TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 3 añosNo son pocas las explicaciones que le deben el presidente y el vicepresidente de la República a la población sobre la denominada “Caja 2″ de las campañas primaria y presidencial de 2018 y 2019, respectivamente, en la que hay indicios de situaciones que merecen, al menos, una investigación. Igualmente, es tan preocupante como alarmante el hecho de que un socio del vicepresidente tenga a un allegado al que una indeseada minera le paga o le pagó una estrafalaria cantidad de dinero al mes, a cambio de servicios sin trascendencia. El vicepresidente eludió responder sobre su participación y la de una de sus sociedades en la “Caja 2″ de la campaña del PRD o sobre sus excompañeros de la mina de Petaquilla; sobre las triangulaciones de fondos y las donaciones que habría recibido y depositado en cuentas de sus empresas, y sobre la participación de su socio en un esquema para enmascarar donaciones de una cuestionada empresa que, a la sazón, es de las favoritas del Ministerio de Obras Públicas. Tampoco ha respondido sobre el misterioso contrato de Cerro Quema. ¿Alguna vez se molestará en dar esas explicaciones? ¿Cómo saber si en las campañas de 2023 y 2024 no ha hecho lo mismo? Por mucho menos, la Fiscalía Electoral tendría que haber iniciado una investigación. En cambio, prefiere cruzarse de brazos, como siempre.
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Hace 3 añosComo se esperaba, el caso Blue Apple –en el que varios ministros del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) recibieron coimas, según un fallo conocido el pasado lunes– no es ninguna persecución política. Si hubo persecución es la que entablaron esos acusados contra los medios cuando estos exponían sus casos ante la opinión pública.
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Hace 3 añosChiriquí, Bocas del Toro y parte de la provincia de Veraguas siguen aisladas, con bloqueos en la carretera Interamericana, liderados por grupos de las comarcas, gremios docentes, sindicatos y los oportunistas de rigor, que nunca faltan. Y en esto hay factores que despiertan suspicacias: por un lado, estos grupos siguen en las calles sin que nadie les fastidie su protesta y, por el otro, la Policía Nacional contempla estas provocaciones, sin inmutarse.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosEn casi todas las alianzas políticas que irán a las urnas el próximo año hay exfuncionarios impresentables que hacen que el electorado dude en serio de las intenciones de los líderes de los partidos políticos, que hablan de cambios y de un mejor país. ¿Cómo se pueden esperar reformas que enrumben el país por senderos de honestidad e institucionalidad con oferta tan pobre? No podemos esperar tales cambios con esos mismos que han conducido el país hasta donde estamos ¿Es que creen que con los involucrados en escándalos de corrupción se pueden hacer las reformas que se necesitan para hacer de este un país decente? Su lógica es un completo absurdo y nos dice que están dispuestos a aceptar lo peor de la política con tal de ganar. No les importan los medios si consiguen el fin. Sus acciones contradicen su discurso; sus futuros funcionarios nos dicen que nada cambiará y sus palabras esconden mentiras y el odiado clientelismo de siempre. Una vez más, los panameños estaremos obligados a escoger personas que dirigirán el Estado de una oferta electoral en la que no hay mejores, sino malos. O sea, que tendremos que elegir a los menos malos. ¡Qué decepción!
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Hace 3 añosLos diputados no pueden ser más inoportunos. Hace apenas unos días, el país vio marchar por calles y autopistas de todo el país a cientos de personas que rechazan la minería, pues para nadie es un secreto que la mayoría de los panameños (especialmente en las generaciones más jóvenes) tiene conciencia de la importancia del ambiente y la naturaleza en nuestra cultura. Los panameños somos fervientes defensores de nuestros ríos, mares y humedales, del aire y de las selvas, de nuestro oro verde. Pero los diputados son incapaces de entenderlo, ya que dos de ellos han presentado anteproyectos de ley que ponen en riesgo, por un lado, parte de la superficie terrestre de un área protegida aquí mismo en la capital: el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. Y, por el otro, buscan el desarrollo de la pesca a escala en aguas de esta misma área protegida, cuando lo único permitido ahora es la pesca artesanal. Lo que pretenden es alterar los límites del área protegida, que incluye manglares, necesarios para hacer frente al cambio climático, refugio de especies marinas y que sirven para amortiguar en las costas huracanes y tormentas. Es obvio que no han entendido nada. Siempre buscan el camino fácil, no el más creativo, atizando la animosidad en su contra.
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Hace 3 añosMientras la Policía Nacional intenta despejar la Interamericana –escenario de cierres que por semanas mantuvieron aisladas a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro– cabe preguntarse sobre las consecuencias de estos bloqueos, los que incluso han ocasionado muertes. Las pérdidas económicas han sido cuantiosas y también hay consecuencias para la juventud, privada de recibir clases tras una prolongada pandemia que la dejó meses confinada en casa, o para los pacientes de enfermedades crónicas que perdieron citas, tratamientos y medicinas. También para los productores –grandes, medianos y pequeños– que perdieron cosechas, dinero y tiempo invertido, y para el comercio, que apenas se recupera de los efectos del cierre por la pandemia. La dirigencia de los grupos de presión en estos últimos días, pese a haber logrado victorias importantes, como la moratoria minera y que se hayan presentado demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, han sido poco responsables en sus últimas convocatorias. Incluso, han atacado a periodistas y medios, sencillamente porque no quieren que se sepan las consecuencias de su obcecación. No reconocen una victoria ni sintiéndola ni explicándosela.
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Hace 3 años¿Quién se hace responsable de las pérdidas de las cosechas, de la leche, de las clases, de las citas médicas, de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y/o letales, de medicinas, de empleos y hasta de empresas? ¿Quién es el responsable de que se pierdan vidas en los tranques, cierres de vías u hospitales por falta de insumos? ¿Quién se hace responsable de la anarquía y el caos que aún reina en el occidente del país; de la pérdida de decenas de millones en el comercio local e internacional? Si la Policía Nacional no puede con la tarea de “proteger y servir”, entonces, ¿por qué sigue operando esa institución? ¿Es que acaso solo sirve para prender la sirena y darle paso a funcionarios incompetentes, incapaces de asumir y cumplir con las funciones que les exige la ley? La responsabilidad de las muertes, los actos vandálicos y las violaciones a la libre circulación deberían ser atribuidas a los personeros del Gobierno encargados de la seguridad nacional, sin olvidar al presidente de la República, que parece que todavía vive en una burbuja y no se entera de nada. Su delfín se ha perdido de los actos en los que antes, micrófono en mano, decía que hablaba el próximo presidente de la República, y los ministros están tan ausentes como su jefe. Nunca antes el país había estado en manos de gente tan inepta.
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Hace 3 añosLas evidencias de la negligencia en las negociaciones con la minera Cobre Panamá siguen acumulándose, tras conocerse las respuestas que emitió –por consultas hechas por el propio Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)– el procurador general de la Administración. Este funcionario advirtió al MICI cuáles fueron los errores cometidos con la concesión minera de 1997 –y que la Corte Suprema anuló en 2017– y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato, como obviar la licitación pública, pero sus advertencias fueron ignoradas olímpicamente. Los dos ministros que ocuparon la jefatura del MICI pretendieron que sus consultas no se divulgaran, algo que, de haberse hecho, probablemente no estaríamos en el problema que hoy enfrentamos. A sabiendas, el MICI y los negociadores cometieron los mismos errores deliberadamente. Ignorar las causas de la anulación del contrato anterior tampoco es buena excusa para la minera, pues, sin duda, debió saber que firmaba un contrato con los mismos vicios. Los ministros –y el resto de los involucrados– deberían ser acusados legalmente por la desidia en el desempeño de sus funciones. Sus intenciones jamás reflejaron los mejores intereses del país.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosLa intolerancia, alimentada por el hartazgo ciudadano, dejó ayer dos víctimas, mientras la delincuencia común asesinó a un representante de corregimiento. Desde hace días, los medios hemos alertado sobre la situación que se está dando con los bloqueos, pero las autoridades parecen decididas a cruzarse de brazos al tiempo que manifestantes y afectados se enfrentan en las calles. Es una actitud negligente de las autoridades, porque, con una oportuna intervención, dos familias no estarían hoy sufriendo estas pérdidas ni habría estos crecientes incidentes que ponen a prueba la frágil paciencia de ciudadanos cansados por los bloqueos y las pérdidas de todo tipo que llevan sufriendo desde hace semanas. Es necesario que la Policía restaure el orden y prevenga estos enfrentamientos, mientras la autoridad castiga al culpable de esas muertes. En cuanto al asesinato cometido por sicarios, se amerita una investigación a los niveles más especializados para que de una vez por todas dejemos de creer que la penetración de narcotráfico en la política panameña es una simple la leyenda urbana.
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Hace 3 añosEl bloqueo de la carretera Interamericana, que tiene aislada a gran parte de la población del occidente del país ,debe cesar de inmediato. Las autoridades estan obligadas a restaurar el orden para garantizar a dicha población el pleno goce de sus derechos fundamentales inmediatamente. De lo contrario, las consecuencias podrían resultar en una mayor crisis, incluso sanitaria, ya que en algunos poblados ni siquiera se puede recoger la basura por la falta de combustible. Es evidente que los grupos que mantienen estos cierres no responden a los mejores intereses de los habitantes de esas provincias, por lo que queda preguntarse entonces: ¿A los de quién responden? Por las mismas razones, los maestros y profesores deben volver a impartir clases de forma regular. Si de veras quieren que esta sea una patria próspera deben dejar de sacrificar la educación de los jóvenes panameños que ya suficientes rezagos tiene. La pérdida de clases jamás puede ser el daño colateral de un reclamo ciudadano, por muy legítimo que este sea. Permitirlo sería el legado más infame que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y los mismos educadores pudiesen dejar.

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