TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 2 añosEl convicto expresidente asilado en la Embajada de Nicaragua no pretende, por lo visto, respetar las reglas del asilo, pues desde esta legación –considerada, bajo las leyes internacionales, territorio nicaragüense– está haciendo campaña electoral y comentarios de corte político, pese a que le está prohibido hacerlo. Lo hace, además, sin que intervengan los diplomáticos nicaragüenses que deberían hacer cumplir las normas del asilo que su país le ha concedido a un delincuente condenado por lavado de activos. El pasado 9 de febrero, en un comunicado de la Cancillería panameña, en el que se da a conocer la negación de petición de salvoconducto para que el condenado abandonara el país, se advirtió que “toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”. Y, dado que el expresidente y el régimen de Managua hacen caso omiso a la advertencia, Panamá debe responder enérgicamente a lo que evidentemente es una burla, tanto del lavador de dinero como del país que le concedió este inmerecido asilo político.
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Hace 2 añosComo si las cosas que están pasando no fueran suficientes, ahora los usuarios del sistema de transporte masivo del Metro Bus enfrentan lo que posiblemente sea la consecuencia de asuntos en los que no tienen culpa, pero que, inevitablemente, pagan las consecuencias. Los problemas administrativos y financieros –uno consecuencia del otro– se traducen en una flota que está trabajando al mínimo, ya que no hay dinero para refacciones, aunque se supone que el Gobierno debe dotar al sistema de fondos para darle mantenimiento a estos buses y que la mayor parte de ellos presten el servicio. Esto trae como consecuencia que el sistema pierda eficacia para cumplir sus horarios y la periodicidad del servicio, con lo cual, miles de usuarios de ven afectados diariamente. Esta administración es responsable de que nuevamente el sistema de transporte masivo sea una calamidad para los usuarios. Es imperdonable que este gobierno haya llevado a la inoperancia una flota de buses que nos ha costado millones de dólares; que los usuarios no reciban el servicio y que no haya una solución en este momento. Pero en lo que sí gasta este gobierno es en la campaña de reelección, en vez de cumplir sus obligaciones con estos usuarios.
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Hace 2 añosLa incertidumbre política que actualmente afecta al país se origina en la prolongada saga judicial vinculada al caso New Business, cuyo principal protagonista fue Ricardo Martinelli. Esta tragicomedia judicial, de la cual fuimos todos testigos durante ocho años, estuvo marcada no solo por abusos procesales y excesivos recursos dilatorios presentados por su equipo legal, sino también por el rol que desempeñó el propio Tribunal Electoral (TE). No solo hubo retrasos injustificados en los procesos de levantamiento del fuero penal electoral del ahora condenado expresidente, sino que el TE llegó a reconocer la existencia de un principio de especialidad que ya había sido invalidado por múltiples instancias judiciales y diplomáticas, decisión que posteriormente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. A escasos meses de las elecciones y días antes del primer debate presidencial, nos enfrentamos nuevamente a una disyuntiva generada por el TE. Es imperativo reflexionar sobre el papel de las instituciones en la construcción de un proceso electoral transparente y justo, y exigir que se evite, a toda costa, que la incertidumbre continúe socavando la estabilidad política del país.
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Hace 2 añosEn medio de la efervescencia carnavalesca, tres candidatos presidenciales dirigieron su atención hacia las comarcas, cambiando las festividades callejeras por las montañas y las realidades de estas comunidades olvidadas. Son áreas históricamente relegadas, con el atractivo político reflejado en el crecimiento del padrón electoral que muestra un aumento poblacional significativo, evidentemente atractivo para los candidatos, pero la realidad subyacente es la persistencia de la pobreza. La repentina atención de los candidatos resalta la desconexión crónica entre promesas electorales y acciones concretas. A pesar de las palabras bien articuladas a lo largo de los años en diversas campañas, las comarcas continúan cerrando calles y carreteras para exigir atención a sus necesidades básicas: carreteras, potabilizadoras, escuelas y centros de salud. Sin embargo, el clamor constante de las comarcas requiere una estrategia de desarrollo integral y duradero. La inclusión genuina en el desarrollo del país no puede limitarse a épocas electorales ni a obras de infraestructura pública; debe convertirse en un compromiso constante y efectivo que transforme las palabras en acciones concretas. Es hora de dejar atrás la retórica vacía y abordar de manera integral las necesidades de estas comunidades marginadas, construyendo un país donde nadie se quede relegado.
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Hace 2 añosComo si esta vergonzosa historia necesitara más capítulos, el Tribunal Electoral (TE) ha anunciado que José Raúl Mulino ocupará el lugar de Ricardo Martinelli en los debates presidenciales. Este cambio es consecuencia de la retorcida situación en la que se encuentra Martinelli, atrincherado en la embajada de Nicaragua y condenado a más de diez años de prisión por lavado de dinero. Si Nicaragua le ha concedido asilo, mientras Panamá le niega, por obvias razones, el salvoconducto para refugiarse en ese país, el TE no puede ni debe, por acción u omisión, apadrinar las verdaderas intenciones de Martinelli de navegar en dos aguas: la política desde una embajada extranjera o desde el asilo, y la flagrante evasión de su condena. Si es un hecho público y notorio que Martinelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, también lo es que Martinelli no cumple con los requisitos para ser candidato porque está condenado por más de 10 años de prisión. Reconocer su condición de candidato, por no haberlo inhabilitado todavía, e invitar a su aspirante a la vicepresidencia a un debate en el que participarán los demás candidatos presidenciales no es solo incoherencia sino también complicidad. Lo actuado por el TE plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral y la aplicación de la justicia en nuestro país.
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Hace 2 añosLa intención de los municipios al solicitar que les sean asignados más fondos de la descentralización es moralmente reprensible y desafiante para la integridad pública. Ya no es ningún secreto, pese a los intentos por negarlo, que los fondos destinados para este propósito, en muchas ocasiones, son desviados hacia las juntas comunales afines al gobierno. En tal sentido, lo que los alcaldes pretenden ahora, más allá de la inmoralidad intrínseca, constituye una afrenta a la esencia misma de la descentralización, cuya finalidad es otorgar a las comunidades oportunidades financieras que propendan hacia una mejor calidad de vida. Es inconcebible que, a pesar de las disposiciones legales que regulan el proceso descentralizador, estos recursos sean subyugados con propósitos políticos en detrimento de las necesidades más apremiantes de la población. De conceder esta petición se estaría, una vez más, menospreciando a quienes han sido testigos de cómo dichos recursos han beneficiado más a los propios alcaldes, representantes y diputados que a las comunidades que representan. Urge que, de una vez por todas, la Autoridad Nacional de la Descentralización juegue su rol y asegure que la descentralización cumpla con su auténtico propósito: mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan.
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Hace 2 añosLas implicaciones que habría tenido para Panamá que el Gobierno le concediera el salvoconducto que solicitó el régimen de Managua para trasladar al expresidente Ricardo Martinelli a Nicaragua en calidad de asilado político hubiesen sido tremendamente perjudiciales. Pero el Gobierno ha actuado de manera sensata al negarse a conceder el salvoconducto, porque este señor fue condenado por un delito común y por un tribunal ordinario, por lo que su condición de asilado político es inaceptable. Tal petición no podía ser aceptada en razón de la misma convención que fue citada para solicitar el asilo. La Cancillería ha sido muy clara en advertir que cualquier acción del expresidente que repercuta en la política nacional generará consecuencias diplomáticas. Panamá no está obligada a concederle nada, salvo una celda en donde pasar los próximos diez años de su vida. Ha sido una decisión justificada, basada en la ley, y ahora el convicto debe entregarse a la autoridad local, a fin de que cumpla su condena, porque este no ha sido más que otros de sus ardides para escaparse y vivir bajo el manto de la impunidad en un país donde se han ido a refugiar malhechores como él. Su alternativa es quedarse en la sede diplomática, pero ninguno de los días que permanezca allí será descontado de su condena. Él escoge.
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Hace 2 añosEl Gobierno de Laurentino Cortizo sigue sin pronunciarse sobre el asilo político concedido por el régimen de Daniel Ortega a un expresidente panameño hallado culpable de lavado de activos tras un largo proceso judicial que empezó en 2017. Si el Gobierno actual concede el salvoconducto que ha pedido o que pretende pedir el gobierno extranjero para que el convicto viaje a Nicaragua, tácitamente estaría reconociendo que este sujeto es un perseguido político, discurso inadmisible, porque todos fuimos testigos –durante la transmisión en vivo por televisión del juicio– no solo que se le respetaron todas sus garantías, sino de cómo el Ministerio Público probó el dolo en la compra de los medios que este exfuncionario ha controlado desde hace años. Pero, además, si le concede el salvoconducto, se estaría echando por la borda el trabajo de decenas de personas que arduamente contribuyeron en la formulación de un caso de corrupción, esfuerzos coronados con la condena del sujeto y sus cómplices. Finalmente, el mensaje que recibiría la delincuencia enquistada en el Gobierno sería que, sin importar sus delitos, les queda un as bajo la manga: pedir asilo y obtener del gobierno de turno un boleto a la impunidad. Y eso es inaceptable.
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Hace 2 añosRicardo Martinelli, condenado por lavado de dinero, buscó refugio en la Embajada de Nicaragua en Panamá ante la inminente captura para cumplir su condena de 10 años de prisión. El gobierno de Nicaragua ha comunicado que le otorgó asilo político, a pesar de que su condena se debe a actos delictivos que perjudican el patrimonio del Estado, y no a razones políticas. El Gobierno Nacional, como custodio de ese patrimonio, debe oponerse firmemente a permitir que este delincuente abandone el país para vivir libremente, teniendo aún cuentas pendientes con la justicia local.Martinelli eligió cuidadosamente a su anfitrión: un régimen liderado por un autócrata y su esposa. Este régimen, por razones desconocidas, lo ha acogido en su territorio. Ha hecho lo mismo con numerosos políticos prófugos de la justicia, incluidos narcotraficantes y lavadores de dinero, como es el caso de Martinelli. Este acto de extrema cobardía demuestra su disposición a abandonar todo para salvarse a sí mismo. Su objetivo al buscar la Presidencia siempre fue eludir la justicia, manipulándola a su favor.Es imperativo que el Gobierno actúe con determinación y no se convierta en cómplice de las maniobras cobardes de este flagrante delincuente.
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Hace 2 añosLos diputados actuales están en serios problemas para lograr su reelección. Pero todo es su culpa, ya que la mayoría, en especial los de la alianza oficialista –apoyados en muchos casos por la supuesta oposición de otros partidos políticos– han enviado claros e inequívocos mensajes de que sus intereses personales y partidistas están muy por encima de los intereses de sus votantes. Desde aprobar la creación de corregimientos y leyes electorales a su medida, el vergonzoso contrato minero, los incentivos fiscales al turismo que no son más que pagos de favores; la descentralización paralela de la que también se benefician, hasta la escandalosa forma en que se apoderaron de bonos y vales digitales; los auxilios económicos y la corrupción rampante que reina en esa Asamblea, donde, una vez más, la mayoría no podría explicar su repentina riqueza. Los diputados esperaban que nadie se acordara de ellos, pero ahora son el foco de la atención ciudadana por el poder acumulado ante la ausencia de un presidente que se ha olvidado de sus funciones. Ahora estos diputados no pueden esperar que olvidemos el caos en el que han sumido el país, gracias a su codicia insaciable.

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