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¿Qué oportunidades tiene Panamá frente a los arbitrajes que promueve la empresa minera tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato? Si nos remitimos a los hechos, las posibilidades parecen buenas, aunque costosas. Años atrás, cuando la minera le compró a Petaquilla los derechos para explotar la mina de cobre, debía saber que estaba pendiente de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra esa concesión y que la sentencia podía ser tanto a favor como en contra. Asumió el riesgo y acepó las consecuencias. El fallo fue en contra y el Gobierno, lejos de acatar el fallo, hizo otro contrato con los mismos vicios y probablemente más. La empresa y sus abogados debían saber que estaban frente a un contrato que adolecía de los mismos vicios que el primero. Lo maquillaron, pero siguió siendo una burla a la Constitución. Y eso también lo sabía el Gobierno, porque fue advertido a tiempo por el procurador de la Administración. Entonces, ¿debe Panamá pagarle a la minera cuando se instaló en Donoso, a su cuenta y riesgo? ¿Acaso la minera ignoraba que el contrato firmado este año era gemelo de aquel pactado en 1997? La respuesta a ambas preguntas es sencillamente no.

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