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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosA pocas semanas de culminar el primer año de gestión de la Asamblea Nacional, los padres de la patria no han logrado romper con el estereotipo que históricamente ha caracterizado a este grupo de honorables. Los panameños esperamos que aquellos en quienes depositamos nuestra confianza, sepan cumplir con su compromiso de fiscalizar y legislar por encima del interés particular y de promesas electoreras de corte populista. La realidad muestra un escenario muy distinto. Poco se ha hecho en el pleno de la Asamblea durante los últimos meses. Buena parte de los proyectos que ha impulsado el Legislativo responden a intereses clientelistas. El país tiene muchas necesidades que ameritan revisiones legislativas profundas. Estamos cansados de las demostraciones circenses que parecen haberse tomado el pleno desde ya hace varios años, ahora con nuevos protagonistas. A los panameños no nos interesan los acuerdos politiqueros, lo que nos importa es que la Asamblea asuma su papel y contribuya a brindar soluciones. Exigir a nuestros diputados que ocupen su tiempo legislando en pro de un país con una base jurídica sólida es nuestro deber ciudadano.

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Hace 11 añosHoy se celebra el Día Mundial del Agua, pero en Panamá esto no es una razón para festejar. Pese a que un país como el nuestro, con tantas riquezas naturales, bañado por dos océanos y con una población relativamente pequeña, debía beneficiarla en abundancia pero buena parte de sus habitantes no tiene acceso confiable y continuo a los servicios de agua potable. Hace ocho meses, la Contraloría reveló que 194 mil 232 personas consumen el agua sin ningún tipo de tratamiento, ya sea porque la obtienen de quebradas, manantiales, ríos o lluvia. El Ministerio de Salud reconoció en un informe que no se reducirá la cantidad de personas sin acceso al agua potable y a servicios de saneamiento a los niveles consignados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mientras tanto, la tala, la contaminación y los asentamientos espontáneos siguen impactando negativamente las fuentes naturales de agua, lo que cierne una amenaza sobre un segmento aún mayor de la población. En fechas como esta se tendría que debatir sobre la adecuada gestión a futuro de nuestros recursos hídricos, y no esperar a que los panameños salgan a las calles a gritar “agua, agua” por motivos distintos a los de la fiesta del Carnaval.

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Hace 11 añosRecibir una buena educación, ser tratado en igualdad de condiciones y no ser discriminado por razón de raza, religión, inclinación sexual o condiciones especiales son derechos básicos a los que aspira todo ser humano. Es por esto que al dedicar el día de hoy a aquellos que tienen la condición de síndrome de Down, es nuestro deber hacernos eco de todas las organizaciones que mediante su apoyo ayudan a la integración de estas personas a la sociedad panameña. Conformarse con vivir en un país donde todavía la discriminación dirige el comportamiento social, es simplemente inaceptable. Un esfuerzo conjunto de las entidades gubernamentales, las escuelas y los padres de familia es necesario. Iniciativas estatales de inclusión son indispensables. Crear conciencia en la juventud, de que no por tener una condición especial estas personas tienen menos derechos a la oportunidad de convivir, participar y ser productivas para la sociedad, debe ser un compromiso. Así pues, merecen el respeto y la consideración de un país que se sienta orgulloso de sus aportes y les tome en cuenta como ciudadanos.

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Hace 11 añosUna economía pujante es producto de un país con estructuras que benefician la inversión y un ambiente en el que impera la seguridad jurídica. Ambos temas deben ser parte de la agenda de Estado panameña. Nuestro crecimiento económico sostenido es un indicador infalible, muy a pesar de los escándalos de corrupción sin precedentes que se dieron en el quinquenio pasado. El sector empresarial se ha manifestado reiteradamente. Su preocupación por el decrecimiento de las actividades mercantiles, el exceso de burocracia gubernamental y la lentitud en el cobro de cuentas por pagar por parte del Estado son puntos válidos y muy sensitivos, que bajo ninguna circunstancia han de ser tomados a la ligera. Es responsabilidad de la administración Varela implementar las medidas correctivas necesarias para asegurar el crecimiento económico. Si bien, funcionarios y empresarios deben manejarse en estricto apego a las leyes -precisamente para garantizar la reclamada seguridad jurídica-, esto no debe ser utilizado como excusa para dilatar trámites y procesos. No repitamos malas prácticas, el costo ha sido muy alto para el país.

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Hace 11 añosLa obligación de designar al subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) es una tarea que lleva ya varios meses de retraso. Si bien, este nombramiento no es uno que debe hacerse a la ligera, sorprende que el director de la entidad –a quien, por mandato legal, corresponde esta elección– haya hecho esfuerzos estériles por encontrar al candidato idóneo. Ya en el pasado, la administración de la CSS ha sido politizada, nombrándose directivos para quienes el derecho que tiene todo asegurado a recibir un servicio de salud digno no era una prioridad. En muchas ocasiones, esta se ha limitado a asegurarse de plazas de trabajo para allegados políticos. Los errores del pasado nos han costado mucho. Esta administración no puede, ni debe, repetir estos desaciertos. Recibir atención médica de primera, aspirar a una jubilación y beneficiarse de los programas que proporciona la CSS, son derechos de todos aquellos que cada mes contribuyen con un porcentaje de su salario a subsidiar la entidad. Por tal razón, su director debe responder a los asegurados por este nombramiento. Una reunión en el Palacio de las Garzas para discutir la designación del subdirector envía un mal mensaje. La CSS no es el lugar para llenar cuotas políticas.

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Hace 11 añosCiertamente, la historia de Panamá no se circunscribe solamente a las relaciones con Estados Unidos. Pero no podemos obviar que los hechos demuestran que con ese país hemos tenido un vínculo, al calor del cual se han forjado importantes episodios de nuestra nacionalidad como la separación de Colombia y el nacimiento de la República, la construcción del ferrocarril y del Canal interoceánico, y las gestas patrióticas de recuperación de la soberanía. Por ello, no se explica que durante la pasada administración se haya eliminado la asignatura de Relaciones de Panamá con Estados Unidos en la educación media de los colegios públicos y particulares. Al conmemorarse el año pasado el 50 aniversario de los sucesos del 9 de enero de 1964, un grupo de intelectuales y ciudadanos pidió a la Asamblea Nacional restablecer esta asignatura. Ayer, los diputados corrigieron un error y compete ahora al Presidente de la República sancionar la ley. Esta es una justa reivindicación a quienes ayudaron a consolidar la Nación soberana y un antídoto contra el olvido, sobre todo para las nuevas generaciones.

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Hace 11 añosLa Alcaldía de Panamá ha empezado a ser estricta en torno a los permisos de construcción. Por más que la patronal que representa a los empresarios de la construcción se queje de retrasos que mantienen “estancados” los proyectos, el nuevo ingeniero municipal está haciendo que se cumpla la ley, algo que en el pasado –por lo que ahora se ve– no era un requisito para obtener la firma de sus antecesores. Y justamente porque ahora tienen que respetar la legislación vigente es que la construcción aparenta estar empantanada, cuando lo que en realidad pasa es que los planos se devuelven para que cumplan con las disposiciones en esta materia. La capital ya no puede seguir creciendo con el desorden del que hemos sido testigos. La ciudad de Panamá es hostil, está a punto del colapso por el caos vehicular, por el envejecimiento de sus estructuras públicas, por la carencia de espacios verdes y aceras. Son muchos los problemas que aquejan a la ciudad como para que empeore porque se viole la ley. Sacrificar el bienestar de los ciudadanos de la capital por complacer al sector de la construcción no tiene ninguna justificación. Esta ciudad es de todos, no solo de los constructores.

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Hace 11 añosLa indignación reina en Brasil por el robo descarado de los recursos públicos. El caso suramericano toca a Panamá, porque filiales de la empresas brasileña operan aquí con cuantiosos contratos, sobre los cuales siempre ha rondado la duda y la sospecha. Según las investigaciones que adelantan los fiscales brasileños, el sistema para esquilmar era bastante simple, pero eficaz: la estatal Petrobras, cuyos directivos son nombrados por políticos, entregaba contratos con sobreprecios a empresarios corruptos y estos, por medio de intermediarios, hacían llegar las coimas a los políticos. En otras palabras, los brasileños pagaban dos o tres veces por las obras. Aquí en Panamá, según se desprende de las primeras pesquisas de fiscales y auditores, el sistema para convertir en millonario a cualquier político tampoco era muy sofisticado. Más bien rayaba en lo burdo: se inflaban los precios, se entregaban los contratos de forma directa y los empresarios se encargaban de compensar al funcionario directa o indirectamente. Uno de los que se supone recogía presuntas coimas de empresas contratistas del Estado es investigado en Italia. Ojalá acá también lo investiguen.

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Hace 11 añosLa clase política se ha ganado ampliamente la desconfianza del pueblo panameño. Y las razones están a la vista: el robo descarado del dinero de nuestros impuestos, el eterno clientelismo, el despilfarro y mal uso de nuestro patrimonio, la falta de transparencia y la arrogancia de sentirse por encima de la ley. Y tienen por qué sentirse así: porque ellos legislan para ser intocables, para no rendir cuentas. Los fueros y privilegios han sido creados con el único fin de convertir a los políticos en una casta que no le debe explicaciones a nadie. Al menos, eso es lo que ellos creen. Pero, justamente porque gozan de nuestra mayor desconfianza es que hoy más que nunca deben despojarse de estos privilegios porque si quieren nuestro respeto, deben ganárselo. Y no lo lograrán hasta que entiendan que son tan ciudadanos como cualquier otro, que deben estar sometidos a la justicia ordinaria como todos los que les pagamos su salario; que deben responder por los dineros que administran, que no son suyos, sino nuestros. Y si conservan el privilegio o el fuero, jamás debe ser excusa para evitar que rindan cuentas por actuaciones dolosas o impropias.

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