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Audiencias, investigaciones y expedientes son una y otra vez objeto de retrasos –con artilugios legales– que dejan mucho que decir sobre aquellos que gritan a los cuatro vientos que son víctimas de la persecución política, de procesos indebidos y que aseguran que en los tribunales quedaría demostrada su inocencia. Pero llegado el momento, las excusas llueven, los incidentes, los amparos, los habeas corpus, las advertencias de inconstitucionalidad y cuanta herramienta legal tengan a mano impiden el normal curso de los procesos. Así, algo que debe tomar un año termina en más de cinco o en la prescripción, y en no pocos casos, con la anuencia de jueces y magistrados, que se sientan sobre los expedientes, impidiendo completar investigaciones que podrían probar, justamente, la cacareada inocencia de esos que son los que más gritan, pero que hacen lo imposible para echar tierra a las investigaciones o sus juicios. Así, la cultura de la impunidad florece abundantemente, cual campo de amapolas. La Corte Suprema de Justicia y los juzgados –que en nada son ajenos a lo que sucede– no parecen ser muy diferentes al legislativo en lo que atañe al cumplimiento de sus deberes.