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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 2 añosDurante las últimas cinco elecciones, el Tribunal Electoral ha promovido la firma, entre partidos políticos y candidatos de libre postulación, del Pacto Ético Electoral, una iniciativa que intenta promover elecciones libres y la pureza del voto, rechazando cualquier forma de corrupción. Lo importante de este pacto no es solo su firma, sino el compromiso que se adquiere, que debería ser el norte de las campañas electorales. Sin embargo, en el pasado, a pesar de haberse pactado el respeto a las elecciones, numerosos candidatos –de forma anónima– promueven campañas sucias y de difamación; corrompen a los votantes comprando sus votos o establecen call centers con fines aviesos. En fin, bajo la mesa, hacen todo lo contrario a lo que se comprometieron públicamente en el Pacto Ético. Esperamos que en esta ocasión haya un compromiso serio, porque el país necesita líderes comprometidos, que cumplan su palabra y que sean capaces de rechazar esas aborrecibles prácticas que atentan contra la pureza de las elecciones. Es un reto que no es difícil cumplir si se es una persona de principios. Y Panamá necesita gobernantes ajenos a la corrupción, porque, como vamos, terminaremos en un Estado fallido.

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Hace 2 añosEl hecho de que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) –una compañía que pertenece al Estado panameño– haya violado durante años la Ley de Transparencia no es excusa para perpetuar lo que a todas luces es una tapadera de situaciones que en diciembre pasado hicieron crisis cuando se detectó que tiene dos formas de brindar la información de su planilla: una que contiene el monto de los salarios, sin mencionar los nombres de los asalariados, y otra en la que solo aparece el nombre de los beneficiarios, pero no el monto del respectivo salario. Es una forma burda de violar la Ley de Transparencia, y no porque lo haga impunemente se justifica mantener ese esquema que no es más que la forma en que Etesa se burla de la ley. Lo que tiene que hacer su gerente es cumplir, sin excusas ni demoras, lo que ordena la Ley. En tanto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tiene que ser enérgica y sancionar severamente a todo funcionario que viole la Ley de Transparencia, una práctica que lamentablemente ha tomado demasiado cuerpo en la presente Administración.

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Hace 2 añosMientras suben las muertes por covid-19 y se reporta un aumento de casos de dengue en las últimas semanas, el ministro de Salud le dice a los ciudadanos que “vayan a carnavalear, tranquilos” que no está en sus planes la suspensión de las fiestas populares que se celebrarán del 10 al 13 de febrero próximo. Sumado a ello, el Gobierno se muestra vacilante en la compra de la vacuna contra el dengue alegando que todavía no se tiene certeza de su eficacia y aún no se sabe cuándo llegará la nueva vacuna las variantes de la covid-19. Si bien para tomar decisiones de este tipo se tiene que tener suficiente evidencia científica, no es menos cierto que se mandan mensajes contradictorios, especialmente porque el propio Ministerio de Salud ha pedido a la población cumplir los normas sanitarias y vacunarse. Por supuesto que los ciudadanos tienen una cuota importante de responsabilidad. Es inaudito que, habiendo visto cómo se detuvo el avance en todo el mundo de la pandemia gracias a las vacunas, todavía haya incrédulos que le den más crédito a las teorías de conspiración que, además, son fáciles de desmentir. La salud no es un asunto de cálculo político ni de teorías de conspiración. Seamos responsables todos.

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Hace 2 añosEsta semana se llevó a cabo una operación policial que implicó planificación, coordinación y una exhaustiva investigación. Como resultado, se realizaron decenas de allanamientos, arrestos y se decomisaron grandes sumas de dinero en efectivo, así como bienes e inmuebles pertenecientes a los presuntos integrantes de una red criminal. Justamente, para abordar situaciones como esta es necesaria la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, ya que constituye un instrumento eficaz para privar a dichas bandas del poder económico derivado de sus actividades. Sin embargo, los diputados se resisten a aprobar la implementación de esta herramienta legal, la cual evitaría que los delincuentes recuperen los beneficios de sus actividades ilícitas. La irresponsabilidad de los diputados, o su posible complicidad, es inaudita y merece nuestra máxima censura, ya que en gran medida son ellos quienes, debido a su reticencia, permiten la existencia de estas pandillas. No comprenden que en algún momento podríamos enfrentar una situación similar a la de Ecuador, donde la criminalidad ha tomado el control de una parte significativa del país. La sociedad panameña debe ser más exigente con sus diputaos, ya que es inaceptable tanta indiferencia... o complicidad.

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Hace 2 añosOdebrecht ha logrado que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas revoque la decisión del aeropuerto internacional de Tocumen de dar por terminado el contrato con esa empresa para la construcción de la terminal 2 e inhabilitarla para participar en otras licitaciones con el Estado. La decisión del mencionado tribunal fue tomada, pese a que solo basta con visitar esa terminal para darse cuenta de que la empresa brasileña ha ofrecido la entrega de una obra inconclusa, con múltiples defectos que lleva años sin corregir. Son mil millones de dólares de inversión, por lo que son injustificables estos atrasos, sin contar la forma en que Odebrecht obtuvo estos y la mayoría de sus contratos con el Estado panameño: valorando ficticiamente las obras para luego quedarse con parte del dinero de esos contratos y, al mismo tiempo, pagar las coimas a los funcionarios que hoy enfrentan un juicio. Pero, además, Odebrecht incumple con el pago de una multa –de $200 millones– que le fue impuesta por su conducta delictiva en la obtención de los contratos en Panamá. Todo esto nos hace preguntarnos las razones para que Odebrecht siga intentando participar en licitaciones en Panamá, cuando claramente no puede honrar sus compromisos ni entregar completas sus obras.

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Hace 2 añosLo que parecen ser graves omisiones del Ministerio de Ambiente (Miambiente) en las inspecciones que regularmente debía hacer a las actividades de la mina de cobre en Donoso, así como investigar las denuncias de los habitantes que residen en las inmediaciones de la concesión son preocupantes. Este medio solicitó los informes de inspección de Miambiente de 2022 y 2023, pero la institución no los entregó. Tampoco pudo justificar ante la Corte Suprema porqué no los tenía. La conclusión a la que se puede llegar es que no pudo justificarlo porque son inexistentes o porque –lo cual sería mucho peor– lo que se dice en ellos sería suficiente para haber detenido las negociaciones de un nuevo contrato con la minera. De cualquier forma, la ausencia de estos informes es suficiente para que el titular de Miambiente renuncie o que el presidente de la República lo despida, pues este funcionario –por negligencia– no puede seguir al frente de un ministerio que negocia el cierre de la mina. El problema de los funcionarios es su manifiesta incapacidad de darse cuenta de su negligencia, pues seguramente, ni siquiera están conscientes de esta. Pero lo que se impone –por una u otra vía– es nombrar a un nuevo ministro... y cuanto antes.

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Hace 3 añosEl ministro del Canal ha señalado que si los habitantes de río Indio se oponen, no se hará un embalse, a pesar de ser una necesidad de la vía acuática, que el año pasado y el presente sufre problemas con el calado por la falta de agua, tras una temporada seca que se extendió notablemente y que este año podría ser peor. Lo cierto es que muchas de esas comunidades han sido abandonadas por todos los gobiernos y ahora se les pediría un sacrificio más a sus habitantes para trasladarlos si río Indio se constituye en una alternativa viable y costeable para almacenar sus aguas para el Canal. El propio ministro reconoce que aún falta por convencer a los pobladores, tarea que, por lo visto, está atrasada. De acuerdo con estudios no tan recientes, un embalse con las aguas de río Indio puede costar unos $2 mil millones, incluyendo indemnizaciones, y es, aparentemente, la alternativa más viable desde el punto de vista económico. El ministro se ha adelantado a los hechos, ya que, siendo una necesidad nacional, cualquier gobierno –y no este, porque nunca toma decisiones – tendrá que analizar la idea de una expropiación en beneficio de todo el país, respetando los derechos de sus habitantes.

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Hace 3 añosUn aniversario más del Día de los Mártires, pero en circunstancias que, lejos de enorgullecerlos, les habrían causado vergüenza. El Canal es nuestro, después de décadas de luchas incansables del pueblo panameño y de varios gobiernos, pero ¿para qué? Tenemos un gobierno que su inacción está causando graves perjuicios a nuestro mayor patrimonio y símbolo de nuestra identidad histórica. ¿Es que recuperamos el Canal para verlo perder competitividad, confianza y clientes, porque la administración Cortizo no tiene valor para afrontar sus problemas actuales? Tenemos un Canal que necesita agua para sus operaciones, pero cada decisión del Gobierno obedece a cálculos electoreros. En vez de medir las consecuencias de su inacción, miden siempre el costo político. Pero los mártires no perdieron la vida por cálculos electorales, ofrendaron sus vidas para que el Canal fuera de beneficio a cada panameño, no de un partido que prefiere que Canal pierda su posición en el comercio mundial que perder las elecciones. Así de miserable es el pensamiento de estos políticos, a quienes parece importarles muy poco la muerte de 22 personas y los cientos de heridos de aquél 9 de enero de 1964. Con cobardía no se honra la memoria de nuestros mártires.

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Hace 3 añosLa ineficacia en la aplicación de leyes por parte de las autoridades ambientales, obstaculiza la implementación efectiva de medidas para la mitigación de posibles daños al medio ambiente. Esta deficiencia se evidencia en la incapacidad de imponer multas efectivas que deberían servir como disuasivos contra el incumplimiento de regulaciones. Surge una interrogante crucial: ¿quién asume la responsabilidad por los 12 millones de dólares que debieron ingresar al Tesoro como resultado de las multas impuestas a Minera Panamá?

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Hace 3 añosAl hacer un balance de la gestión de los diputados, el resultado es terriblemente negativo. Aprobaron sin consideración y a última hora cambios en el Código Electoral, el contrato-ley con la minera y una ley que limitó las funciones de la Contraloría, otorgándole poder absoluto al contralor. También respaldaron leyes que despojan al Estado de impuestos, necesarios ahora más que nunca, así como aumentos salariales, entre otros. Todo esto ha sido en detrimento del Estado y su patrimonio, y lo han llevado a cabo en contra de la voluntad popular. En contraste, las prometidas y cacareadas reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional están durmiendo el sueño eterno desde 2019. Ha habido discusiones, aportes y reuniones, pero también engaños, ya que los diputados mantienen sus privilegios. No están dispuestos a renunciar a ellos, razón por la cual nunca se han aprobado y es poco probable que se aprueben, al menos en los próximos meses, ya que su prioridad hoy en día es buscar la reelección. Lo mismo sucedió con la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos: viajes, reuniones, opiniones y todo eso, ¿para qué? Jamás se aprobó nada. Sencillamente, no van a meterse un tiro en el propio pie. En la Asamblea no prevalece la moral, sino la desfachatez, el juego vivo y el poco importa con los demás.

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