Hoy por hoy

Los diputados, aunque sean funcionarios de elección popular, están sujetos a la ley y la Constitución, como cualquier otro servidor público. Sin embargo, los miembros de esta Asamblea han demostrado un profundo desprecio por la rendición de cuentas y la transparencia. Ignoran de forma deliberada fallos de la Corte Suprema de Justicia, peticiones de información de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) o de la Procuraduría de la Administración, y ni siquiera guardan el mínimo respeto a la Contraloría General de la República; mucho menos rinden cuentas al ciudadano común, que los elige. Señores diputados: sus conductas deben ser intachables, pero se comportan como una pandilla, sin más responsabilidad que la de su propio bolsillo o sus intereses personales. El dinero que manejan –sí, el que gestionan por interpuestas personas– pertenece al Estado, y su deber es explicar su uso y destino. No son reyes, no son absolutos, son funcionarios. Para los ciudadanos nos resulta inexplicable la contratación de personal sin funciones, sin saber dónde trabajan o quién gestiona estos contratos. Si no quieren justificar estos fondos, entones no deben solicitarlos. Pero si insisten, deben responder sin titubeos ni cuentos chinos. Bien por el contralor que no refrendó lo que no tiene explicación.