Hoy por hoy

Faltan exactamente cuatro meses para las elecciones generales del 5 de mayo. Aparte de lo notable de esta fecha, en el día de hoy se activan nuevamente los fueros electorales. Como es sabido, en Panamá nuestra generosa legislación extiende los fueros no solo a los candidatos principales y suplentes a la Presidencia de la República, a las alcaldías, a las diputaciones y a los cargos de representantes de corregimiento, sino que también a todos aquellos miembros de los partidos políticos y del propio Tribunal Electoral que desempeñen una función en el proceso de elecciones. Estas prerrogativas incluyen una tutela contra acciones como despidos o traslados y sanciones dentro de la esfera laboral, sin la autorización del Tribunal Electoral, y además, impiden las actuaciones y diligencias por parte del Ministerio Público, y otras agencias de instrucción para perseguir, investigar o tramitar lo pertinente a un proceso penal. Este exceso es una clara burla a los sentidos básicos de equidad y de decencia que fundamentan el Estado de derecho. En el proceso electoral actual, el fuero penal concedido a los candidatos o a los dignatarios de los partidos políticos ha sido la motivación suficiente para que personas investigadas por delitos de alto perfil detuvieran la acción del Ministerio Público. Esto es otra herramienta más para los que buscan la impunidad, haciendo de la política un imán para bribones y delincuentes.