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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa búsqueda del alto rendimiento en las inversiones es una motivación que sustenta a las loterías, los casinos y los juegos de azar callejeros. Cuando las personas arriesgan su patrimonio a cambio de “ingresos garantizados” o de negocios que no pueden tener pérdidas, es vital que las autoridades reguladoras y supervisoras entren en acción. No se puede aceptar que los estafadores o los gestores de pirámides abusen del sistema legal, y que ingenuos inversionistas nacionales y extranjeros pierdan su capital, y la reputación del país se manche con otro escándalo. Toda la sociedad pierde cuando alguien es estafado y, aunque todos los días nace un tonto, la institucionalidad pública y privada debe proteger al más desprevenido frente a los timos y engaños mercantiles. El comercio sano y el capital de riesgo enriquecen a toda la nación. No podemos permitir que se use el nombre de Panamá o que con los vacíos de las leyes vigentes, prolifere la mala astucia de los ladrones de sueños. Ese no es el país que queremos construir los panameños.

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Hace 9 añosLas delaciones premiadas de los altos ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht vinculadas con Panamá empiezan a ser del conocimiento público. Es importante recordar que cada una de las declaraciones efectuadas fue parte de un proceso judicial que incluyó una condena de prisión para una gran cantidad de ejecutivos. Sus delaciones contienen información verificable, ya que si omitieran datos o alteraran los relatos criminales perderían todos los beneficios de la colaboración eficaz pactada con los fiscales brasileños. Los tiempos y las capacidades de la justicia panameña no complacen a una ciudadanía sedienta de la verdad sobre el caso de corrupción más grande de la historia del país. Los medios tenemos la responsabilidad de divulgar esta información, para que los panameños cumplamos con el deber cívico de exigirle a las autoridades que tomen las acciones correspondientes. Cada una de las próximas delaciones nos dará a los ciudadanos una parte del rompecabezas de la corrupción que azotó al país. Esta es nuestra oportunidad de saber la verdad y rescatar a Panamá.

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Hace 9 añosA diario ocurren aproximadamente 128 accidentes de tránsito en Panamá. El año pasado, 440 personas perdieron la vida por estos accidentes. Una de las causas comprobadas que conduce a más fatalidades y lesiones graves es el consumo de bebidas alcohólicas. La tendencia aumenta, ya que en 2016 se dieron 3 mil 8 casos de manejo por embriaguez, mientras que en lo va de 2017 se han dado 7 mil 895. El país es el segundo en consumo per cápita de alcohol en Centroamérica. Este abuso es un catalizador de la violencia intrafamiliar y, por supuesto, de los accidentes de tránsito. Esta realidad no puede ser controlada únicamente por la Policía de Tránsito, y las amenazas de mayores multas y sanciones administrativas. La mejor respuesta frente a este problema es promover el consumo responsable, para lo cual se requiere la participación del sector privado, los servicios de salud y de la sociedad en general. Hemos derramado demasiada sangre, dejando que el alcohol y los intereses vinculados a este negocio sigan controlando esta agenda. Es tiempo de salvar vidas.

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Hace 9 añosLas sociedades democráticas tienen que luchar permanentemente con los desafíos del sexismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de discriminación. Los derechos humanos de las personas oprimidas no son objeto de negociación y no se pueden someter a los torneos electorales, ya que el Estado de derecho existe para proteger los derechos humanos de todos. La marcha del orgullo LGBTI 2017, este año con el lema “Panamá, la suma de todos”, fue un ejercicio de tolerancia y de educación cívica que demostró la importancia de la convivencia pacífica y pluralista que debe darse en el mundo. La historia de las tragedias sociales incluye horrores producto de la discriminación y la marginación. No podemos volver a los tiempos de repudio a los derechos de las mujeres, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios o aquellos en los cuales se excluía a las personas con discapacidad. La humanidad no puede seguir descontando categorías enteras de ciudadanos. Este es un buen momento para que nos desprendamos de los prejuicios y respaldemos la tolerancia tan necesaria para la vida en sociedad.

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Hace 9 añosLa casa Wilcox, fundada en 1913, en la ciudad de Colón, representa una conexión con el pasado glorioso que tuvo dicha urbe. Su valor para la cultura colonense es demasiado alto como para desperdiciarlo en una réplica que le quitaría la autenticidad a esta edificación. Preocupan entonces las palabras del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien ha indicado que es probable que la casa Wilcox sea demolida. Esto, a pesar de que en los términos contractuales del proyecto de renovación urbana de Colón se exigía esta restauración. Tampoco importa que exista una ley que protege al casco antiguo de Colón. El funcionario nos quiere hacer pensar que la última palabra la tendrá el Instituto Nacional de Cultura, cuando frente a esta débil institución pesa mucho más la voluntad y la facilidad de la empresa Odebrecht, que ya puso en riesgo, simultáneamente, a Panamá Viejo y al Casco Antiguo de la ciudad capital. Las autoridades son las que tienen que demostrar que más importa la historia de la “tacita de oro”, que el poderoso caballero don dinero.

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Hace 9 añosEn la víspera del cambio de la junta directiva de la Asamblea Nacional, surge otro capítulo del escándalo de las donaciones de los diputados. No contentos con toda la impunidad que les otorgó la Corte Suprema de Justicia, los padres de la patria se desentienden de sus responsabilidades, y de la auténtica rendición de cuentas que le deben a toda la República. Es imposible pensar que ellos no se dan cuenta del gran daño que le han hecho al país con sus subterfugios, maniobras y estratagemas, que solo sirven para ocultar y disfrazar lo que es evidente: que una gran parte de los diputados le está robando a las arcas del Estado. Este robo toma distintas formas, algunas veces puede ser el de donaciones fantasmas, en otras ocasiones el crimen se manifiesta en forma de contratos por servicios inexistentes, y luego están las infelices “obras” circuitales con las que abultan su tesoro personal. Este periodo legislativo termina con mucha pena y sin nada de gloria, ya que no se avanzó en materia de transparencia y combate contra la corrupción. Fue en realidad un festín de la opacidad. Ojalá mañana sea otro día.

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Hace 9 añosLas elecciones para la presidencia de la Asamblea Nacional demuestran las verdaderas intenciones de los principales partidos políticos del país. En cada bancada deben zanjarse las diferencias para luego escoger su candidato para la jefatura de este poder del Estado. La Asamblea Nacional tiene importantes tareas pendientes y que no forman parte de las consideraciones de este proceso de elecciones. La nueva presidencia puede hacer mucho en la lucha contra la corrupción, saneando la actividad legislativa y retomando las investigaciones que prometieron a la opinión pública, y que rápidamente fueron abandonadas. En dos días, tendremos una nueva junta directiva que regirá los destinos de un órgano que ha sido vilipendiado por el tráfico de influencias y por los rejuegos realizados con donaciones y contratos. Quedan por subsanar para este nuevo período de sesiones, la mora de la reforma del sistema de contrataciones públicas y la auditoría de los fondos dispuestos por cada diputado. Panamá se merece una Asamblea que honre a los ciudadanos y se gestione con la máxima integridad posible.

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Hace 9 añosEl renglón de los subsidios desembolsados por el Estado en el año 2016 fue de mil 375.6 millones de dólares, cifra que representa una reducción de 244 millones de dólares frente al monto de 2015. Esta disminución no fue el resultado de algún cambio estructural en las políticas públicas del Gobierno, sino que fue principalmente producto de la reducción de los costos de la energía. Con lo que Panamá gasta en subsidios anualmente se puede construir una nueva línea del Metro o, puesto de otra forma, en un quinquenio supera el costo estimado del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Cuando se piensa electoralmente, se contempla un subsidio para cada necesidad humana. Sin embargo, lo que necesita la mayoría de las personas son buenos empleos, servicios públicos de calidad y una institucionalidad social eficiente. En muy pocos años, nos hemos convertido en una sociedad adicta a los subsidios y nos parecen normales las largas colas de adultos mayores, acudientes y familias vulnerables esperando los pagos provenientes del Estado. Este no es el camino para desarrollar el potencial humano, sino para esclavizarlo.

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Hace 9 añosLos impuestos que los panameños pagamos con tanto esfuerzo, fueron entregados a una empresa como adelanto para la ampliación de una importante carretera. El dinero fue desviado para hacer una transacción comercial, lo que es un peculado. Su origen fue disimulado usando bancos en el extranjero, sociedades caribeñas, hasta colocarlo en una canasta junto con los fondos provenientes de otras empresas y personas naturales para comprar una editorial. El Ministerio Público ha hecho visible esta red siniestra que robó fondos públicos, y los blanqueó. No son delitos simples, sino actos criminales de la peor calaña. Los sobrecostos de las obras públicas financiaron los negocios y los caprichos del círculo cero. Los fiscales tienen en sus manos un caso sumamente sensible, porque hay tres periódicos críticos del gobierno actual que deben ser protegidos. Esto no es persecución a la libertad de expresión. Aquí debe quedar claro que el tesoro público debe ser defendido, al igual que la libertad de prensa. Panamá confía en que sus fiscales cumplirán cabalmente con estas tareas.

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Hace 9 añosDespués de 41 años de falsas esperanzas, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificaron los restos de Bettzy Marlene Mendizábal. Esta historia tuvo su génesis en enero de 1976, cuando la entonces joven de 19 años y su novio, el estudiante universitario Jorge Falconett, murieron misteriosamente en la playa de Mariato, en Veraguas. El cuerpo de Falconett nunca fue encontrado, mientras que el de Mendizábal fue hallado entre unos manglares, pero debido al estado de sus restos no se practicó una autopsia. Nunca se hizo una investigación objetiva e imparcial durante la dictadura militar, porque presuntamente uno de los sospechosos tenía vínculos con la Guardia Nacional. Con el regreso de la democracia en 1989 este caso fue atendido con los recursos y técnicas de la época, lo que llevó a un proceso penal que concluyó en 1997 con la absolución de los investigados. Este enigma proseguirá como una de las grandes deudas que tiene nuestro Estado para con los desaparecidos del gobierno militar. Al menos una familia puede honrar a una víctima que estaba desaparecida entre la burocracia y la ignominia. Y los demás, ¿cuándo tendrán justicia?

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