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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 5 añosEl diálogo nacional sobre la Caja de Seguro Social (CSS) se mantiene sin novedades desde hace semanas, a pesar de lo urgente que es abordar los graves problemas que afronta la institución. Son años de acumulación, que podrían terminar en un colapso sin precedente alguno en el país. Se trata de los únicos ingresos que tiene la población pensionada y jubilada, pero aún así, el diálogo se dilata día tras día. Es evidente que los problemas se irán agravando, como se prevé en el comportamiento de los ingresos de la CSS en concepto de cuota obrero patronal, frente a los gastos por lo pagos que se deben hacer a los cotizantes. Sin duda, el déficit será más profundo, en especial por los problemas imaginables e inimaginables que ha tenido que enfrentar en esta pandemia. Para rematar, en pocos días se llevará a cabo la más importante licitación de la CSS y ya comenzaron las quejas, en público y en privado, por presuntas artimañas, precios elevados y demás condimentos que podrían empeorar la situación de la entidad, en este caso por desabastecimiento de medicamentos. Pareciera que fuera una conspiración gubernamental para acabar con la institución. Como vamos, la CSS está condenada a ser presa del latrocinio a gran escala.

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Hace 5 añosFinalmente, el presidente de la República se pronunció sobre los abusos en los albergues subsidiados por la Senniaf. Le tomó más de una semana reaccionar, aunque el escándalo data de meses atrás. Su reacción se resume a una expresión de indignación; a un llamado para que los culpables sean castigados ,y a un decreto que refuerza las facultades de fiscalización de la Senniaf. Este pronunciamiento pudo haberlo hecho apenas se dio a conocer el informe de la subcomisión investigadora de la Asamblea Nacional. Pero, como siempre, el Gobierno, personeros y voceros reaccionan, porque iniciativa no tienen, solo para tratar de vendernos el espejismo de que todo está bajo control. Pero ha sido por presión de los medios y de la población que ha habido reacción, pues de otra manera nada, pero nada, hubiesen dicho. Prueba de ello es que trabajadoras sociales de la entidad, cuando informaron de los abusos, fueron despedidas. Es decir, la Senniaf tapó el escándalo y no hizo nada. El presidente ahora les da su apoyo, a la vez que les pidió que se constituyeran en querellantes. Resulta que ahora estos funcionarios quieren hacerse pasar por víctimas también. El colmo del descaro.

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Hace 5 añosLas secuelas de la Covid-19 son variadas –en algunos casos, graves– y requieren de atención médica especializada. En Panamá, el número de pacientes recuperados es mayor de 300 mil, pero muchos han tenido que buscar atención hospitalaria por síntomas y padecimientos que les dejó la enfermedad, incluso, entre jóvenes sanos. Si bien el primer esfuerzo fue darle atención a los contagiados, se han debido tomar las medidas para dar seguimiento a los enfermos por los efectos postenfermedad, ya que el Estado –Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social– tendrá que crear centros de atención especializados, destinados a estos pacientes. Serán recursos económicos importantes destinados a estas personas para su recuperación. Sin embargo, estamos tarde en llevar estos registros y estadísticas, lo cual traerá consecuencias a futuro. Es vital entonces que estos antecedentes se lleven con precisión, ya que la completa recuperación de los pacientes dependerá en gran medida del registro de su evolución, síntomas y cualquier detalle sobre su estado de salud. Es hora de destinar personal y recursos para estos fines o tarde que temprano esto podría convertirse en otro grave problema de salud pública.

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Hace 5 añosLa situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) refleja palpablemente la irresponsabilidad de los gobiernos de hacer frente a una situación que, por falta de decisión y voluntad, ha llegado al extremo de amenazar la estabilidad económica del país. La Junta Técnica Actuarial de la CSS advirtió a la CSS que no recomienda fusionar el sistema mixto de pensiones –aún saludable– con el quebrado subsistema de beneficio definido. De hacerlo, el déficit existente se cuadruplicaría, de $3 mil millones a $12 mil millones anuales. Esto supone una reducción de las alternativas de solución de su déficit. El diálogo de la CSS reviste de vital importancia, en un momento de inédita vulnerabilidad económica, pero, frente a la gravedad de la situación, el Gobierno se toma a la ligera esta iniciativa, sabiendo que las consecuencias –de no llegar a acuerdos viables– pondrían el país en una posición sin precedentes. A ello se suma la inaceptable ausencia de un plan económico de recuperación, falta de transparencia y rendición de cuentas, y la insensatez de políticos que prefieren gastar que ahorrar. Otro patético ejemplo de ello es otra licitación de carros de alquiler para la Presidencia, por $3.3 millones. Esas son sus absurdas prioridades.

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Hace 5 añosEl poder enceguece, embrutece y embriaga, y en Panamá, hay que agregar que corrompe, enriquece y envilece. Es una combinación peligrosa, pero, como embrutece, los perpetradores no se dan cuenta de lo que hacen o no les importa. En una frenética carrera para garantizarse –con burdas estrategias geopolíticas– una oportunidad en los próximos comicios, hay diputados que buscan satisfacer sus insaciables y voraces apetitos de poder. Primero, Benicio Robinson (PRD), con 11 corregimientos, y ahora Leopoldo Archibold, de Cambio Democrático, con otros 6, incluso, pisoteando un veto presidencial. La carrera no termina, porque seguramente, esta “victoria” animará a otros a crear más corregimientos, pese a que atravesemos una crisis económica y financiera sin precedentes, producto de la pandemia. A ellos no les importa que haya que destinar millones –solo para que funcionen– a estos corregimientos. Se dividen el país como si fuera un pastel, a su conveniencia y personal provecho. Estamos en manos de mercenarios políticos que nos llevarán a una debacle de consecuencias incalculables.

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Hace 5 añosTodos recordamos aquella resolución de Gabinete No. 69 de 2019, en la que este gobierno pretendía reemplazar la educación formal con experiencia laboral, a fin de darle cabida a su “feligresía” política que no contaba con los méritos académicos para ser nombrada en algunos puestos, según los requisitos que exige el manual ocupacional del sector público. Afortunadamente, la resolución fue demandada, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ocurrencia del Ejecutivo. La resolución fue objeto de duras críticas, pues significaba un evidente retroceso para el Estado y su modernización. La norma buscaba claramente darle trabajo a militantes del PRD que por entonces reclamaban (en redes y protestas callejeras) puestos de trabajo, en retribución por la búsqueda de votos a favor de la campaña que llevó al partido al poder, en 2019. Con esta resolución, nada impidió que el Gobierno contratara a personas ajenas al ejercicio de oficios que tradicionalmente fueron ejercidos por profesionales debidamente acreditados, técnica y académicamente. La sentencia ahora pone un alto a tanto disparate y desatino, y esperamos que se hagan las correcciones necesarias para poner al frente a profesionales legítimos.

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Hace 5 añosSi el parámetro usado por el contralor Gerardo Solís para afirmar que Panama Ports Company (PPC) cumplió con el Estado panameño es el monto de sus inversiones, su criterio está bastante limitado. Esta empresa es el más palpable ejemplo del juegavivo que hay entre todas las que tienen grandes concesiones estatales. Torció su contrato para lograr una “equiparación” inmerecida; sus aportes directos al Estado panameño son una miserable migaja, mientras la empresa logra cuantiosas utilidades, y ha sido decididamente el mayor obstáculo para que en el área donde opera –en el Pacífico– se desarrollara otro puerto. En pocas palabras, su presencia no ha sido tan beneficiosa para el país, pero el contralor nos viene con el cuento chino de que ha cumplido. Lo que ha logrado cumplir son sus mezquinos propósitos, con la complicidad de panameños que solo se preocupan de su propio bienestar. Si este gobierno quiere hacer las cosas bien, debe analizar todas las opciones e incluso contemplar si conviene terminar esta relación. Fue un gobierno PRD el que trajo a la empresa; ahora, cuando vence su concesión, debe exigir responsabilidad por su actitud poco edificante. Señores, por una vez, sorpréndanos con una buena noticia. Absténganse de vender la bandera nacional por buenos billetes.

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Hace 5 añosEl Ministerio de Cultura (MiCultura) ha rendido un informe de gestión que sorprende. Si bien es plausible que haya generado trabajo para artistas nacionales en medio de la pandemia, lo cierto es que también decidió otorgar contratos –unos directos, otros en concurso– para gastos innecesarios y hasta superfluos, ya que todo mundo sabe que el país necesita cada centavo y es imperdonable el despilfarro. El nivel de irresponsabilidad de MiCultura, en este caso en particular, y del Gobierno, en general, es preocupante, porque los funcionarios no parecen entender la situación económica que sufre el país. El ministro de Cultura, incluso, llegó a ofender a periodistas y medios, que no hacen más que cumplir su labor de servir de contrapeso a los poderes constituidos, por lo que les asiste el derecho de cuestionar sobre el uso de recursos del Estado que –entiéndase bien– no son peculios del ministro, sino de todos los panameños y, en consecuencia, el deber de este funcionario es rendir cuentas sobre su uso. La cultura es parte de nuestra identidad, es la expresión de lo que somos y el ministro de la cartera en cuestión está muy lejos de representarnos como panameños preocupados por el futuro de este país.

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Hace 5 añosLa Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap) ha interpuesto una acción legal contra el Contralor General de la República por la presunta comisión del delito de infracción de los deberes del servidor público, ya que la organización estima que el funcionario ha incumplido su responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos. Independientemente de que prospere o no la denuncia en contra del alto funcionario, lo cierto es que este no ha hecho una sola intervención pública para emitir un informe sobre los elevados gastos en los que ha incurrido el Gobierno para combatir la pandemia. Ha habido numerosos y todo tipo escándalos, y ninguno de ellos ha generado una iniciativa a fin de promover un pronunciamiento público, salvo el del hospital modular que, lejos de cuestionarlo, lo que hizo fue justificar una obra que a todas luces es irregular. Los ciudadanos estamos a la espera de que rinda cuentas, de que nos informe qué ha hecho para que los dineros no sean malgastados, como hemos visto en distintos proyectos. Es inaceptable que estemos aún a oscuras después de casi un año de gastos y solicitudes de multimillonarios créditos de los que muy poco se sabe. Es hora de que salga a rendir un informe a la Nación sobre su gestión. No hay excusa que valga para no hacerlo, salvo la complicidad.

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Hace 5 añosLuego de que el Ejecutivo sancionara el proyecto de ley que creó once corregimientos en Bocas del Toro –iniciativa del diputado Benicio Robinson (PRD)– era de esperar que los proyectos de ley presentados por otros diputados que no eran de su partido también recibieran el sí. Pero no es el caso. Ahora, los proponentes del proyecto de ley 73 –que crea cuatro corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé– reprochan el veto presidencial a su iniciativa y piden al pleno que sea aprobado por insistencia, haciendo a un lado las objeciones del Ejecutivo. Razones tienen para sospechar que el veto despide un olor político, ya que el Presidente sí encontró viable el proyecto de su copartidario. Pero, en honor a la verdad, el Presidente ha debido rechazar no solo este último, sino también el proyecto de Robinson. Muy bien sabe él las mezquinas razones que se esconden detrás de la creación de estos corregimientos. Son cambios al mapa político que no responden a necesidades del país o la población; son caprichos de políticos en el ajedrez de los comicios de 2024. Debió parar todos esos proyectos, pero ahora está ante este vergonzoso escenario de favoritismos.

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