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El Ifarhu está bajo el escrutinio público frente a los abusos cometidos contra estudiantes que necesitan auxilios económicos no reembolsables, pero que el director de la institución prefiere dárselos a la parentela de los políticos, en especial, del partido gobernante. Pese a los cuestionamientos, a las exigencias de investigación, críticas y recriminaciones, el Ifarhu contará con un presupuesto que claramente es electoral. En momentos en que sectores de salud, educación y científico piden mayores recursos —que son negados sistemáticamente—, el Ifarhu recibe aumentos de presupuesto para el año preelectoral: cientos de millones de dólares, que superan con creces los presupuestos del Órgano Judicial o la Procuraduría General y decenas de entidades estatales. Bastan dos dedos de frente para entender por qué, una institución sin credibilidad, recibe aumentos millonarios. Tal parece que existiera la intención de despojar al Estado para gastar en campañas electorales bajo la mirada cómplice de la Fiscalía Electoral. El partido en el poder nos espeta a la cara que no importa que los ciudadanos exijan rendición de cuentas. Su mensaje alto y claro es que ellos son los que mandan y no tienen qué rendir cuentas a nadie.

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