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En los últimos 15 años, cuatro gobiernos distintos han intentado resolver el problema del transporte público del área metropolitana, con una combinación de entidades transportistas, aportes estatales directos y subsidios de todo tipo. La propuesta divulgada ayer presenta un interesante modelo, en el que finalmente se entiende que este servicio público no puede tratarse como negocio, y que el Estado, actuando en nuestro nombre, no solo debe regentarlo, sino operarlo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los aproximadamente 245 millones de dólares asumidos por el Estado son una buena inversión si en efecto se le devuelve la confianza y la calidad de servicio a los usuarios. Es un gran día para los panameños cuando podemos tener la esperanza de que el transporte de pasajeros dejará de ser una tragedia para convertirse en una rutina eficiente y confiable, digna de una sociedad seria y civilizada, como aspiramos ser.