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Las pretensiones de Franz Wever de convertirse –mediante el voto de los diputados- en magistrado del Tribunal de Cuentas es la antítesis del espíritu de la ley que creó esta institución. Revela, eso sí, un maquiavélico complot de la Asamblea para asegurarse más impunidad de la que ya goza, gracias a una Corte Suprema vergonzosamente divorciada de la justicia. Está claro que muchos diputados deben o deberán rendir cuentas sobre el uso de bienes y dineros estatales tras la inédita cantidad de investigaciones que adelanta o ha adelantado la Contraloría en temas como las planillas de la Asamblea o las donaciones o el uso de las partidas circuitales. La movida de Wever para lograr una de las sillas que ocupan los magistrados del Tribunal parece catastróficamente obvia frente a este escenario. Ello, sin contar el hecho de que promover su autocandidatura desde el cargo que ocupa en la Asamblea es un asunto que parece a todas luces tráfico de influencias. Por último, ¿cree Wever que basta con ser abogado, panameño y haber sido funcionario por 10 años para ocupar el cargo? Estos son requisitos formales, pero usted, señor, carece de los que no están escritos en la ley para ocupar ese cargo.

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