbres. Los diputados de la bancada gobernante decepcionaron al país, y rompieron con el mensaje positivo del primer mandatario. La forma tan procaz y vulgar en que en que se desarrolla el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea es una mancha del parlamentarismo panameño. Todo el país fue ofendido por la indecencia en el seudo juzgamiento del Defensor del Pueblo. Esto, como si fuera poco, fue empeorado con las diatribas y los arrebatos del proceso de reformas constitucionales. La única esperanza es que los diputados entiendan la razón de ser de la protesta ciudadana.

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Hace 7 añosLa noticia corrió como pólvora . En España habían imputado a FCC por pagar coimas en Panamá. Respetando la presunción de inocencia de todos los que han tenido que ver con los proyectos de construcción de esta empresa en Panamá, quedan preguntas importantes que debe responder el actual gobierno panameño. ¿Se emprenderá una lucha contra la corrupción sin cuartel y sin banderías políticas? O, ¿se le dará la espalda al incómodo asunto? En las próximas semanas y meses se conocerá mucha información sobre la forma de hacer negocios en Panamá, y de cómo se obtenían contrataciones públicas faraónicas que nos tienen endeudados hasta la coronilla. Exhibiremos ante el mundo cómo otra empresa constructora se pudo aprovechar de nosotros y, lo más absurdo, es que aunque la condenen no puede ser excluida de contratar con el Estado panameño. Allá, en España, veremos a jueces de carrera judicial trabajar sin llamaditas ni maletinazos, mientras que los procesos avanzarán sin que necios recursos dilatorios los entrampen y se manipule a la opinión pública con una poderosa operación de propaganda que proclama a los cuatro vientos que es persecución política. Esta es la peor pesadilla de un gran corrupto.

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Hace 7 añosHace más de tres años, la Corte Suprema de Justicia conoció de un recurso judicial que reclamaba la incorporación del matrimonio igualitario a nuestro ordenamiento jurídico. Mientras la Corte demora su decisión a favor o en contra, la Asamblea Nacional aprovechó la consideración de las propuestas de reformas constitucionales para restringir el matrimonio como un vínculo exclusivo entre un hombre y una mujer. Para anclar esta visión del mundo, se propuso atribuirle al derecho nacional superioridad sobre el derecho internacional. Así, con este blindaje constitucional, Panamá no tendría que acatar las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Con esta normativa es con la que ciertos diputados y los intereses religiosos que los respaldan pretenden silenciar un derecho humano inalienable. Por siglos, las luchas por la libertad de las personas han buscado ampliar el ámbito de autodeterminación y de autonomía de la voluntad de cada ser humano. Las propuestas de reformas constitucionales van en la dirección contraria.

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