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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosEn el año 2013, la importante ampliación de la carretera Interamericana entre David y Santiago le fue concedida en cinco tramos distintos a iguales grupos contratistas. De estos el más largo, que va de Santiago a Viguí, lo obtuvo la constructora Odebrecht. En 2016, el gobierno actual negoció cinco adendas, siendo la de Odebrecht por un monto de 39.9 millones de dólares. Nada importó que ya se conocieran los escándalos de sobornos de los que participaba esta firma en todo el mundo. El ministro de Obras Públicas suscribió la adenda y el contralor general de la República la refrendó. Esto confirma una vez más la debilidad de la normativa de contrataciones públicas del país. Es imperioso reformar estructuralmente este régimen para eliminar los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, los sobornos y la modificación constante de las licitaciones con adendas. Al gobierno del presidente Juan Carlos Varela le quedan dos años de mandato para cumplir con esta promesa, y para demostrar que el país puede tener un sistema de licitaciones y compras del Estado basado en la decencia y en la integridad de todas las partes.

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Hace 9 añosEn los años recientes se han manifestado con total libertad los trabajadores, los gremios docentes, los jubilados, la sociedad civil reclamando una enérgica lucha contra la corrupción, y grupos católicos que conjuntamente con sus pares evangélicos hicieron saber su rechazo a los proyectos de salud sexual y de educación en sexualidad en las escuelas oficiales. Con estos antecedentes, sorprende la forma en que reaccionó la Policía Nacional ante una pequeña marcha de estudiantes universitarios, activistas de los derechos de las trabajadoras sexuales y otros ciudadanos, que quería llamar la atención sobre los presuntos abusos que comete la Policía Nacional al lidiar con este tema. El arresto de 15 personas, las cuales fueron conducidas al cuartel de San Miguel y la negativa de la Policía Nacional de explicar los protocolos y prácticas vigentes para enfrentar la prostitución callejera, no pueden ser las formas de atender este reclamo social. Las acciones de las autoridades demuestran que existe intolerancia y hasta incomodidad con esta protesta. Ante la Constitución, todos tenemos derechos y sobre todo las minorías para expresar críticas a la acción del Estado. Eso se llama democracia.

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Hace 9 añosDespués de más de dos siglos del aumento en la concentración del dióxido de carbono en nuestra atmósfera, la recuperación del daño causado pende de un hilo. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de los acuerdos de París para combatir el cambio climático es un acto de egoísmo y miopía, que condena a la nación que representa al ostracismo internacional y a la pérdida de liderazgo. Ningún gobernante responsable puede asumir una posición negacionista que descarta la evidencia científica y los esfuerzos multilaterales destinados a resolver uno de los principales problemas del mundo. Ahora, más que nunca, le corresponde a cada ciudadano, a los líderes morales, a la sociedad civil organizada y a las empresas de vanguardia impulsar cambios de conducta, tales como la adopción de fuentes limpias de energía, la promoción de la eficiencia tecnológica y la buena gestión ambiental, para superar el atolladero en el que el señor Trump ha orillado al mundo. Hay que pensar globalmente, y actuar localmente. La responsabilidad de salvar al planeta es de cada uno de nosotros.

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Hace 9 añosEn los despachos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los expedientes de los habeas corpus acumulan polvo, mientras que los folios de los amparos de garantías constitucionales se tornan amarillentos por el pasar del tiempo. En el mundo de la realidad judicial, nunca hay apuro ni prisa, porque las consecuencias las sufren otros, y el impacto de la justicia tardía se transforma en impunidad. Los supremos juristas de esta tierra no responden ante nadie por la mora, la ineficiencia, la torpeza, o la desidia, con la que manejan los casos que son de su conocimiento. Ellos pueden exigir y sancionar a todo aquel que incumple con los términos establecidos por la ley, pero esos mismos criterios no les son aplicables. Mientras tanto, han paralizado muchos de los casos de alto perfil, dejando que amparos injustificados, incidentes imaginarios y recursos dilatorios, proliferen por doquier. Entre viaje y viaje, la mayoría del pleno de la Corte Suprema demuestra lo poco que les importa con la sed de justicia de la ciudadanía. Así se administra justicia en nombre de la República, entre el descaro y la indiferencia, y ahogando la esperanza de un Panamá mejor.

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Hace 9 añosLa criminalidad juvenil es una de las tareas pendientes que nuestra sociedad debe atender para cortar el crecimiento de la delincuencia. Entre los años 2012 y 2016, unos 491 adolescentes ingresaron a los centros de cumplimiento para menores de edad que gestiona el Ministerio de Gobierno. De esa cantidad, un 20% era reincidente y el 66% estaba privado de libertad en razón de haber cometido un robo o por posesión de un arma. Más allá de las estadísticas, son comunes los cuadro familiares disfuncionales, la deserción escolar, los entornos sociales con mucha presencia de consumo de drogas, y la relación del menor con otras personas que ya tienen problemas con la justicia. En esta etapa temprana de sus vidas, es cuando la reinserción social, combinada con planteamientos educativos adaptados a su realidad y el acompañamiento terapéutico correspondiente, puede romper el círculo vicioso que conduce a fabricar delincuentes profesionales. El fortalecimiento del modelo de gestión de los centros de menores es una oportunidad para que toda la sociedad participe en la construcción del futuro de estos jóvenes.

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Hace 9 añosLa muerte del dictador Manuel Antonio Noriega Moreno deja muchas interrogantes y pendientes sin resolver. Durante su régimen, tuvo múltiples oportunidades de evitar el triste desenlace de la invasión militar del 20 de diciembre de 1989. A lo largo de sus diversos procesos judiciales y 27 años de encarcelamiento en tres países distintos, Manuel Antonio Noriega mantuvo sus secretos y cumplió con los pactos de complicidad acordados con los civiles y militares que le apoyaron, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, los carteles de Cali y Medellín, y una larga colección de entidades clandestinas y del inframundo de la guerra y del espionaje. Su muerte no acaba con el luto de las familias de los desaparecidos, las víctimas de torturas y otras vejaciones, ni sirve de expiación de las grandes fortunas mal habidas que crecieron a la sombra de su reinado. Aún permanecen restos de sus víctimas en las morgues judiciales sin identificar, mientras muchos testigos y cómplices de los crímenes de la época siguen vivos. Este capítulo no ha concluido, porque la justicia sigue sin escribir sus últimas líneas.

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Hace 9 añosAudiencias, investigaciones y expedientes son una y otra vez objeto de retrasos –con artilugios legales– que dejan mucho que decir sobre aquellos que gritan a los cuatro vientos que son víctimas de la persecución política, de procesos indebidos y que aseguran que en los tribunales quedaría demostrada su inocencia. Pero llegado el momento, las excusas llueven, los incidentes, los amparos, los habeas corpus, las advertencias de inconstitucionalidad y cuanta herramienta legal tengan a mano impiden el normal curso de los procesos. Así, algo que debe tomar un año termina en más de cinco o en la prescripción, y en no pocos casos, con la anuencia de jueces y magistrados, que se sientan sobre los expedientes, impidiendo completar investigaciones que podrían probar, justamente, la cacareada inocencia de esos que son los que más gritan, pero que hacen lo imposible para echar tierra a las investigaciones o sus juicios. Así, la cultura de la impunidad florece abundantemente, cual campo de amapolas. La Corte Suprema de Justicia y los juzgados –que en nada son ajenos a lo que sucede– no parecen ser muy diferentes al legislativo en lo que atañe al cumplimiento de sus deberes.

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Hace 9 añosSi hay algo claro en el manejo de las partidas discrecionales de la Presidencia de la República es que se manejan con criterios nada serios. No solo el actual gobernante ha mostrado poca prudencia al destinar nuestros impuestos para pagar compromisos de amigos y funcionarios, que por cierto no necesitan de ayuda estatal para costearse sus gastos personales. Han sido todos y en consecuencia ya debe acabar –en aras de la decencia, la cordura y la transparencia– esta práctica de hacer con el dinero ajeno lo que les da la gana. Lo hemos visto con Pérez Balladares, con Mireya Moscoso. Ricardo Martinelli las llevó a más de 50 millones de dólares y Martín Torrijos no se escapó del escándalo por su uso. Estas partidas no se crearon para apoyar concursos de belleza o pagar gastos, regalos y fiestas a la familia y amigos del gobernante de turno. Su uso es para enfrentar emergencias, como algún desastre. Pero lo que es un desastre ha sido su uso insensato.

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Hace 9 añosSuelen atacar al mensajero cuando un escándalo de corrupción los salpica, los mancha o los baña; hablan de lo necesario que son para la democracia, porque sin ellos el sistema corre peligro; y lo que se diga de ellos es, en general, ataques políticos. Así se defienden. Pero la verdad es que los diputados hacen todo lo posible por convertirse en las dianas de la crítica ciudadana. Los salvan sus “colegas” en la Corte Suprema de Justicia, y poco o nada hacen para sacudirse la mala reputación que merecidamente se han ganado. La Asamblea tiene entre sus miembros a los campeones del ausentismo; en sus filas está la nueva burguesía, de negocios sórdidos y ya no tan secretos. Salvo contadas excepciones, no pueden disimular su total falta de conocimiento en las materias que legislan, como tampoco pueden hacerlo con el estilo de vida que ostentan, con las propiedades que poseen –que 7 mil dólares al mes difícilmente podrían justificar– y mucho menos pueden controlar el insaciable apetito de poder. Ni siquiera se toman el trabajo de asistir al pleno, donde al menos uno podría pensar que algo hacen. Ni en eso se ayudan. Son ellos y solo ellos sus propios saboteadores.

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Hace 9 añosLa industria de la construcción es uno de los principales motores que generan riqueza en Panamá. Se necesitan, a corto plazo, 26 mil 819 técnicos en albañilería, fontanería, electricidad y otras ramas. La falta de personal calificado, para impulsar esta industria, se debe a la combinación del estigma que tiene el trabajo manual en la mente de los jóvenes, y la carencia generalizada que hay en habilidades “blandas” relacionadas con el trabajo en equipo y la inteligencia emocional. Los principales actores privados del sector están impulsando una iniciativa de capacitación muy valiosa, y que debe ser emulada por los otros pilares de nuestra economía. El sector privado es el que mejor conoce sus necesidades de capital humano, y debe ser el punto de partida para el diseño de los esfuerzos de capacitación profesional del Estado. La percepción de que ser obrero, o que el trabajo en la industria de la construcción no tiene el reconocimiento merecido, es parte de la barrera cultural que debe ser superada. Un país que ha dejado su huella en el mundo, gracias al Canal de Panamá, a la infraestructura logística y turística de primer nivel, debe invertir en las áreas técnicas, como lo es el sector de la construcción, su futuro depende de ello.

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