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Una economía pujante es producto de un país con estructuras que benefician la inversión y un ambiente en el que impera la seguridad jurídica. Ambos temas deben ser parte de la agenda de Estado panameña. Nuestro crecimiento económico sostenido es un indicador infalible, muy a pesar de los escándalos de corrupción sin precedentes que se dieron en el quinquenio pasado. El sector empresarial se ha manifestado reiteradamente. Su preocupación por el decrecimiento de las actividades mercantiles, el exceso de burocracia gubernamental y la lentitud en el cobro de cuentas por pagar por parte del Estado son puntos válidos y muy sensitivos, que bajo ninguna circunstancia han de ser tomados a la ligera. Es responsabilidad de la administración Varela implementar las medidas correctivas necesarias para asegurar el crecimiento económico. Si bien, funcionarios y empresarios deben manejarse en estricto apego a las leyes -precisamente para garantizar la reclamada seguridad jurídica-, esto no debe ser utilizado como excusa para dilatar trámites y procesos. No repitamos malas prácticas, el costo ha sido muy alto para el país.

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