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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosLa llegada –por adelantado– de la temporada seca no es buena noticia para la administración del Canal de Panamá, que ya debe afrontar los problemas acumulados por una estación poco lluviosa y por un gobierno que se ha sentado sobre los proyectos de solución planteados por la vía acuática para acometer la falta de agua para el uso de los buques en tránsito y para el consumo humano en el área metropolitana. Estos problemas sin duda tendrán un serio impacto en los ingresos del Gobierno.

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Hace 3 añosResulta bastante inusual que un servidor público en plenas funciones presente denuncias al Ministerio Público contra colegas o copartidarios, mucho menos contra sus superiores. Guardar silencio es la opción cómoda: no denunciar al amigo o al compañero ni menos al que fue su jefe o a las más altas autoridades del país. Pero, aunque es un fenómeno raro, siempre hay la posibilidad de que ocurra, como ahora, cuando el subadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) ha pedido formalmente que se investigue lo ocurrido en dicha institución con el uso de una plataforma digital, cuya autoría, al menos en parte, se la atribuye a la técnicos de la AIG. Pero, además, en su denuncia menciona que desde el presidente, pasando por el contralor y otros altos cargos, no le prestaron atención cuando intentó ponerlos al tanto de la situación. Lo menos que se merece este funcionario es el respaldo ciudadano por hacer lo correcto. Esperamos que el procurador de la Nación haga una exhaustiva investigación con el abundante cúmulo de pruebas indiciarias presentadas. Es la mejor forma de pagarle al funcionario que se arriesga a represalias de un partido que tolera la corrupción como poco hemos visto.

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Hace 3 añosDado que se han encontrado escandalosas evidencias de que hay minas en Panamá que, si bien se han cerrado, no ha sido de la mejor manera, ya que recientes estudios de la Universidad Tecnológica de Panamá revelan una alta concentración de peligrosos químicos –como el arsénico– en alimentos que se cosechan en el área de Remance, en la provincia de Veraguas, lugar donde hace veinte años una empresa extrajo oro, hay que ser insistentes con una veeduría de la sociedad civil y de organismos ambientales internacionales con experiencia en la materia para el cierre de la mina de Donoso.

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Redacción de La PrensaHace 3 añosAl acercarse una nueva negociación con Cobre Panamá, para el cierre ordenado y planificado de la mina, es absolutamente necesario que el Gobierno sea transparente, a fin de evitar sospechas o suspicacias. Algunos, incluso, han recomendado que sean nombrados comités de asesoría que incluyan la academia y la sociedad civil, que, al fin y al cabo, es la responsable de que la mina se cierre tras el fallo de de la Corte Suprema de Justicia. En beneficio de la transparencia en este proceso de cierre, el Gobierno debe comunicar con precisión quiénes serán los negociadores que representarán al Estado y cuál será su rol. Además, dado que se avecinan los arbitrajes que ha anunciado la minera, el país también necesitará saber quiénes llevarán la representación del Estado, tanto los locales como los abogados que tendrá que contratar el Gobierno en el extranjero, así como informar al país de los resultados de cada etapa de la negociación. Está de más recordar, pero de todas formas hay que hacerlo, que por ninguna razón los negociadores de Panamá pueden ser los mismos que causaron el desastre que nos tiene en esta situación. Una vez más: es necesaria la transparencia en todo lo que se nos viene.

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Hace 3 años¿Qué oportunidades tiene Panamá frente a los arbitrajes que promueve la empresa minera tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato? Si nos remitimos a los hechos, las posibilidades parecen buenas, aunque costosas. Años atrás, cuando la minera le compró a Petaquilla los derechos para explotar la mina de cobre, debía saber que estaba pendiente de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra esa concesión y que la sentencia podía ser tanto a favor como en contra. Asumió el riesgo y acepó las consecuencias. El fallo fue en contra y el Gobierno, lejos de acatar el fallo, hizo otro contrato con los mismos vicios y probablemente más. La empresa y sus abogados debían saber que estaban frente a un contrato que adolecía de los mismos vicios que el primero. Lo maquillaron, pero siguió siendo una burla a la Constitución. Y eso también lo sabía el Gobierno, porque fue advertido a tiempo por el procurador de la Administración. Entonces, ¿debe Panamá pagarle a la minera cuando se instaló en Donoso, a su cuenta y riesgo? ¿Acaso la minera ignoraba que el contrato firmado este año era gemelo de aquel pactado en 1997? La respuesta a ambas preguntas es sencillamente no.

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Hace 3 añosLos docentes en huelga alegan que se sentarán a dialogar con las autoridades educativas, pero desde ya han puesto condiciones que son inclaudicables: si el Meduca quiere que regresen a las aulas el próximo lunes, debe pagar el salario a todos aquellos que no laboraron el pasado mes y olvidarse de reponer clases en el mes de enero. Si eso es lo que exigen desde ya, entonces, ¿de qué van a hablar en la pretendida mesa de “diálogo” con el Meduca? ¿Sobre el clima o sobre la próxima partida de dominó? Los docentes fueron advertidos desde la semana pasada de que si no volvían a clases se les descontaría el salario, pero, acostumbrados a hacer lo que les da la gana, no prestaron atención, al menos sus dirigentes. Son una vergüenza, porque lejos de reponer lo que no trabajaron, quieren asegurar que nadie les fastidie sus vacaciones de verano, además del pago por el mes de huelga.

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Redacción de La PrensaHace 3 añosTras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero –en el que halló 25 violaciones a la Constitución– todos esperábamos no solo la renuncia de uno de los responsables de ese entuerto, sino de todos los involucrados. Pero no ocurrió así. Es evidente que el presidente sigue sin entender el problema que tiene entre manos o no está en capacidad de hacerlo. Él necesitará un equipo de expertos, especialistas y competentes profesionales para negociar el cierre ordenado de la mina. Tampoco lo entendió el ministro que renunció. No es afán de victoria, sino de poner en estos puestos a gente con pericia en este tipo de crisis.

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Hace 3 añosNada de lo que hace este Gobierno parece obedecer a la lógica, ni siquiera al sentido común. Este mes, marcado por serios problemas económicos, financieros, políticos e interminables cierres de calles –en los que la Policía Nacional jugó un rol que fue menos que el de una estatua de piedra– el Gobierno ha autorizado aumentos salariales para casi 6 mil 500 agentes de este cuerpo. Se trata de ascensos que incluyen casi mil 500 oficiales, desde comisionados hasta tenientes. La seguridad no es que haya mejorado mucho, porque seguimos teniendo los problemas de siempre, pero la oficialidad de la Policía, responsable de las políticas de seguridad ciudadana, es premiada con aumentos inmerecidos. Lo peor es que se harán cuando estamos endeudados como nunca, y justo cuando estamos a punto de perder la calificación por el desorden fiscal que reina en este Gobierno. No hay dinero para aumentar a los pensionados ni para medicinas ni para escuelas, pero sí hay para jubilaciones especiales por encima de $5 mil y $6 mil al mes. El Gobierno vive en el mundo de lo descabellado. Nos gobierna una recua sin brújula ni objetivos. Solo están sentados disfrutando de lo absurdo.

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Hace 3 añosLas historias que cuentan los habitantes de Chiriquí, que viven un secuestro desde hace más de un mes, son angustiantes. Algunos bloqueos los controla gente de fuera, que no son de esa provincia, y hasta cobran –y castigan al que no paga– por transitar por los bloqueos. Los que viven en el occidente del país viven sin sosiego, estresados porque no tienen gas para cocinar ni combustible ni transporte ni a dónde ir. Sufren el total abandono del Gobierno y el abuso de quienes impiden el libre tránsito. En medio de lo que parecen ser bloqueos pagados, escasean los víveres: no hay pan ni carnes; sobran las verduras, las hortalizas y los vegetales, al punto de que se dañan, pues la producción es mucho mayor que la demanda; la gasolina la compran desde $17 hasta $35 el galón; y para conseguir algo, hay que hacer cola, con tiempos de espera de 8 y 10 horas, como las de Cuba o Venezuela y a precios exorbitantes. La situación es peor que cuando se cerró el país por la pandemia y por eso muchos empresarios luchan contra la quiebra.

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Redacción de La PrensaHace 3 añosPráctica aborrecible en democracia es creer que los esposos, esposas, hermanos, hijos, sobrinos madres y padres de un funcionario deben heredar los cargos públicos. En Panamá, cuando un político llega al poder, lo primero que hace es emplanillar a su familia; luego pide plata –regalada y del Estado– para que el que no tiene edad para desempeñar un cargo, se eduque cómodamente en universidades extranjeras de primer mundo y luego regrese a ocupar el cargo del padre o del tío o hasta el de su padrino. Sin importar si sirven o no para la administración pública –cosa que para ellos es de absoluta irrelevancia– algunos políticos rancios y desfasados suelen ir a elecciones acompañados de personas de su más cercano círculo familiar. Lo hacen porque no confían en nadie o por el simple hecho de que, habiendo sido tan fácil robar, no hay porqué negarle el privilegio a la parentela. Son clanes familiares, convertidos en castas, que pretenden ser los representantes de ese ripio de las antiguas monarquías, en las que los nuevos protagonistas se creen con el derecho de heredar, no el título nobiliario, sino el cargo gubernamental. Y todo, con la anuencia del votante, que se presta para la ignominia.

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