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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 6 añosEl fuero electoral, tal como se aplica ahora, es un franco abuso que, tanto los políticos como el Tribunal Electoral (TE), siguen tratando de mantener, pese a que en la práctica este recurso ha sido usado descaradamente con ánimos de evadir la acción de la justicia. Según nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley. Pero eso nunca ocurre con los políticos, que se las arreglan –con la anuencia del TE– para legalizar excesos que los colocan por encima de sus conciudadanos. Nadie debería contar con privilegios como no ser investigado, detenido, arrestado o procesado en materia penal, policiva o administrativa. Si bien el TE pretende que el proceso electoral fluya sin obstáculos, lo que hace es invadir el terreno de la justicia, obstruyéndola. Una cosa es ser el regente del proceso electoral y otra muy distinta es prestarse para entorpecer o anular la justicia. Tan consientes están los políticos de ello, que los diputados –ahí sí– pactan desechar tales iniciativas sin discutirlas siquiera, porque no pueden disimular su alergia a la Ley. Tales prebendas permiten que delincuentes lleguen al poder, promueven la corrupción y son un anacronismo superado en países que claramente nos llevan décadas de desarrollo político.

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Hace 6 añosAunque los problemas que genera la pandemia son abundantes, profundos y, en muchos casos, de urgente acción, no es menos cierto que hay otros previsibles, aunque, por alguna razón, quedan ocultos en la bruma de la indiferencia. Es el caso del tema de la jornada reducida y la suspensión de los contratos de trabajo, consignados en le Ley 157 de 2020, sobre “medidas temporales de protección del empleo”. Este asunto es complejo y requiere planificación, pero a 20 días de que esta norma quede sin efecto, nadie en el Gobierno parece estar preocupado por ello. El presidente de la República, ocupado en sus discursos sobre rosas rojas o cómo esparcir aún más el virus si llega a contagiarse, es el único con el poder constitucional de llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, para modificar la ley si se decidiera extender sus efectos. La empresa privada necesita con urgencia saber si las normas sobre este tópico terminan o se prolongan; no hay cabida para la improvisación. Aquí están en juego centenares de miles de empleos; de los 282 mil contratos suspendidos en pandemia, solo 36% se ha reactivado. La Presidencia está llena de asesores y gente muy bien pagada. El país les agradecería que consideren este tema con el presidente para tomar una decisión ahora, y no el 4 de enero.

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Hace 6 añosLa pandemia en Panamá está lejos de ser controlada y en gran parte es porque muchos ciudadanos no toman conciencia del peligro que nos rodea. Fiestas, aglomeraciones, incluso, manifestaciones, y nuestro habitual descuido ayudan a masificar el contagio. El asunto no solo concierne a las autoridades –llamadas a poner orden en este caos–, sino a nuestro propio desgano y negligencia. Y ese poco importa del que hacemos gala es responsable de que los contagios se hayan salido de las previsiones; de que el personal de salud esté abatido, incluyendo muertes en sus filas, así como la de muchos otros panameños. Son muchos de estos ciudadanos que propagan el virus los que están en primera fila exigiendo del Gobierno solidaridad, cuando su empatía por el prójimo es vergonzosamente nula. Y esa es la manera fácil de que la economía siga perdiendo batallas, de que el empleo sufra las consecuencias; de que el ingreso de las familias estén mermando cada vez más. Nuestra actitud frente a la pandemia –duele admitirlo– es suicida, y no solo literalmente, sino en muchos otros aspectos que harán cada vez más difícil la recuperación. O cambiamos ahora esa insensible actitud o, sencillamente, no habrá qué salvar de lo que nos queda de país.

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Hace 6 añosEs una completa vergüenza que el Ejecutivo se preste para el jueguito de seguir alterando el mapa político de Panamá, solo para complacer los insaciables apetitos de los diputados, que son los que impulsan este tipo de iniciativas legislativas, las que, lejos de beneficiar –como alegan– a sus electores, lo que buscan es atomizar el control político. Y el presidente Laurentino Cortizo sanciona la ley, con lo que expresa su beneplácito a una acción abiertamente mezquina, cuyo único propósito es que miembros de su partido puedan perpetuarse en los cargos de elección popular. Es decepcionante ver cómo el descrédito de los diputados alcanza con tanta facilidad al jefe del Ejecutivo, convertido en peón del tablero del ajedrez político, cuyos escenarios empiezan a ser ensayados con miras a las elecciones de 2024. Esto es usar el poder con fines execrables; son leyes para legalizar y justificar el despropósito y la sinvergüenzura, tanto como lo es la exigencia de la prueba idónea para procesar a un diputado, otra maleantería –y vergüenza para la Corte Suprema de Justicia–, que también se presta para garantizarles impunidad a esta impresentable pandilla.

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Hace 6 añosLa consecuencia de imitar los patrones de indiferencia y el poco importa de los políticos es lo que sufrimos en Panamá. Vivimos en una sociedad en la que muchos ciudadanos están convencidos de que aquí no les pasará nada, que pueden comprar a funcionarios o que, con “palanca”, se sale del lío. Y eso no ha cambiado en la pandemia. Por el contrario, ha empeorado, como lo vemos en las cifras de infectados por el virus. Son miles, renuentes a seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, para prevenir el contagio. Las autoridades se la pasan haciendo decretos para sancionarlos, porque, aunque deben estar en cuarentena, salen y esparcen la enfermedad. Es lamentable que las autoridades ignoren que los códigos Penal y Sanitario ya contempla severas penas para los que –a sabiendas– diseminen enfermedades contagiosas. Solo hay que divulgarlas y aplicarlas, pues es una irresponsabilidad incumplir las medidas sanitarias hechas para salvar nuestras vidas,. Los ciudadanos debemos ser conscientes del peligro, y que las autoridades –muchas extenuadas por el trabajo y el estrés– no pueden todo el tiempo estar detrás de nosotros para regañar y amonestar. Cuidarnos es nuestra responsabilidad.

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Hace 6 añosSi algo dejó en evidencia la entrevista realizada por este medio al activista cívico André Conte en la columna del Knockout de ayer es que la apatía ciudadana es probablemente uno de los escollos que, como panameños, tenemos que enfrentar. Ejemplos sobran en nuestro entorno de políticos, que de la forma más descarada no solo abusan del poder que le hemos confiado para el ejercicio de la labor pública, sino que se mofan de ello. Por si fuera poco, han normalizado la falta de transparencia y rendición de cuentas, como si estos deberes fueran optativos, cuando está claro, normado y legislado que tienen la obligación de informar qué hacen y cómo se gastan los fondos que pertenecen a todos los contribuyentes. Ante la escabrosa realidad que vivimos en los últimos meses, no queda más que preguntarse: ¿Qué tiene que pasar para que los ciudadanos de este país sientan que ya es hora de que salgan a exigir sus derechos? No es a través de las redes sociales que se logrará ser escuchados. Está más que probado que con los comentarios en Twitter nada o poco se logra. Pero si la elección es la comodidad de Twitter, no esperamos otra cosa que ser ignorados.

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Hace 6 añosÁgora es un término de origen griego que significa “reunir”. Eventualmente, en Atenas, con esa palabra se identificaba el lugar donde la gente solía encontrarse para discutir sobre política y asuntos sociales, administrativos, comerciales y religiosos. Emulando esa antigua actividad ciudadana, el Gobierno ha ideado una plataforma digital que servirá para que los panameños aporten ideas que serán las bases para discutir el futuro de nuestro país, en el diálogo nacional que ha convocado el presidente de la República. Toda persona u organización con ideas para mejorar el país puede hacer su propuesta a través de esta plataforma, para que sea considerada por los actores del gran diálogo nacional. Es un método abierto, democrático, sin restricciones y que teóricamente garantiza que cualquier persona pueda tomar parte del proyecto. Es el momento en que todos podemos empoderarnos y hacer que nuestras voces sean escuchadas.

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Hace 6 añosEl alcalde del distrito de Panamá presentó un presupuesto en el que hay contempladas inversiones en obras que serían costeadas con fondos del programa de descentralización. La Comisión de Hacienda del Consejo Municipal exigió las actas de las consultas ciudadanas que sustentan esas obras. Algo habrán aprendido del proyecto de revitalización de la playa, cuya suspensión ordenó la Corte, ya que no se realizó una consulta ciudadana, como exige la Ley de Descentralización. En otras palabras, los proyectos ideados deben estar avalados por los ciudadanos.

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Hace 6 años¿Qué podemos esperar del diálogo nacional convocado por el presidente de la República? Los panameños conocemos cuáles son los problemas que deben ser solucionados de forma inmediata, a mediano y a largo plazo. El diálogo es una iniciativa loable, pero gravitan sobre este enormes dudas. Los primeros actores de estos debates serán -sin duda- los políticos de los partidos existentes, los mismos que, por acción u omisión, son en buena parte responsables del escaso progreso del país en asuntos como la educación, la salud, etc. En segundo lugar, las soluciones que se pacten deberían ser medibles y las responsabilidades que se deriven de estas, tener rostros. Sin un proceso para evaluar los avances y sin alguien que responda por estos, este esfuerzo sólo será una monumental pérdida de tiempo y, consecuentemente, de confianza. El tema de este diálogo no es identificar los problemas, es buscar, analizar y discutir sus soluciones, con la participación de los ciudadanos. Y, aunque alcanzar las metas que se tracen dependerá en gran parte de los políticos, habrá que darles el beneficio de la duda. Tienen ante sí una oportunidad para interactuar con los ciudadanos y, entre todos, hallar las soluciones. El país espera que no la desperdicien, pues la paciencia y la confianza tienen límites.

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Hace 6 añosLos datos de desempeño económico del país, del segundo trimestre del año, son espeluznantes. Como si no faltara más, se publican con dos meses de retraso. Y hace tan solo un mes vimos al MEF presentar un presupuesto que proyectaba una caída del PIB de 2020 de 9%. Para que esta proyección se cumpla, haciendo una simple regla de tres, la economía tendría que crecer al menos 0.5% en la segunda mitad del año frente al mismo periodo de 2019. No hay que ser economista ni genio para comprender que esto no será así. La reapertura económica comenzó lenta y hay sectores que directamente no han podido abrir o solo lo han hecho a medias. Aun así, desde el MEF no hubo reparos en presentar un presupuesto para 2021 superior al de 2020. Por muchos años, el país ha andado –fiesta tras fiesta–, gobernado por la mediocridad burocrática, cargando una planilla estatal que se engrosa sin control y barriendo debajo de la alfombra los problemas serios de justicia, educación, salud y pensiones. ¿Hasta cuándo seguiremos comportándonos como si todo esto pudiera continuar sin consecuencias nefastas? El tiempo de actuar ha llegado.

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