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La Caja de Seguro Social es la mayor aseguradora del país, la principal proveedora de servicios de salud y la administradora de fondos de jubilación más grande de nuestra nación. Todas estas características reclamarían una junta directiva profesional, independiente y responsable, pero este no ha sido el caso. Desde 2004 hasta la fecha, la Caja ha enfrentado la crisis del dietilenglicol, la defraudación del SIPE, la escasez de medicamentos, múltiples escándalos de sus servicios médicos y desde hace varios años la ausencia de informes actuariales que describan la realidad financiera de los fondos de jubilación. A todo lo largo de este historial, la junta directiva ha sido cómplice de la situación en que está la Caja. Por si fuera poco, los gastos derivados de la operación de dicha junta directiva se han incrementado, sin contar los fondos destinados para viajes al extranjero para supuestas capacitaciones cuyos resultados se desconocen. Si persiste más de lo mismo, vamos hacia el colapso en los servicios sociales que los asegurados pagan con gran esfuerzo. Urge tomar una decisión inmediata. Ya basta de diatribas estériles y discursos demagógicos.

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